La letrada de la Administración de Justicia (antes secretaria judicial) del Juzgado Central de Instrucción 5, Ana Esther Sánchez, ha reclamado al Partido Popular 1.245.154,18 euros y le ha dado diez días para materializarlo como responsable civil subsidiario de sus tres extesoreros y la empresa Unifica.
En caso de no hacerlo, con toda probabilidad se ordenaría el embargo de la sede central del PP, en la calle Génova.
Dicha cantidad corresponde a la fianza que el juez José de la Mata le impuso, en el auto de apertura de juicio oral por el caso Bárcenas sobre la caja B de ese partido.
La mencionada letrada ha comunicado esa decisión en un escrito de diligencia de ordenación tras comprobar que ni los extesoreros del PP, Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Cristóbal Páez ni el despacho de arquitectos Unifica Servicios Integrales, S.A., habían hecho frente a las fianzas que les habían sido impuestas en el auto del juez de 28 de mayo de 2015.
De la Mata exige esa cantidad al Partido Popular por dos conceptos: 220.167,04 euros por el impuesto de sociedades de 2008 que no presentaron, en el que estarían comprendidas las donaciones en negro, integrada en su «Caja B», y 1.024.987,14 de euros, del impuesto de sociedades que Unifica no pagó en 2007.
El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional impuso a los extesoreros Alvaro de Lapuerta y Luis Bárcenas fianzas de 8.988.559,77 euros cada uno, y a Cristóbal Páez de 7.441.581 euros, en el mencionado auto.
La cantidad que le correspondió a Unifica, el despacho de arquitectos que reformó la sede del PP en la calle Génova, fue de 4.524.851,67 euros.
El PP es responsable civil subsidiario y debe responder por todos.
EL PP RESPONDERÁ, SEGÚN LEVY
La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha asegurado que su partido depositará la fianza que le solicita el juez de la Audiencia Nacional que investiga la financiación con ‘cajas B’ del PP, pero ha recordado que no es una multa ni una condena y que la formación PP sigue negando los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’ que dan lugar al caso.
«Este juicio se dirime en base a unos papeles aportados por el señor Bárcenas que nosotros hemos negado. Tendrá que demostrar que son auténticos y que los datos contenidos allí lo son», ha dicho Levy en rueda de prensa, en la que no ha querido hacer más valoraciones sobre el contenido del requerimiento del juez y la existencia de ‘cajas B’ en su partido desde 1990 hasta 2008. «Eso debe dirimirse en el juicio oral», ha dicho. CONFILEGAL/EP.
