Los ministerios de Justicia, de Seguridad y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad han firmado un convenio con la Fundación QSDGlobal para aumentar la coordinación para ayudar a las familias de personas desaparecidas sin causa aparente en España que afecta a más de 10.000 familias.
La secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, señaló la tragedia que la desaparición de una persona supone para sus allegados, así como el dolor y la inseguridad personal y jurídica de no saber nada del desaparecido. Ante esta situación, destacó que las instituciones tienen «el deber y responsabilidad de llevar a cabo todas las gestiones y que se pongan todos los medios» para ayudar a las familias de las personas desaparecidas y que, en el ámbito europeo, aún queda «mucho trabajo por hacer para conciliar las normativas de 28 Estados» y así complementar la petición que hizo la UE en 2008 de desarrollar mecanismos nacionales y transfronterizos de alerta de desaparición de menores.
Sánchez-Cortés resumió el convenio, firmado el pasado jueves, como un «compromiso transversal y de Gobierno para llegar antes» y que será fundamental acudir a la labor que realizan las oficinas de apoyo a las víctimas de delitos, que atienden al año a más de 12.000 personas. Asimismo, subrayó el incremento de las desapariciones de menores en situaciones de adopciones internacionales y recordó que en Europa hay 250.000 menores desaparecidos.
El secretario de Estado y Seguridad, Francisco Martínez subrayó que la Policía y la Guardia Civil «nunca tiran la toalla» y siguen investigando «con el mismo ímpetu» en los casos de desapariciones de personas y que revisan los casos abiertos gracias a un sistema de alertas periódicas, para que todas las causas se revisen cada cierto tiempo aunque no haya información nueva. Asimismo, dijo que la base de datos común de desaparecidos y restos humanos sin identificar a la que acceden los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad son «una pieza clave» para esclarecer esos casos, como también lo es, en su opinión, el sistema de alerta de menores desaparecidos.
Martínez afirmó que cada día hay más casos de desaparición con dimensión fronteriza y que, por tanto, «es fundamental intensificar la cooperación policial internacional, en particular a través de las oficinas Sirene en la Unión Europea y con Interpol».
Niños, adolescentes y las personas mayores
La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, enfocó los cometidos de su ministerio en este contexto a proteger a los colectivos más vulnerables, como son los niños, los adolescentes y las personas mayores.
Camero aseguró que el acuerdo es «el primer paso» de un apoyo institucional «que vaya más allá». «Se trata también de dar visibilidad a un problema que es real, que afecta a entre 10.000 y 14.000 familias en España. Son niños, bebés en procesos de adopción irregulares pero también personas mayores con demencia. Es poco el porcentaje de casos no resueltos pero hay que darles visibilidad y una respuesta integral con equipos multidisciplinares, formación de expertos, elaborando estudios y estadísticas».
Por su parte, residente de la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas QSDGlobal, Francisco Lobatón, destacó que el convenio firmado supone «la llave» para poder plantear a los distintos ministerios «propuestas concretas», como reivindicaron las familias afectadas en un encuentro europeo celebrado en noviembre en Jaén, en el que dijeron haberse sentido «desatendidas, humilladas, perplejas, solas, desprotegidas, decepcionadas, maltratadas y, en ocasiones, víctimas» ante la denuncia de la desaparición de un ser querido.
«No vamos a dejar que este documento se limite a una declaración de intenciones», ha señalado Lobatón durante la firma del convenio, tras recordar que las familias de personas desaparecidas sin motivo aparente llevan décadas luchando «empeñadas en dar visibilidad a su realidad» .
