Jueces para la Democracia propone 9 medidas para mejorar la situación de la Justicia
Imagen de una reunión del Secretariado de Jueces para la Democracia (JpD)

Jueces para la Democracia propone 9 medidas para mejorar la situación de la Justicia

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16/2/2016 10:45
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Actualizado: 12/4/2022 13:39
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Jueces para la Democracia (JpD) reclama a las fuerzas políticas «la responsabilidad institucional» y propone un Pacto de Estado que de «respuestas integradoras a las importantes carencias» de la Justicia, partiendo de 9 medidas concretas.

A través de una comunicado, Jueces para la Democracia cree ese Pacto de Estado podría asegurar el «necesario proceso de transformación continuará en marcha durante varias legislaturas, gobierne quien gobierne, a través de los correspondientes instrumentos de seguimiento».

Consideran que el inicio de una nueva legislatura es un momento oportuno para reclamar a las fuerzas políticas la responsabilidad institucional necesaria para resolver «una de las principales asignaturas pendientes de nuestra democracia».

Y, por ello, exigen que «las legítimas diferencias ideológicas» no sean un «obstáculo para no buscar espacios de encuentro que posibiliten soluciones estructurales a largo plazo». Entendiendo que hará falta más de una legislatura para acometer los cambios necesarios.

En ese proyecto global, Jueces para Democracia propone partir de 9 medidas concretas:

1.- Inversión pública en Justicia

Las fuerzas políticas deberían asumir el compromiso de aumento progresivo de los presupuestos en materia de Justicia hasta alcanzar la media de la Unión Europea, con inclusión de un plan de inversiones coordinado entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Ello implicaría el incremento del número de jueces y juezas para adaptar la planta a la litigiosidad real, con una creación programada de plazas judiciales que no debería ser inferior a un millar.

También se debería aprobar un plan de infraestructuras que regulara la modernización de los edificios judiciales, para reemplazar las numerosas sedes que no cumplen las condiciones más básicas de salubridad, habitabilidad y seguridad. Debe cuantificarse el gasto público necesario para todas estas transformaciones, así como la graduación previsible, con aportación de memorias económicas detalladas. Por otro lado, se deben  introducir cambios estructurales para una mejora de la justicia gratuita que garantice el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

2.- Independencia judicial

Desde JpD consideran que en la actualidad «el Consejo General del Poder Judicial es el elemento más lesivo para la credibilidad de la judicatura» y para la confianza de la ciudadanía en su administración de justicia. Los constantes reproches a su parcialidad y a su control por parte del poder político han acabado dañando la imagen de la Justicia en su conjunto y la propia credibilidad de los órganos judiciales Además, resulta necesario un órgano institucional en el que puedan confiar quienes integramos el poder judicial y que garantice de verdad nuestra independencia.

Exigen que el CGPJ «recupere las competencias que le fueron arrebatadas en la última reforma, así como que este vuelva a funcionar como un órgano colegiado y con dedicación plena de sus integrantes». Además, reclaman «un sistema de elección de los vocales judiciales por elección directa de la judicatura y con criterios de proporcionalidad, con la finalidad de impedir las interferencias de los partidos políticos en su designación y en el control posterior de sus actuaciones». No descartan «analizar fórmulas de participación ciudadana en el proceso de designación de los integrantes del CGPJ».

Se debería dotar al CGPJ de competencias en cuestiones referentes a planta judicial y medios materiales. También sería necesaria la creación de una agencia organizada por el CGPJ y dependiente de este, en la que se incluyera a forenses, peritos, inspectores de tributos y laboratorios, para que estuvieran al servicio directo del poder judicial. Y ha de vertebrarse una verdadera policía judicial.

3.- Una nueva estructura de la organización judicial

«Con implantación de un sistema de tribunales de instancia que pueda optimizar la actuación judicial, desde el respeto a los principios de independencia e inamovilidad. El nuevo sistema ha de facilitar un mejor reparto del trabajo de quienes integramos el poder judicial, así como una concentración de los recursos existentes que mejore la eficacia de la administración de justicia», aseguran.

La nueva organización debe ir acompañada del final de la precarización judicial referente a los jueces/as en expectativa de destino y al uso abusivo de jueces/as de adscripción territorial, con la supresión de dichas figuras.

4.- Reformas procesales

 A pesar de las numerosas modificaciones parciales que se han realizado en nuestras normas procesales en estos últimos años, muchas de estas leyes no son instrumento adecuado para regular los procedimientos actuales. Debe procederse a una labor sistemática de elaboración de instrumentos procesales, que se puedan adaptar a una sociedad cada vez más compleja y que ha experimentado grandes transformaciones sociales en las últimas décadas.

Desde JpD, señalan que «resulta imprescindible la elaboración de un nuevo Código Procesal Penal, que represente un sistema avanzado de garantías y que incorpore las mejores aportaciones jurisprudenciales en materia de derechos fundamentales que se han realizado en los últimos tiempos».

5.- Desarrollo de la oficina judicial

Debe aprobarse un plan estatal de desarrollo de la oficina judicial. La organización interna de los órganos judiciales habría de adaptarse a las realidades de nuestros procesos y responder a principios de eficiencia, coordinación y delimitación de funciones. Los servicios comunes y los servicios de apoyo directo deben contar con recursos suficientes. Las relaciones de puestos de trabajo han de ser ajustadas a las necesidades reales y estar dotadas de medios materiales.

Además, debe disponerse de instrumentos de control suficientes por parte del cuerpo de Letrado de la Administración de Justicia. Todo ello habrá de completarse con un marco de protocolos de actuación y con programas de formación de todas las partes implicadas en la administración de justicia.

6.- Introducción de nuevas tecnologías en los órganos judiciales

A través de una planificación adecuada para la modernización y digitalización de los juzgados y tribunales. El objetivo ha de centrarse en agilizar los procedimientos, mejorar el funcionamiento interno de los órganos judiciales y abaratar los costes de comunicaciones y notificaciones. Desde la asociación judicial exigen también que «las medidas de introducción de nuevas tecnologías no pueden ser precipitadas, como ha sucedido hasta ahora, sino que deben obedecer a proyectos sólidos, con el concurso de todas las administraciones afectadas, el Ministerio de Justicia, el CGPJ y las comunidades autónomas».

Y para ello, es  preciso contar «con las inversiones oportunas y con los recursos técnicos suficientes». Y puntualizan que «acabar con la dispersión territorial en materia de aplicaciones informáticas que hoy son incompatibles».

7.- Condiciones profesionales

Entienden que «deben acometerse todas las reformas legales y reglamentarias necesarias para asegurar unas condiciones profesionales iguales, adecuadas y coherentes con los principios de independencia e inamovilidad judicial», pero cumpliendo «las disposiciones vigentes en la Ley de retribuciones».

«Es urgente acometer una verdadera coordinación de actividades entre las CCAA, Ministerio de Justicia y CGPJ que proteja la salud de los miembros de la carrera judicial y también  fijar ya una carga de trabajo judicial razonable en cumplimiento de lo previsto en el I Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la carrera judicial, por razones de salud judicial, que también es Justicia».

8.- Servicio público de calidad

Hace falta una regulación más amplia de los derechos de los usuarios de la Justicia, que responda a los principios de transparencia, información y atención adecuada.

Desde JpD, aseguran que es «necesario reforzar nuestro precario sistema de Justicia Gratuita para garantizar que nadie quede excluido del acceso a juzgados y tribunales, con privación del derecho a la tutela judicial efectiva, por no contar con medios suficientes para litigar».

Y, asimismo, «deben acometerse iniciativas concretas para garantizar la efectiva implantación del Estatuto de la Víctima del Delito, que prevé  una serie de derechos a los afectados que solo cobraría virtualidad práctica si se dotan los medios y se llevan a cabo políticas activas que aseguren su aplicación. Y ha de asegurarse que los procedimientos se tramiten en plazos razonables».

9.- Medidas contra la exclusión social

Por último, señalan que es «necesario regular en el ámbito del derecho privado toda una serie de medidas contra la exclusión social» Y para ello reclaman «una verdadera ley de segunda oportunidad», que se configure el derecho a la vivienda como un verdadero derecho subjetivo y que se apruebe una ley de inembargabilidad.

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