Transparencia Internacional ha advertido de que la masiva filtración de datos sobre cuentas e intereses económicos en Panamá demuestran que el sistema financiero global tiene un «lado oscuro» y ha llamado a tomar medidas para ilegalizar las prácticas de fraude fiscal y corrupción a través de paraísos fiscales.
Los ‘Papeles de Panamá‘ han sacado a la luz datos relativos a 140 políticos y funcionarios –entre ellos 12 líderes retirados o en ejercicio– que habrían utilizado más de 214.000 entidades ‘offshore’ para ocultar activos.
Las sociedades offshore se crean en países que garantizan la máxima confidencialidad a sus propietarios y su constitución no es ilegal en sí misma. Los problemas surgen porque la mayoría de ellas no tiene una actividad económica conocida y se utilizan como depósito de bienes o capitales financieros que se quieren ocultar, bien para evitar el pago de impuestos en los países correspondientes, bien para impedir que se detecte un origen delictivo de esos patrimonios. Y eso sí es ilegal.
El presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, ha subrayado que la investigación destapada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación «desenmascara el lado oscuro del sistema financiero internacional, en el que bancos, abogados y profesionales financieros habilitan compañías secretas para ocultar dinero ilegal». «Esto debe parar», ha reclamado en un comunicado.
En este sentido, la ONG ha instado a los gobiernos mundiales a hacer un frente común y, con un mensaje explícito a los países del G-20, ha defendido la imposición de una regulación clara y común. Asimismo, ha llamado a ilegalizar «inmediatamente» las firmas secretas.
«¿Cuántas filtraciones necesitan los líderes mundiales para entender que la falta de registros públicos de beneficiarios de compañías mantiene vivos las grandes tramas de corrupción?», ha preguntado Ugaz.
Por su parte, Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España considera “ejemplarizante” que casos como el de los ‘papeles de Panamá’ salgan a la luz, porque así “la sociedad toma conciencia” de lo que ocurre y los organismos intentan que “no sea tan fácil” cometer este tipo de fraude.
Además, Lizcano destacó que esta revelación tiene un carácter “disuasorio para posibles futuros corruptos” y consideró “importante que la gente sepa que puede hacer inversiones cuándo y dónde quiera, pero siempre debe pagar sus impuestos donde ha nacido la obligación fiscal”.
Entre las posibles medidas que pueden llevar a cabo los gobiernos de todo el mundo, Lizcano apostó por aprobar leyes que prohíban “la existencia de empresas opacas de las que apenas hay información” y por “registros públicos” en los que todos los países conozcan a los beneficiarios reales de esas cuentas. Además, destacó la importancia de los medios de comunicación y la sociedad civil para denunciar estos asuntos. (CONFILEGAL/EP)
