Un juez federal de Brooklyn ha ha mantenido este lunes que el Gobierno de Estados Unidos no puede obligar a Apple a desbloquear un iPhone en un caso de drogas de Nueva York, un fallo que refuerza los argumentos de la empresa en su enfrentamiento legal con el Departamento de Justicia sobre la privacidad de sus clientes.
El Gobierno trató de acceder a los datos del teléfono en el caso de Brooklyn en octubre, meses antes de que un juez de California ordenara a Apple que tomara medidas especiales para permitir que el Gobierno desbloqueara el teléfono utilizado por uno de los atacantes en los tiroteos en San Bernardino, California.
El juez federal James Orenstein en Brooklyn dictaminó que no tenía la autoridad legal para ordenar a Apple a que desactivara la seguridad de un iPhone que fue requisado durante una investigación de drogas.
Su decisión repite muchos de los argumentos que Apple ha ofrecido en el caso de San Bernardino, donde se ha negado a facilitar al FBI acceso al teléfono de uno de los terroristas, y en particular su conclusión de que una ley de 1789 llamada «Ley Todas las Órdenes» no puede ser utilizada para forzar a Apple a desbloquear el aparato.
Orenstein también decidió que Apple está en gran parte exenta de cumplir con tales solicitudes por una ley de 1994 que actualiza las leyes de escuchas telefónicas.
Un ejecutivo de Apple, que habló bajo condición de anonimato, ha indicado durante una llamada con la prensa que la decisión de Orenstein es un buen augurio para la empresa en el caso de San Bernardino, que ha desencadenado un debate nacional sobre el equilibrio entre la lucha contra la delincuencia y la preservación de la privacidad en la era digital.
El Departamento de Justicia está «decepcionado» por el fallo de Orenstein y planea pedir a un juez superior dentro del mismo distrito federal que revise el asunto en los próximos días, tal y como ha detallado un representante del Departamento.
Aunque el acusado en el caso de drogas ya fue declarado culpable, el Departamento de Justicia cree que el teléfono puede contener pruebas que «ayudarían en una investigación criminal activa», ha añadido el funcionario. (CONFILEGAL/EP)
