James ‘Fergie’ Cox Chambers Jr. seguirá en prisión mientras la justicia española decide si lo entrega a Estados Unidos.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado su petición de libertad: los magistrados de la Sección Segunda desestiman el recurso de su defensa y confirman la decisión del magistrado instructor Antonio Piña, que el 9 de septiembre le denegó por segunda vez la libertad provisional.
Washington lo reclama, según el resumen difundido por el Poder Judicial, por lavado de dinero internacional con la intención de promover actividades de organizaciones terroristas.
El patrimonio como argumento
El razonamiento del tribunal descansa sobre dos elementos que el propio reclamado ha puesto encima de la mesa.
Chambers no quiere ser extraditado y dispone, como él mismo alega, de medios económicos suficientes para trasladarse a otro país que le garantice no ser entregado. De ahí concluye la Sala que la prisión es «la única medida idónea para garantizar el éxito de la entrega».
El tribunal aprecia riesgo de fuga y rechaza las medidas alternativas que proponía la defensa, entre ellas la prestación de una fianza.
Añade que la comparecencia sobre la entrega se celebrará en fechas próximas y que será entonces cuando se examinen uno a uno los argumentos del reclamado contra la petición estadounidense. La Sala deja así el fondo, incluida la alegación de persecución política, para la vista de extradición.
Detenido en Ibiza
Chambers fue detenido el 10 de julio en Ibiza en cumplimiento de una orden de la Audiencia Nacional, tras una solicitud de extradición del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Quedó a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 6, cuyo titular, Antonio Piña, estaba entonces de guardia.
Heredero del conglomerado Cox Enterprises, en 2023 recibió unos 250 millones de dólares por la venta de su participación en la empresa familiar.
En el centro de la acusación estadounidense figura una transferencia de 7,5 millones de dólares desde Estados Unidos a Túnez, país donde Chambers vivió un tiempo.
El Departamento de Justicia le atribuye además participación en disturbios, conspiración para promoverlos y blanqueo internacional de capitales.
La versión de la defensa
Chambers niega los hechos. El despacho de Baltasar Garzón, ILOCAD, asumió su defensa con el objetivo de demostrar que las actividades investigadas responden únicamente a fines humanitarios.
El reclamado reconoce haber destinado 10 millones de dólares a causas humanitarias en Palestina, entre ellas un horno para alimentar a la población y proyectos hospitalarios.
En la comparecencia del 28 de septiembre ante Piña, Chambers sostuvo que el Gobierno de Donald Trump lo persigue y que la complejidad del caso hace difícil preparar su defensa desde prisión.
Negó el riesgo de fuga, porque su hijo está escolarizado en España y su mujer, embarazada, reside en Madrid.
Ofreció comparecer a diario, entregar el pasaporte, llevar pulsera telemática o pagar una fianza, e invocó el principio de especialidad. También ha iniciado una solicitud de asilo en España.
El Gobierno, última palabra
El Consejo de Ministros autorizó la continuación del procedimiento y dejó en manos de la Audiencia Nacional determinar si la extradición es legalmente posible.
Si el tribunal la declara procedente, la decisión final sobre su ejecución corresponderá al Gobierno.
