El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido. (Confilegal)
Conde-Pumpido califica de «demagógico» pedir suprimir todos los aforamientos
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16/6/2016 07:56
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Actualizado: 16/6/2016 09:41
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El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Cándido Conde-Pumpido, ha reconocido que el número de personas beneficiadas por los aforamientos es excesivo, pero ha puntualizado que «es demagógico decir que hay que suprimirlos todos» ya que algunos vienen establecidos por la Constitución y «son necesarios».
Así lo ha afirmado antes de ofrecer la conferencia, «La reforma de los delitos relacionados con la corrupción» dentro de la XXIII Jornadas de Derecho «Enrique Ruiz-Vadillo» en la sede de la UNED en Melilla.
Según el Cándido Conde-Pumpido, al hablar de los aforamientos hay que tener en cuenta que en una intervención «frente a los más altos cargos del Poder Ejecutivo se debe actuar también desde los más altos niveles del Poder Judicial» por el respeto que debe haber entre los poderes del Estado.
En la conferencia también ha destacado que la Justicia «no es suficientemente rápida» así como que los procedimientos que se utilizan «son obsoletos» con una «Ley de Enjuiciamiento Criminal del siglo XIX, la única que no se ha actualizado desde la Constitución».
«Necesitamos actualizar la normativa, dotar a los jueces de mayores medios e independencia» además de, tener una leyes «más completas y eficientes», ha precisado.
El magistrado del Supremo también ha defendido la independencia del máximo órgano judicial.
Conde-Pumpido ha asegurado que quedan muchas cosas por hacer para combatir la corrupción, como por ejemplo, introducir «el delito de enriquecimiento ilícito de los altos cargos», que no se ha incorporado, y resolver «incongruencias», como el delito de financiación ilegal de partidos políticos, que «no está sancionado con pena de prisión hasta apropiaciones superiores a 500.000 euros».
En estas XXIII Jornadas de Derecho Enrique Ruiz Vadillo también han participado el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes; la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal o el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, entre otros.
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