Durante años, la sobrecarga de trabajo en los tribunales ha sido una constante silenciosa en la Administración de Justicia. Miles de asuntos acumulados, tiempos de respuesta al límite y una judicatura sometida a una presión estructural que parecía no encontrar salida. Por eso, el anuncio realizado este lunes por el Ministerio de Justicia de la creación de 500 plazas judiciales ha sido recibido con gran acogida por gran parte del sector judicial.
Así lo ha mostrado el portavoz del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), el magistrado Edmundo Rodríguez, quien ha sido calificado esta propuesta como «muy relevante». Ha manifestado que es «un acierto que se dirijan a ampliar la dotación judicial de los tribunales más sobrecargados».
En opinión de Rodríguez, la medida ha sido posible gracias a «la transformación estructural que suponen los tribunales de instancia», un modelo que, a diferencia de los antiguos juzgados unipersonales, «facilita incrementar el número de integrantes de la judicatura que trabaja en los mismos».
«Un esfuerzo que jamás se había producido»
El portavoz de JJpD no ha dudado en destacar el alcance del anuncio. “El incremento de plazas es sustancial”, afirma, y supone «un esfuerzo que jamás se había producido» en términos comparativos. Hasta ahora, recuerda, la creación anual de plazas judiciales «ni siquiera llegaba al centenar».
Desde la asociación judicial se venía reclamando de forma reiterada esta ampliación, que, según Rodríguez, «redundará en un mejor servicio y en un reparto de trabajo más equilibrado, disminuyendo la sobrecarga que viene padeciendo buena parte de la judicatura».
Primera instancia y partidos judiciales con más litigiosidad
Uno de los aspectos más valorados por JJpD es el criterio seguido para la asignación de las nuevas plazas: «“Ha sido un acierto que la nueva creación de plazas judiciales se haga en los tribunales con mayor carga de trabajo», sostiene el magistrado, ya que «los casos más relevantes se encuentran en la primera instancia y en aquellas localidades que desde tiempo atrás padecen más problemas como consecuencia del significativo aumento de la litigiosidad».
Para Rodríguez, esta decisión confirma «lo positivo de transformar los antiguos juzgados en los actuales tribunales de instancia», dado que el nuevo modelo «permite que ahora pueda incrementarse ampliamente la plantilla judicial sin necesidad de nuevas sedes, instalaciones o más funcionarios».
Mejor servicio y tiempos de respuesta más razonables
El portavoz de JJpD insiste en que el impacto de la medida será directo en la calidad del servicio público: «Este incremento va a redundar en un mejor servicio a los profesionales del derecho y a la sociedad», afirma, ya que «permitirá mejorar la capacidad y el tiempo de respuesta de los tribunales».
Rodríguez identifica con claridad el principal cuello de botella del sistema: «El número de asuntos que puede gestionar una oficina eficiente es muy elevado, pero las sentencias sólo pueden elaborarse por la judicatura». Por ello, concluye, «la creación de plazas judiciales es la forma más adecuada de mejorar en tiempo y calidad la respuesta a las demandas ciudadanas de tutela judicial».
Desde JJpD también se pone el acento en la dimensión humana de la reforma: «Este paso contribuye a distribuir y disminuir la carga de trabajo que se padece sobre todo en primera instancia», señala Rodríguez, quien defiende que «es imprescindible que cada persona que enjuicia afronte un número razonable de juicios, sentencias y otras resoluciones».
Las promociones 73 y 74 y el futuro de los jueces en expectativa de destino
La creación de las nuevas plazas abre además la puerta a resolver una situación que afecta directamente a las últimas promociones judiciales. «Esperamos que esta creación permita dar acomodo a las últimas promociones, en particular la 73 y 74, que estaban abocadas a trabajar como juezas y jueces en expectativa de destino (JED)», explica el portavoz de JJpD.
Rodríguez defiende que el Consejo General del Poder Judicial debe acordar cuanto antes «la supresión de esta figura», sobre la que existe «un amplio consenso en el ámbito judicial”.
A su juicio, si el CGPJ actúa con rapidez, «estas dos promociones podrán ubicarse rápidamente en las nuevas plazas creadas, mejorando el servicio público y la situación personal de muchos jóvenes jueces, que tienen todo el derecho a conciliar su vida personal y profesional».
