Podemos ha registrado en el Congreso una Proposición de Ley en la que pide derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) al entender que provoca «una mayor inseguridad jurídica y abre indeseables espacios de impunidad».
En la última Comisión de Justicia, este partido ya consiguió sacar adelante, con los votos en contra del PP, una Proposición No de Ley en el mismo sentido.
El portavoz del Grupo Parlamentarios y la responsable en materia de Justicia, Íñigo Errejón y Victoria Rosell, respectivamente, han firmado la propuesta para que se derogue el artículo de la Lecrim que establece plazos para la instrucción de las causas declaradas de especial complejidad de seis o 18 meses, que entró en vigor el pasado 6 de diciembre de 2015.
Podemos entiende que esto abre la puerta a aplicar un «borrón y cuenta nueva» a casos de corrupción que afectan «sobre todo» al PP, según sostuvo en la Comisión de Justicia del pasado 5 de abril. El partido que lidera Pablo Iglesias insta al Congreso a no incurrir en más «soluciones parciales» y afrontar el «esencial reto de confeccionar una nueva Ley Procesal Penal que sustituya al texto decimonónico aún en vigor y sucesivamente parcheado».
Considera de la formación morada que la actual ley no impide la denominada pena de banquillo e incluso puede favorecer que el Ministerio Fiscal dirija la acusación contra cualquier persona sin haberse podido completar la investigación de los hechos. Es más, apuntan que «la otra opción es el sobreseimiento, con la consiguiente impunidad de hechos entre las que cabe incluir los que previsiblemente se incluirán los de mayor gravedad sancionadas en el Código Penal, al ser los de más dificultosa investigación».
La Proposición de Ley remite a la advertencia de la Fiscalía General del Estado sobre las «zonas de penumbra» que se crean al fijar plazos máximos en la fase de instrucción. También señala que seis asociaciones de jueces y fiscales pidieron la suspensión de la entrada en vigor de la Lecrim, calificando públicamente esta reforma como «ley de punto final».
Podemos reconoce el buen propósito del legislador para tratar de no dilatar la instrucción de los casos judiciales, pero apunta que, por cuestiones como la carencia de medios, «el efecto que se consigue es otro al aplicarse la ley en el mundo real».
En este sentido señala que «acortar los plazos de investigación sin incrementar los medios, en la situación real de la administración de justicia, en la práctica equivale a introducir serias dificultades para que la investigación de delitos se complete en los plazos previstos».
Inciden en que tiene especial incidencia en las instrucciones más complejas, como suelen ser las de los grandes delitos patrimoniales, de defraudación y de corrupción, y la criminalidad organizada.
«La ciudadanía puede legítimamente pensar qué habría sido de los grandes casos de presunta corrupción que se investigan en este país, qué resultado habrían tenido de tener que juzgarse o archivarse en esos plazos de seis o dieciocho meses. La reforma demostró legislar de espaldas a la realidad», sostienen.(CONFILEGAL/EP)
