La magistrada Mercedes Alaya y el presidente de la Agrupación de Abogados Jóvenes de Madrid, Juan Gonzalo Ospina, debatieron sobre las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) desde una perspectiva profesional entre el mundo de la judicatura y la abogacía.
La jornada, que tuvo lugar en la Universidad de Sevilla, contó con la presencia de unos 500 alumnos que durante algo más de dos horas pudieron escuchar las principales reformas que introduce la Lecrim desde un punto de vista crítico.
La magistrada Mercedes Alaya se mostró muy crítica con la reforma de la que aseguró que «no hace más eficiente la justicia, ya que su articulado es impreciso, no aporta nuevos medios materiales, y tampoco agiliza la persecución del crimen«.
Por su parte, Juan Gonzalo Ospina no dudó en calificar la reforma de plazos para investigar es “puro maquillaje” ya que por un lado la ley prevé dos prórrogas una primera de 18 meses para ampliar el plazo de investigación y una segunda “excepcionalmente” sin límite, por lo tanto se pregunta, ¿De qué sirve un artículo que a través de su propio articulado hace ineficiente su propio fin?.
Alaya, invitó a los estudiantes a reivindicaran la defensa de un Estado de derecho con las garantías constitucionales que se merece España, incidió en su exposición en la vulneración de derechos fundamentales que la ley prevé, tales como la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones, permitiendo plazos mayores para interceptar las comunicaciones y dejando tal decisión en ciertos casos a la propia policía, saltándose así el filtro judicial.
En este mismo sentido, Ospina, dejó claro, que la limitación de la práctica de prueba anticipada a las partes en la fase de instrucción, dejando tal solicitud a los momentos previos del Juicio Oral, produce indefensión y hace que tengamos inocentes en prisión. “Necesitamos una Ley procesal propia del siglo XXI y no una ley llena de parches del siglo XIX que está desordenada, es imprecisa, no sigue ningún orden lógico, y no mejora la investigación criminal”.
En el turno de preguntas, la Mercedes Alaya reiteró que la justicia queda limitada y más politizada con esta reforma, quedando su actuación más controlada por la actuación del Ministerio Fiscal. Mientras que el abogado Ospina destacó que esta ley sí incluye modificaciones necesarias en garantías del derecho de defensa, como la posibilidad de que el letrado se comunique por teléfono con el detenido, que pueda ver el atestado policial o pueda comunicarse con él antes de que se le tome declaración, pero matiza, “esto no viene de la buena fe del legislador sino de la obligatoriedad de aplicar directivas europeas que preveían estos supuestos”.
Ospina reivindicó que la Lecrim, muestra deficiencias prácticas, como es la propia incoación de las diligencias previas, con un mínimo filtro de control por parte de los Juzgados, y cómo es prácticamente sencillo denunciar hoy a cualquier ciudadano y que este acabe declarando como “investigado” ante el juez.
