Ni Iñaki Urdangarín ni su socio, Diego Torres, han mostrado ningún tipo de arrepentimiento ni han devuelto el dinero defraudado. Por eso el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, mantiene su petición de 19 años de cárcel para el exduque y de 16 y medio de prisión para su exsocio.
Para Horrach está claro que ambos urdieron y lideraron una trama empresarial con la que lograron apoderarse de hasta 6,2 millones de euros de las Administraciones públicas eludiendo los requisitos exigidos por las normas de contratación pública, informaron fuente jurídicas a Europapress.
El fiscal dará a conocer esta mañana estas conclusiones en presencia de los 17 acusados que se sientan en el banquillo y que este viernes estarán de nuevo presentes en la sala.
Según Horrach, Urdangarin y Torres pusieron en marcha una estructura hueca de contenido real y urdieron «una maraña de facturación ficticia» para hacerse con el dinero público. Y para ello utilizaron el Instituto Nóos, al que manejaron «a su antojo» junto a otras mercantiles de su propiedad para que «operasen al servicio de sus intereses comerciales».
Un requisito indispensable para que el fiscal pudiera rebajar la pena a ambos acusados pasaba por que hicieran frente a una solicitud de 6,2 millones de euros en responsabilidades civiles a raíz de los fondos presuntamente defraudados en Baleares (2,6 millones de euros), Comunidad Valenciana (3,5 millones) y Madrid (114.000 euros).
El fiscal mantiene las mismas penas para todos los acusados excepto para la exconsejera delegada de Madrid 16, Mercedes Coghen, y para los exaltos cargos de Baleares acusados, para quienes rebaja su petición: el expresidente del Govern, Jaume Matas, el exdirector general de Deportes del Govern balear, José Luis ‘Pepote’ Ballester, el exgerente de la fundación pública Illesport Gonzalo Bernal, el exgerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), Juan Carlos Alía, y el exasesor jurídico de esta empresa Miquel Àngel Bonet.
Mientras tanto, la Fiscalía reclama dos años de cárcel para la mujer de Torres por un delito de blanqueo de capitales, y otros dos años para el hermano de ésta y excontable del Instituto Nóos, Marco Antonio Tejeiro.
LAS EMPRESAS DEL ENTRAMADO
El fiscal subraya cómo para defraudar a las instituciones públicas tanto Urdangarin como Torres fijaban precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado. Fondos que acababan así en manos de empresas controladas por los dos imputados.
Se trata de Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, mercantiles de las que eran propietarios y administradores y que, junto al propio Instituto Nóos, han centrado el foco de atención de las investigaciones. EP.
