Los abogados del expresidente Artur Mas, de la exvicepresidenta Joana Ortega y de la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau han pedido que se archive la investigación por la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014.
Según el abogado de Artur Mas, Xavier Melero, este martes presentó un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en el que sostiene que la consulta del 9N fue legal y no desobedeció la prohibición del Tribunal Constitucional (TC).
El abogado destaca en el escrito que la Generalitat tiene «competencia exclusiva» en materia de procesos participativos. Y que el proceso participativo no tenía la intención de sustituir la figura del referéndum cuya convocatoria corresponde al Estado, ni se tuvo la intención de usar «ni el procedimiento, ni las garantías electorales, ni se usó el censo electoral», según avanza El Periódico este miércoles.
Melero sostiene que el 9N se llevó a cabo por la colaboración voluntaria de los ciudadanos y que no hubo «ni coacción administrativa, ni se vulneraron –sino todo lo contrario– derechos y libertades».
Asegura que el papel de la Generalitat fue facilitar los locales e infraestructura lógica, informar de la existencia del proceso participativo a través de los medios de comunicación y que «veló por garantizar el principio de igualdad de todos los ciudadanos llamados a participar».
Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau están siendo investigados por presuntamente continuar con los preparativos de la consulta pese a su suspensión por parte del TC y Melero ya anunció este lunes, tras la declaración voluntaria del exconseller Francesc Homs ante el TSJC, que pediría archivar la causa.
Por su parte, y según El Periódico, la exvicepresidenta Joana Ortega, representada por el abogado Rafael Entrena, alega que la causa tiene un «sesgo marcadamente político», ya que «lo que se pretende es la imputación de los legítimos representantes de un gobierno»
La exconsejera de Educación, Irene Rigau, defendida por el abogado Jordi Pina, remarca que desde su departamento «simplemente» solo pusieron en conocimiento de los directores de institutos, en reuniones previas a la suspensión del TC, que la Generalitat, como titular de los centros, permitiría que se celebrara en las aulas la votación. (CONFILEGAL/EP)
