La llamada “pasarela al RETA” para mutualistas encara su recta final parlamentaria, pero lo hace tras un giro relevante introducido en el Senado.
La Cámara Alta ha dado luz verde al texto con 164 votos a favor, uno en contra y 96 abstenciones, aunque con cambios sustanciales que obligan a devolver la norma al Congreso para su aprobación definitiva.
El ajuste más significativo: se vuelve a cerrar la puerta a los mutualistas ya jubilados, con la única excepción de quienes perciben pensiones de viudedad.
No es un matiz menor. La reforma, concebida para permitir que miles de profesionales integrados en mutualidades alternativas —abogados, procuradores, arquitectos o ingenieros— trasladen sus derechos económicos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), vuelve a limitar su alcance respecto al texto que salió del Congreso en junio.
Una enmienda del PP en el Congreso había ampliado el perímetro de beneficiarios, incluyendo a pensionistas y a quienes ya tenían reconocido el derecho a prestación. En el Senado, los populares, apoyados en su mayoría absoluta en el Senado, han revertido esa apertura.
El PP justifica la exclusión de los pensionistas por motivos de viabilidad económica: se desconoce su número –que no ha facilitado el Gobierno–; incorporarlos sin haber acotado antes su impacto real pondría en riesgo el equilibrio financiero de toda la reforma, argumentan.
Los populares trasladan además la cuestión al futuro reglamento, que el Gobierno deberá redactar en los tres meses siguientes a la entrada en vigor de la ley.
Según su argumento, será ese desarrollo el que fije los requisitos y condiciones de integración, y advierten de que un mal diseño en esa fase podría generar «nuevas frustraciones» entre los mutualistas.
Esa brecha —resultado del sistema de mutualidades como alternativa al RETA— ha alimentado durante meses una presión creciente sobre el legislador, que ha tratado de articular una solución sin romper los equilibrios financieros del sistema.
Quién entra y quién queda fuera
El texto que regresa al Congreso delimita con precisión el acceso a la pasarela. Podrán acogerse los mutualistas que no sean pensionistas ni del sistema público ni de su propia mutualidad, con la salvedad de las pensiones de viudedad.
También se incluye a profesionales en activo con más de 15 años cotizados, lo que les reconoce ya derecho a una pensión contributiva, una incorporación que marca distancia respecto a versiones anteriores.
El mecanismo diseñado permitirá convertir los derechos acumulados en las mutualidades en periodos computables dentro del RETA. Pero no será una decisión reversible: quien opte por el traslado quedará integrado de forma obligatoria y definitiva en la Seguridad Social.
La clave operativa quedará, en buena medida, en manos del Gobierno. La ley prevé el desarrollo del reglamento en un plazo mencionado de tres meses desde su entrada en vigor.
Ahí se fijarán cuestiones críticas: los requisitos concretos, el procedimiento de transferencia, la fórmula de cálculo de las aportaciones y las condiciones exactas de integración en el sistema público.
La ingeniería del cálculo
Uno de los aspectos más sensibles de la reforma se juega en el terreno técnico: cómo se traducen años de cotización en mutualidades al lenguaje del RETA.
Para los mutualistas mayores de 52 años a 31 de diciembre de 2026 se mantiene la fórmula del “1×1”: cada mes cotizado en la mutualidad contará como un mes en el régimen público a efectos del cálculo de la pensión.
El alcance de esta equivalencia se extiende incluso a periodos anteriores a 1995, cuando la adscripción a ciertas mutualidades era obligatoria para determinadas profesiones colegiadas. Este punto resulta crucial para los perfiles más veteranos, ya que evita que su historial contributivo quede prácticamente desdibujado al integrarse en la Seguridad Social.
En el plano económico, el texto fija que la conversión tendrá en cuenta la base mínima de cotización del RETA que habría correspondido en cada periodo. A partir de ahí se aplicará un coeficiente de mejora situado entre el 0,67 y el 0,87, diseñado para compensar las coberturas que las mutualidades no ofrecían.
El recorrido legislativo entra ahora en su último tramo. El Congreso deberá decidir –en el pleno del 14 o en el del 23 de julio– si convalida los cambios del Senado o recupera parte del diseño anterior.
De esa votación dependerá si la pasarela se consolida como una solución acotada o si, en el último momento, se reabre para incluir a quienes han quedado fuera en esta fase. Para miles de mutualistas, el desenlace no es técnico: es la diferencia entre corregir parcialmente una anomalía histórica o dejarla, en buena medida, intacta.
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), cuyos dirigentes han seguido la votación en directo, ha publicado un tuit en el que siguen apostando porque la norma incluya aún alguna mejora antes de su aprobación definitiva. “Abogacía Española sigue defendiendo mejoras que permita que la norma de una respuesta real, eficaz y urgente, que incluya a todos los compañeros y compañeras mutualistas”, reza el post.
