El Pleno del Congreso de los Diputados tomará hoy en consideración la Proposición de Ley presentada por Ciudadanos, para eliminar las tasas para pymes y ONGs, que fueron introducidas en 2012 durante el mandato del ministro Alberto Ruiz Gallardón.
Si la mayoría de los diputados aprobaran esa Proposición de Ley entonces emprendería el camino parlamentario para su conversión en Ley.
Ese día le corresponderá la defensa de la iniciativa a su autor, Marcial Gómez, diputado de Ciudadanos y miembro de la Comisión de Justicia, quien, junto a Luis Sosa, abogado y miembro de la Brigada Tuitera, un grupo que agrupa a 15.000 abogados, juristas y ciudadanos que defienden la supresión de las tasas.
En su exposición de motivos, Ciudadanos argumenta que tras la presión ejercida por los operadores jurídicos, un el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, modificó el artículo 4 de La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, incluyendo entre las exenciones, desde el punto de vista subjetivo, a las personas físicas.
Sin embargo, «siguen gravados, con tasas judiciales muy elevadas, sujetos jurídicos que no tenían que pagarlas antes de la Ley 10/2012, como son las entidades sin fines lucrativos que hayan optado por el régimen fiscal especial de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y los sujetos pasivos que tengan la consideración de entidades de reducida dimensión de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades», las Pymes.
Esto supone que «las entidades sin fines lucrativos se ven obligadas a asumir el coste de tasas judiciales, salvo en supuestos excepcionales, para defender ante los tribunales intereses colectivos, que sin la intervención de estas organizaciones, quedarían desprotegidos», aseguran desde Ciudadanos.
Y recuerdan que «el papel de estas entidades es vital y deben de incluirse estas entidades sin fines lucrativos dentro los sujetos exentos del pago de las tasas judiciales».
Respecto a los sujetos pasivos que tienen la consideración de entidades de reducida dimensión, de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades, el pago de tasas judiciales «provoca en muchos casos, dada la actual crisis económica, que no puedan acceder a la justicia, por no tenerse en cuenta su capacidad económica».
NUEVE PARLAMENTOS AUTONÓMICOS HAN APROBADO PNLs SIMILARES
Hasta la fecha, nueve parlamentos autonómicos han aprobado pnls instando al Gobierno de la nación a derogar las tasas judiciales para pymes y ONGs: Andalucía, Canarias, Navarra, Madrid, Aragón, País Vasco, Castilla-La Mancha, Cantabria y Murcia.
En todos esos casos, como en el del Congreso, el motor que lo ha impulsado ha sido la Brigada Tuitera.
Todos los partidos políticos con representación parlamentaria -a excepción del PP- se comprometieron en las pasadas elecciones a suprimir las tasas para pymes y ONGs.
“La tutela exige que los ciudadanos tengan acceso efectivo a la Administración judicial, sin tasas”, declaró Albert Rivera, de Ciudadanos. “Mi compromiso es suprimir trabas que impiden que la ciudadanía pueda acceder a la justicia en igualdad”, escribió Pedro Sánchez, líder del PSOE, en Change.org. “Podemos no contempla otra justicia que no sea gratuita”, manifestó Pablo Iglesias, Podemos. “Un derecho fundamental no puede estar condicionado a los recursos de cada uno”, Alberto Garzón, de Izquierda Unida-Unidad Popular.
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