La secretaria de Estado del Ministerio de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, se ha mostrado así de contundente en una entrevista que publica la Abogacía Española, y donde realiza un balance de los cerca de 100 días de obligatoriedad en la utilización de LexNET por todos los operadores jurídicos.
Carmen Sánchez-Cortés, ha insistido en que «la existencia de un auténtico expediente digital en los juzgados, no es una cuestión meramente técnica, sino que depende de otros factores igualmente esenciales como el cambio de hábitos culturales en todos los profesionales de la Justicia que trabajan en un juzgado o que interactúan con él. Al final de este primer semestre la Justicia Digital, con todo el proceso de tramitación judicial electrónico operativo, hasta la sentencia, será ya una realidad en sedes judiciales de España».
A casi 100 días desde la puesta en marcha de LexNET, Sánchez-Cortés ha querido puntualizar que «cuando hablamos de LexNET y de la iniciativa de hacer obligatorio su uso desde el 1 de enero 2016, se olvida con cierta frecuencia que no es un proyecto que el Ministerio de Justicia haya puesto en marcha partiendo de cero. LexNET comenzó a impulsarse en nuestra Justicia hace más de diez años. En las CCAA gestionadas por el Ministerio de Justicia los procuradores ya usaban LexNET en todas las jurisdicciones menos en la penal».
Según la secretaria de Estado del Ministerio de Justicia «lo que se decidió con la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aprobada por las Cortes el pasado año, no fue exactamente poner en marcha LexNET sino acelerar la implantación de las comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia, haciéndolas obligatorias a partir de una fecha, el 1 enero 2016, para lo cual, se utiliza Lexnet como sistema de gestión de comunicaciones telemáticas desde los profesionales de la justicia a los órganos judiciales y a la inversa».
Como en todos los procesos de cambio y modernización, es necesario realizar un esfuerzo, no sólo técnico y humano por parte de quienes, en las distintas Administraciones Públicas han de dar soporte a este servicio y ha señalado que «durante estos procesos es habitual que surjan incidencias que es necesario atender y solventar».
Para ello, el Ministerio de Justicia realiza un seguimiento puntual y exhaustivo de estas incidencias, a través de un Plan de Seguimiento y Control que permite identificarlas y adoptar con celeridad las medidas correctoras adecuadas.
Carmen Sánchez-Cortés ha asegurado en su entrevista a la Abogacía que «desde su puesta en funcionamiento, hemos recibido un total de 5.976 entradas de incidencias de las que ya se han resuelto un 86 %. En cuanto al resto, nuestros equipos profesionales están trabajando en su estudio y resolución con la mayor celeridad posible. Algunas de estas incidencias se refieren a la lentitud del sistema o las interrupciones del servicio. Para solventarlo, hemos diseñado asimismo un Plan de medidas de optimización de la arquitectura tecnológica que ayudará a mejorar el funcionamiento y la respuesta del sistema».
Es más, «LexNET ha permitido, desde el 1 de enero de este año, realizar más de 12 millones de comunicaciones electrónicas y ha sido capaz de incorporar al sistema nada menos que a 147.000 profesionales, lo que implica un incremento de un 236% respecto de la situación existente a finales de 2015«. «En un solo día LexNet procesa una información equivalente a la de toda la campaña de renta. Es un sistema, sin duda alguna mejorable, que demuestra robustez y capacidad en sus funcionalidades», ha resaltado la secretaria de Estado de Justicia.
Respecto a la valoración de la implementación de Lexnet, ha querido destacar que «su situación varía en función de si han logrado integrar sus respectivos sistemas de Gestión Procesal o han completado la implantación de las comunicaciones electrónicas en sus respectivos ámbitos».
Preguntada sobre si los problemas de LexNET pueden afectar a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva.
Sánchez-Cortes ha sido contundente y ha asegurado que «para garantizar la seguridad, como tal, el esquema judicial de interoperabilidad y seguridad nos permite asegurar el acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación de los datos utilizados en las presentaciones y en las comunicaciones y notificaciones electrónicas. Ninguno de estos elementos, se lo aseguro, resulta afectado por el proceso».
Pero además, ha insistido «la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que hemos impulsado durante la pasada legislatura prevé las medidas necesarias para garantizar plenamente tanto la seguridad jurídica como el derecho a la tutela judicial efectiva«.
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