El inverosímil avance de un incendio de sexta generación hacia San Lorenzo de El Escorial —símbolo del poder de Felipe II, de la fe católica y del Imperio español del siglo XVI— hizo temer durante unas horas una tragedia de proporciones inenarrables.
Cada verano contemplamos las mismas imágenes: montañas envueltas en humo, vecinos obligados a abandonar sus casas y centenares de efectivos —UME, bomberos forestales y Guardia Civil— luchando contra un fuego que parece imposible de dominar.
Cambian los paisajes y los nombres de los pueblos, pero permanece la misma sensación de impotencia: algo se nos escapa de las manos.
La primera reacción consiste siempre en buscar al culpable. Se habla del pirómano, de una imprudencia, de una colilla mal apagada o de una quema agrícola fuera de control.
Todo eso existe y merece la máxima condena. Pero cuando los incendios alcanzan la intensidad y la frecuencia que estamos viendo, quizá haya llegado el momento de formular otra pregunta.
¿A quién interesan unos incendios tan devastadores?
Hay quienes apuntan hacia posibles intereses económicos o incluso motivaciones ideológicas. Es una hipótesis que solo puede sostenerse cuando existen pruebas.
Sin ellas, cualquier afirmación pertenece al terreno de la especulación. Pero, mientras se alimentan esas conjeturas, corremos el riesgo de pasar por alto una realidad mucho más evidente.
La chispa no explica por sí sola la tragedia. La explica un monte convertido, durante años, en un inmenso polvorín. Basta un descuido —o una acción deliberada— para que el fuego se transforme en una catástrofe capaz de avanzar a una velocidad que pone en jaque incluso a los mejores dispositivos de extinción.
Los grandes incendios registrados en España durante los últimos años han confirmado una constante bien conocida por los expertos: la denominada regla del 30-30-30 —temperaturas superiores a 30 grados, vientos por encima de los 30 kilómetros por hora y humedades inferiores al 30 %—.
Cuando esas circunstancias coinciden sobre una enorme acumulación de combustible vegetal, la capacidad de respuesta resulta insuficiente.
«Los grandes incendios no nacen solo del calor. Nacen también de la acumulación de errores, de decisiones aplazadas y de una gestión insuficiente durante demasiado tiempo».
No bastan más hidroaviones ni más retenes si el monte llega al verano preparado para arder de forma explosiva.
Aunque también conviene recordar que la renovación, ampliación y modernización de esos medios difícilmente puede afrontarse con normalidad cuando el Estado encadena tres ejercicios consecutivos sin Presupuestos Generales.
Y es aquí donde aparece un debate que rara vez ocupa los titulares.
Durante décadas hemos confundido, en demasiadas ocasiones, la conservación con el abandono. El bosque mediterráneo nunca fue un espacio ajeno al ser humano.
Durante siglos fue gestionado por agricultores, ganaderos y selvicultores que limpiaban el monte, aprovechaban la leña, mantenían abiertos caminos y cortafuegos y utilizaban el pastoreo como una eficaz herramienta para reducir la biomasa combustible.
No toda política ambiental ha sido equivocada, ni sería justo atribuir a los movimientos ecologistas una responsabilidad exclusiva en esta situación.
Pero tampoco parece razonable ignorar las advertencias de quienes han dedicado su vida al monte y sostienen que determinadas restricciones han dificultado una gestión forestal activa y preventiva. El conocimiento científico y la experiencia del mundo rural deberían caminar juntos, no darse la espalda.
La despoblación ha hecho el resto. Allí donde antes existía actividad económica ligada al monte, hoy predominan el abandono y la acumulación de combustible vegetal.
El fuego encuentra así las condiciones idóneas para convertirse en un enemigo casi invencible.
A este escenario se ha sumado la huelga de una parte de los bomberos forestales en plena emergencia nacional.
Aunque representen una mínima fracción del dispositivo de extinción, la imagen proyectada resulta profundamente desalentadora.
La gestión de un gran incendio forestal no puede convertirse en un instrumento de presión laboral ni de desgaste político cuando está en juego la protección de vidas humanas y de un patrimonio natural irreemplazable.
Seguiremos persiguiendo a quien prende la cerilla, y es nuestra obligación hacerlo. Pero quizá haya llegado el momento de exigir también responsabilidades a quienes, por acción o por omisión, han permitido que esa cerilla encuentre un territorio dispuesto a arder.
Porque los incendios no empiezan el día en que aparece la primera llama. Empiezan muchos antes.
Cuando dejamos de cuidar el monte y confundimos la protección de la naturaleza con su abandono.
El cambio climático agrava el problema y multiplica sus efectos, pero convertirlo en explicación única simplifica una realidad mucho más compleja.
Los grandes incendios no nacen solo del calor. Nacen también de la acumulación de errores, de decisiones aplazadas y de una gestión insuficiente durante demasiado tiempo.
