El exalcalde de Barcelona Xavier Trias ha rechazado que pagar el alquiler del llamado ‘banco expropiado‘ pueda ser considerado como malversación y se ha mostrado convencido de que la decisión fue «ajustada a derecho» y «en respuesta al interés general de la ciudad», con ella se quería evitar disturbios como los producidos tras el desalojo del pasado lunes.
Acompañado por otros siete concejales de CiU, Xavier Trias se ha puesto a disposición de la Fiscalía y ha insistido: «Esta es una decisión con la que políticamente se puede estar o no de acuerdo, pero estamos seguros de que es adecuada a derecho».
El presidente de grupo municipal de CiU, Xavier Trias, compareció ante la prensa para comentar la apertura de investigaciones por parte de la Fiscalía de Barcelona para averiguar si cometió un delito de malversación por pagar a la inmobiliaria propietaria de la finca por el alquiler del local ocupado, que ascendía a 65.500 euros al año.
También aseguró que el expediente administrativo del alquiler se llevó a cabo «técnica y jurídicamente de forma impecable» y con todos los informes jurídicos correspondientes, tras lo que ha insistido en que están dispuestos a ofrecer la máxima colaboración para aclarar los hechos, ya que no tienen nada que esconder, ha sentenciado.
«Era la solución menos mala», ha apuntado Xavier Trias, ya que los informes indicaban que el desalojo, previsto para finales de 2014, sería «muy conflictivo por lo emblemático del local» -una antigua oficina de un banco rescatado con fondos públicos- y por las simpatías que generaba en su entorno y en los círculos okupa.
«Todo lo que está pasando nos está dando la razón«, ha señalado Trias en relación al conflictivo desalojo del local ocupado, que ha originado varias noches de disturbios en Gràcia, y ha explicado que su gobierno tomó la decisión de pagar un año de alquiler «para ganar tiempo para encontrar una salida».
El exalcalde ha insistido en que fue una fórmula provisional, excepcional y limitada en el tiempo que no se tomó en ningún otro caso durante el mandato y, tras recordar que el ejecutivo de Ada Colau rechazó seguir pagando el alquiler.
Sin embargo, según publica El Mundo, en el contrato, también precisa, contrariamente a lo que ayer manifestó Trias, que el contrato de alquiler podía ser renovado trimestralmente cuando finalizase la vinculación inicialmente fijada entre el Ayuntamiento y la propietaria del banco okupado, Antartic Vintage. (CONFILEGAL/EP)
