El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el conflicto entre órganos constitucionales promovido por el Senado frente al Gobierno por no cumplir con el deber constitucional de presentar los Presupuestos Generales del Estado para los años 2024, 2025 y 2026, así como el uso de las prórrogas presupuestarios para dichos años.
Así lo ha comunicado el órgano interprete de la Constitución Española (CE), en una nota de prensa emitida este martes 24 de febrero, tras plantear la Cámara Alta que este incumplimiento podría ser contrario a los artículos 1.3, 66.2, 134 y 99.2 y 23 de la Carta magna española.
La mayoría absoluta del PP en el Senado impulsó ese choque entre órganos constitucionales al considerar que la Cámara Alta «no debe admitir ni tolerar el incumplimiento» de la obligación que la Constitución impone al Gobierno, «que tiene un deber constitucional de presupuestar».
Además, el intérprete de la CE ha indicado que «es la primera vez que se plantea ante el Tribunal Constitucional el estudio de un conflicto entre órganos constitucionales por una omisión del Gobierno en la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos».
Legalidad presupuestaria
Desde el PP advirtieron de que no se puede «admitir» la «práctica fraudulenta» de modificación presupuestaria «al margen del Parlamento» como consecuencia de la falta de Presupuestos, porque consideran que es «contraria al principio de legalidad presupuestaria».
«La situación actual, que se va a reproducir en 2026, de mantener prorrogados unos Presupuestos de 2023, es solo comparable a la situación que se produjo en 2020, cuando se mantuvieron prorrogados los Presupuestos de 2018, ya que el Gobierno, por la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, decidió no presentar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de aquel año», expuso en el texto del conflicto de atribuciones.
En este sentido, los ‘populares’ incidían en que «no existe justificación posible» para no presentar los Presupuestos, «salvo la de no haber podido llegar a un acuerdo con las fuerzas parlamentarias con el peso suficiente para asegurarse la aprobación de los mismos».
«Y es claro que los motivos políticos no pueden ser esgrimidos para justificar la omisión del cumplimiento por parte del Gobierno de obligaciones constitucionales, impidiendo que las Cortes Generales y, en concreto, el Senado, puedan ejercer su función presupuestaria», rezaba el texto.
Abusos de la prórroga
Por todo ello, el Senado solicitó al Constitucional que declare que el Ejecutivo «ha vulnerado la atribución constitucional» de la Cámara Alta para participar de la aprobación de los Presupuestos Generales, así como para modificarlos y para controlar la acción del Gobierno por «no presentar este proyecto de ley y por el abuso que se está haciendo de la prórroga presupuestaria».
A su vez suplicaba que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de las prórrogas de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, producidas el 1 de enero de 2024, 2025 y, en su caso, 2026.
Y pedía que resuelva lo que proceda sobre las situaciones jurídicas producidas al amparo de aquella vulneración competencial y que se señale un plazo máximo para que el Gobierno cumpla con su deber constitucional en materia presupuestaria.
