Sentencias contradictorias retrasan la solución a la compensación por descanso de guardias
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09/3/2016 06:59
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Actualizado: 08/3/2016 23:42
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La situación se asemeja al nudo gordiano al que tuvo que hacer frente Alejandro Magno. Un problema de difícil solución que requiere una salida «creativa». Porque esto de las compensaciones por los descansos no remunerados se puede convertir en un pantano. Y mira que el horizonte parecía prometedor a día de ayer.
Pero lo que son las cosas. Resulta que dos sentencias, de fecha 1 de marzo pasado, emitidas por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 11, del que es titular Manuel Ponte Fernández, han venido a complicar las cosas. Porque han fallado en sentido contrario a la del Tribunal Supremo, de fecha 12 de febrero pasado, que tumbaba el recurso del abogado del Estado -en nombre del Ministerio de Justicia-.
O sea, para que nos aclaremos. Por un lado, tenemos tres sentencias de primera instancia que dan la razón a los jueces recurrentes, con Eloy Velasco a la cabeza, y una sentencia del Tribunal Supremo. La primera, de fecha 7 de enero de 2015, es del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 5 -la magistrado es Emilia Pereilo Martínez– la segunda es de fecha 22 de enero de 2015, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 4 -la titular es María Yolanda de la Fuente Guerrero– (caso Eloy Velasco), y la tercera del pasado 7 de marzo, emitida por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 7 –Ana María Jimena Calleja-.
La de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que suscribieron, nada menos que, los magistrados Jorge Rodriguez-Zapata Perez, Jose Manuel Sieira Míguez, Nicolás Maurandi Guillen, Pablo Lucas Murillo de la Cueva, Celsa Pico Lorenzo, y José Díaz Delgado, de fecha 11 de febrero pasado, en respuesta al recurso de casación en interés de ley, interpuesto por el abogado del Estado en representación del Ministerio de Justicia en el caso Eloy Velasco, ratificaba el derecho de los jueces a cobrar por los días de descanso no trabajados.
Por otro lado tenemos dos sentencias del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 11, de las que es autor el magistrado Manuel Ponte Fernández, de fecha 1 de marzo pasado, que dicen todo lo contrario. No reconocen tal derecho.
UN CARAJAL
Un carajal auténtico.
Esta situación estuvo muy presente en la reunión que ayer tarde celebraron el Ministerio de Justicia, por una parte, y los representantes de las cuatro asociaciones de jueces y de fiscales por otra en la sede de Noviciado.
O lo que es lo mismo, el ministro Rafael Catalá, la secretaria de Estado, Carmen Sánchez-Cortés, el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Dorado, el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Ricardo Conde, y la abogada del Estado Jefe, Marta Silva de la Puerta, por una parte.
Y por otra, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Manuel Almenar, el miembro del Comité Nacional de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, los miembros del Secretariado de Jueces para la Democracia, Begoña López y Javier Martínez, y la miembro de la Junta Directiva de Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez.
Esto por parte del sector judicial. Por parte del fiscal, Emilio Frías y Concepción Talón, de la Asociación de Fiscales, Carlos García-Berro, en representación de la Unión Profesional de Fiscales y Salvador Viada, de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.
La reunión comenzó a las 16.45 y terminó a las 18.30. Una hora y tres cuartos, poco más, poco menos. Hablaron de la creación de nuevas plazas, de LexNet, y de este contencioso.
Pero el barco varó.
El propósito del Ministerio, antes de esta reunión, era solucionar la cuestión y no judicializarlo más, visto lo visto. Pero las dos sentencias de Ponte Fernández han complicado las cosas.
Catalá reculó. Necesitaba que su gente estudiara a fondo el conflicto para ver qué salida puede tener.
Las asociaciones de jueces propusieron varias opciones que, finalmente desembocaban en el reconocimiento del derecho a ser compensados por el descanso que jueces y fiscales no pudieron tomarse tras las guardias.
El Ministerio está abierto a la negociación, según pudo saber Confilegal. Pero Catalá se ha dado una semana de estudio, con el objetivo de regresar la próxima semana a la mesa de negociaciones. ¿Con toda su plana mayor? Seguro. Todavía queda partido.
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