Rosario Porto y Alfonso Basterra, condenados a 18 años de prisión por el asesinato de su hija Asunta, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en una pista forestal de Teo (A Coruña) el 22 de septiembre de 2013, han renunciado a su derecho a tomar la palabra al final de la vista de apelación celebrada en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
Dicha vista comenzó sobre las 10,15 horas y se prolongó unas diez horas, con un receso de dos para comer.
Las defensas de ambos pidieron la absolución de sus clientes, de acuerdo con los argumentos esgrimidos en sus recursos contra la sentencia condenatoria de la sección sexta de la Audiencia de A Coruña, con sede en Santiago.
En el caso de Rosario Porto, el abogado José Luis Gutiérrez Aranguren ha sostenido que se la condenó en base a «especulaciones» y a «una idea preconcebida» de culpabilidad. En la misma línea, ha cuestionado la forma en que se llevó a cabo la investigación y la instrucción.
Por su parte, la defensa de Basterra, Belén Hospido, ha alegado que a su cliente «se le impidió tener un juicio justo». Además, ha negado cualquier participación directa de éste en el suministro del lorazepam que se detectó en el cuerpo de la menor.
En la misma línea, ha rechazado que su cliente viajase en el coche en el que, según consideró probado el jurado, Asunta se desplazó a Teo junto a su madre el día de su muerte. En concreto, no se descartó la presencia de Alfonso Basterra en el vehículo.
Los argumentos esgrimidos por la defensa para pedir la nulidad del juicio, como planteó el letrado de Porto, y la repetición de la vista oral en caso de no estimarse la absolución, como defendió la de Basterra, han sido rechazados por la Fiscalía y la acusación popular, ejercida por la Asociación Clara Campoamor.
VEREDICTO «MOTIVADO»
Ambas partes han defendido que el veredicto estuvo «motivado». Además, para el fiscal, ni la retransmisión del juicio o aspectos «poco sostenibles» en la instrucción –como las conversaciones de los padres en los calabozos, que fueron anuladas– afectaron a la presunción de inocencia, como sostienen las defensas.
Por su parte, la Asociación Clara Campoamor ha incidido de nuevo en la existencia de un plan «de común acuerdo» entre los progenitores y ha atribuido a ambos el suministro del fármaco que habría limitado la capacidad de respuesta de la menor, que falleció por asfixia. «Las razones que tuvieron para matar a la niña, solo ellos las conocen», ha señalado el letrado Ricardo Pérez Lama. EP.
