El expresidente catalán Carles Puigdemont ha defendido ante el Tribunal de Cuentas (TCu) que «no se ha conseguido determinar la cuantía (de fondos) supuestamente desviada» por él y otros 34 excargos de la Generalitat para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la acción exterior del Govern.
En su escrito de conclusiones, de este viernes, la defensa de Puigdemont reclama que sea absuelto y que la sentencia desestime íntegramente las pretensiones de la demandas presentadas por la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana.
«En ningún momento los escritos de conclusiones (como tampoco hicieron los de demanda) determinan la cuantía exacta de la que mi mandante se supone que es responsable, lo cual es lógico no habiéndose demostrado ni concretado en este procedimiento», sostiene el escrito firmado por el abogado Gonzalo Boye.
Cabe recordar que la Fiscalía pide casi 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria para los 35 encausados al considerar que causaron un «menoscabo» a la Administración «real y efectivo» y «plenamente individualizado, con identificación de cada uno de los actos que dieron lugar al perjuicio». Por su parte, Sociedad Civil Catalana solicita que tengan que pagar 5 millones de euros.
Ambas acusaciones presentaron sus conclusiones una vez que la consejera rechazó el pasado enero suspender el procedimiento por la tramitación de la proposición de ley de amnistía que pretende perdonar más de una década del ‘procés’, como pedía el dirigente de ERC, Oriol Junqueras, y el resto de encausados de su partido.
Defiende que la Generalitat estaba intervenida por Hacienda
Para la defensa de Puigdemont, no existe resolución concreta del TCu, escrito de las acusaciones o prueba alguna de las practicadas que consiga «relacionar esas diversas cuantías entre sí para determinar el importe total del supuesto desvío, o su desglose por partidas»: Ni «por supuesto para relacionar dicho supuesto desvío con ninguna actuación de mi representado».
«Y es que es imposible determinar la cuantía de unos hechos que simplemente no existen, o no podían existir estando la Generalitat intervenida por el Ministerio de Hacienda, o si existieran sería en función de las competencias y el funcionamiento ordinario y legal de la Generalitat de Cataluña, sin que se haya demostrado tampoco que ninguna cantidad fuera desviada o destinada a la organización o promoción del referéndum de autodeterminación de 1 de octubre de 2017″, expone.
Puigdemont afea que se hayan presentado en el procedimiento atribuciones de responsabilidad «sin determinación alguna» concreta, sino «subsumiéndolo en un grupo compartido de responsabilidad bajo una justificación que consideramos errónea, no ajustada a Derecho y vulneradora tanto de la Constitución como del Estatuto de Autonomía de Cataluña y los Derechos Fundamentales».
Según defiende en su escrito, «la mayoría las presuntas irregularidades» que se le atribuyen «no son, ya desde un primer momento, susceptibles de generar un menoscabo en el caudal público».
Argumenta que desconoce qué actuación concreta se le atribuye, indicando que los escritos de conclusiones tanto del Ministerio Público como de Sociedad Civil Catalana «siguen sin determinar la responsabilidad contable concreta a pesar de toda la prueba practicada, o precisamente en virtud de la prueba practicada, que no permite apreciar posibilidad alguna de tal determinación».
Puigdemont sostiene que tampoco se ha demostrado que ninguna cantidad fuera destinada a la organización o promoción del referéndum ilegal y menciona que eso mismo «lo explicó de forma clara y concisa el último responsable de las cuentas de la Generalitat en esas fechas, el ministro (Cristóbal) Montoro».
Recuerda que el entonces titular de Hacienda afirmó el 31 de agosto de 2017, en sesión parlamentaria, que «ni un euro del presupuesto de la Generalitat ha ido destinado a financiar partidas que ya han sido declaradas inconstitucionales» y que con toda seguridad no iba a haber referéndum.
Puigdemont insiste en su inmunidad
Del mismo modo, Puigdemont reitera que goza de «inmunidad» por su condición de eurodiputado y la misma «alcanza a cualquier instancia y jurisdicción, incluido el Tribunal de Cuentas».
El líder de Junts considera que hay una vulneración del derecho fundamental al ‘non bis in idem’ –la imposibilidad de juzgar a una persona dos veces por lo mismo– relacionado con una duplicidad de instancias judiciales.
Apunta, en este sentido, a que hay abiertos dos procesos en su contra: por un lado, el del Tribunal de Cuentas y, por otro, el penal ante el Tribunal Supremo, ambos por su papel en el proceso independentista catalán. «Con idéntico objeto», lo que «vulnera también el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a un proceso con todas las garantías, y el principio de seguridad jurídica y, entre todos, el derecho a un proceso justo«, argumenta.
Puigdemont alega que el hecho de que el Supremo le declarara en rebeldía –se marchó a Bélgica después del 1-O– «no excluye en absoluto la necesidad de preservar las garantías procedimentales básicas».
