La seguridad jurídica no suele quebrarse de forma abrupta; se desvanece cuando deja de ser previsible. Es en ese terreno incierto donde empiezan a instalarse, con cierta regularidad, algunas de las decisiones empresariales más relevantes del país.
A partir de ahí aparece la niebla: no como ausencia de información, sino como una forma de administrarla.
Lo ocurrido responde a ese patrón con una fidelidad casi didáctica.
Es una empresa estratégica —por su papel en la industria de defensa, en procesos tecnológicos sensibles y en sectores críticos—, pero lo que proyecta no es tanto la naturaleza de los cambios como la dificultad para fijar una lectura inequívoca.
No ayuda a disipar esa niebla la intervención de un Gobierno que no parece tener del todo definido cuál es su papel en las compañías en las que participa el Estado.
No faltan hechos. Falta encaje. Aparecen rodeados de interpretaciones, filtraciones e hipótesis que terminan por diluirlos. El problema no es solo lo que ha ocurrido, sino lo que no termina de explicarse.
¿De qué está hecha esa niebla?
De decisiones que se anuncian sin un contexto que las sostenga y se reinterpretan a medida que avanzan.
De equilibrios en los órganos de poder que no responden del todo a criterios reconocibles. De versiones que se suceden sin anularse, como si todas aspiraran a ser ciertas a la vez.
Y de silencios que no informan menos, sino de otra manera. No es falta de datos: es una forma de ordenarlos para que no terminen de decir lo mismo. Y en esa ambigüedad empieza a erosionarse —sin declararse— la seguridad jurídica.
No se han guardado las formas
Pero también está hecha de una forma de ejercer el poder que, cuando se consolida, tiende a colonizar los espacios donde puede hacerlo.
La intervención del Gobierno en las empresas no es nueva; lo que sí empieza a serlo es su grado de exposición. Cuando se detenta el poder, la tentación de extenderlo a los órganos de decisión corporativa es constante.
En ese contexto, las formas dejan de ser un detalle. No se han guardado al relevar a quien estaba llamado a consolidar un proyecto industrial de alcance nacional en el ámbito de la defensa.
Tampoco en la designación de su sustituto, procedente de un entorno corporativo en el que su autonomía acabó siendo percibida como un problema.
Su llegada activa equilibrios internos complejos, pero —al menos por ahora— con poderes que no terminan de ser plenamente ejecutivos.
Ni siquiera el desenlace ha sido limpio. Para cerrar la operación, han sido finalmente accionistas de referencia quienes han tenido que asumir un papel que no les correspondía ejercer en esos términos.
El caso de Indra no se produce en el vacío. Se inscribe en una secuencia que empieza a percibirse como algo más que episodios aislados.
Ahí está Telefónica, y otras decisiones recientes en las que la presencia del sector público ha sido lo suficientemente visible como para suscitar preguntas legítimas.
Seguridad jurídica
No se trata de cuestionar la legalidad de esas intervenciones, ni siquiera su eventual legitimidad. El Estado tiene instrumentos.
El problema es la reiteración, la forma y el contexto. Porque los mercados no reaccionan solo a los hechos, sino a los patrones que creen identificar.
En ese desplazamiento desde los hechos hacia las percepciones es donde emerge una cuestión menos visible, pero decisiva: la seguridad jurídica.
No como formulación normativa, sino como expectativa razonable. Cuando Ferrovial justificó su salida de España, apeló precisamente a eso: no a una quiebra formal del ordenamiento, sino a una erosión de su previsibilidad.
Y esa es una forma más sutil —y más difícil de revertir— de inseguridad jurídica: la que no siempre se declara, pero a veces basta con percibirla.
Y esa percepción no es inocua. Afecta a decisiones de inversión, a la posición internacional de las compañías y a su capacidad para competir en sectores especialmente sensibles, como el de la defensa.
Porque el papel que Indra pueda desempeñar dependerá, en buena medida, de lo que sea capaz de hacer —o de deshacer— en el corto plazo.
El Gobierno, en este contexto, no es un actor más. Es un actor visible. Y ahí reside una parte sustancial del problema. No tanto en su presencia, como en la dificultad para delimitar su ausencia.
Hay nieblas que se disipan solas. Y hay otras que persisten porque resultan útiles. Pero incluso esas tienen un límite. Porque la niebla, cuando se convierte en método, deja de ocultar lo que pasa para empezar a explicar lo que ocurre.
Y ahí es donde la seguridad jurídica deja de ser una garantía para convertirse en una incógnita. Y los mensajes, en economía, rara vez se interpretan dos veces.
Basta con que se perciban una.
