La reforma de la jurisdicción universal, impulsada por el Gobierno del Partido Popular en 2014, la ha dejado tan mutilada en España que hace casi imposible su aplicación. A día de hoy sólo quedan abiertas cuatro causas, de acuerdo con el informe de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), presentado en Madrid por el conocido exjuez, y ahora abogado, en el Colegio de Abogados de Madrid.
La jurisdicción universal, por lo tanto, agoniza.
En el informe, Garzón hace mención expresa a la crítica que la Sala Segunda del Tribunal Supremo, hizo a esta reforma en un reciente auto de 18 de abril de 2016 en el que se puede leer que «la nueva regulación del principio de justicia universal con respecto a los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra ha procedido a una restricción tan sustancial del derecho de los ciudadanos españoles víctimas de tales delitos en el extranjero, que excluye de forma expresa su acceso a la jurisdicción para defender sus derechos dentro del territorio español, dadas las escasísimas posibilidades de uno de los autores resida habitualmente en España».
El auto se emitió en el marco del recurso de casación presentado contra el sobreseimiento del caso de las víctimas españolas de crímenes de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra en los campos de concentración nazis de la Segunda Guerra Mundial.
A pesar del elogio al Supremo, sin embargo, Garzón no escatimó tampoco críticas: «Es loable lo que ha hecho la Sala Segunda, pero deja de dar una respuesta a los crímenes franquistas».
Desde su punto de vista, el Tribunal Supremo, como «cúspide» del sistema jurídico español «tiene la posibilidad de hacer algo más que decir lo evidente» y debe proteger a las víctimas, algo que no hace.
De acuerdo con el exjuez, después de esa reforma sólo ha quedado abierto un «ventanuco»: «La posibilidad de afirmar la jurisdicción española si se constata la presencia de españoles entre las víctimas de un crimen de terrorismo. Algunos letrados pudieron rectificar así los delitos de lesa humanidad como actos terroristas cuando entre sus defendidos hubiera algún español», dice el informe.
Es lo que ha permitido mantener con vida legal los casos Ellacuría, Carmelo Soria, Boko Haram y el Sahara Occidental.
«Incluso la investigación del narcotráfico en aguas internacionales quedaba afectada y hubo que redefinirse su perseguibilidad por vía jurisprudencia y la persecución de la corrupción internacional, necesitada de interpretaciones forzadas por los ‘despistes’ de la ley», añade.
El informe concluye con que España «no sólo niega la justicia a la víctimas extranjeras de graves violaciones de derechos humanos sino que también deja en situación de desamparo a las víctimas españolas que sufran delitos internacionales en el extranjero». Y apunta a que hay aspectos en la ley que podrían ser inconstitucionales.
Especialmente en lo referido a la denegación de la tutela judicial efectiva, el incumplimiento de las obligaciones suscritas por España y la debida separación de poderes.
La citada reforma está recurrida ante el Constitucional, pero esto no ha sido impedimento para que los casos de Tíbet, Ruanda y Congo, Falun Gong, Couso, Guantánamo, Palestina, Guatemala o la persecución a los «narcobarcos» hayan sido archivadas.
Frente a lo ocurrido en España, el informe destaca los avances en esta materia que se han dado en Argentina -con la querella contra los crímenes del franquismo-, esfuerzos a los que se han sumado los de Senegal contra el exdictador del Chad, Hissène Habré, y otros en Chile y Sudáfrica.
Durante su intervención en la presentación de este informe, Garzón se ha referido a la posición del Tribunal Supremo en cuanto a la justicia universal y ha señalado que «no deja de ser sorpresiva», puesto que a su juicio, «ha tenido mucho margen para pronunciarse».
