El cantante Julio Iglesias ha demandado a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, por acusarle de someter a sus trabajadoras a «abusos sexuales» y de tenerlas en una «situación de esclavitud».
En caso de no retirar esas afirmaciones, se querellará contra ella.
Así se desprende del escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que su letrado José Antonio Choclán insta a Díaz a «rectificar públicamente» el mensaje que publicó en su cuenta en la red social Bluesky.
También pide a la vicepresidenta que indemnice a Iglesias «en la cantidad que se establezca en función del grave daño social producido» por su «comportamiento injurioso y calumnioso».
Díaz, en concreto, compartió el pasado 13 de enero una noticia con el titular ‘Extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales’.
«Escalofriantes testimonios (…) Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente», añadió.
La representación del cantante indica que la vicepresidenta fue entrevistada al día siguiente en un programa de televisión en el que se debatía sobre la denuncia que varias extrabajadoras de Iglesias presentaron en su contra, y que no fue admitida al considerar la Fiscalía que no era competente para investigarla.
«CLAROS PREJUICIOS DE CULPABILIDAD»
Fue el pasado mes de enero, en concreto, cuando el Ministerio Fiscal publicó su decreto de archivo, en el que destacaba la «falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados».
Díaz, según recoge el escrito ahora presentado, afirmó que las trabajadoras «estaban en una posición de inferioridad extrema, extrema en tanto que seres humanos, extrema en tanto que trabajadoras de Julio Iglesias».
«La investigación que estamos conociendo estos días da terror, da pánico, se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres», aseveró.
El escrito incide en que «la demandada, alto cargo público del Estado, emitió a la opinión pública primero a través de una red social y, después, a través de un medio de televisión claros prejuicios de culpabilidad contra Iglesias, tales como que en su casa se cometían abusos sexuales, los trabajadores se encontraban en régimen de esclavitud y se vulneraban sistemáticamente los derechos fundamentales».
Lo que Iglesias quiere es que Díaz «se avenga a reconocer el carácter gravemente injurioso y calumnioso de las manifestaciones, que se ha producido un indebido juicio paralelo procedente de una autoridad pública extrajudicial, profiriendo afirmaciones injuriosas y calumniosas, que han lesionado el honor y la imagen y la reputación social» del cantante.
