Foro Judicial Independiente (FJI), una de las cuatro asociaciones de jueces, afirma que el Estado da un trato «vergonzoso» a sus nuevos jueces porque cuando cumplen su periodo de formación en la Escuela Judicial quedan en expectativa de destino, con funciones de apoyo a los jueces de adscripción territorial. Sin plaza.
Para FJI, “esto es consecuencia de la falta de creación de plazas judiciales”.
Por ello, la asociación apoya públicamente la reivindicación de estos nuevos jueces de que «se les permita elegir la provincia donde van a desarrollar dicha función, como modo de compensarlas la precariedad de la situación en la que quedan”.
La oposición a jueces es una de las más duras de nuestro país. Los “elegidos” invierten, como promedio, 4,5 años de media para sacarla. Y la consecuencia es que, hoy por hoy, los primeros años se ven trabajando en precario.
En consecuencia, FJI pide “a las fuerzas políticas (que en campaña electoral, e incomprensiblemente, casi no están haciendo mención a los graves problemas de la Justicia española) que asuman la petición tantas veces reiterada por las asociaciones judiciales de incrementar la planta judicial y adecuarla a la media europea”.
“No sólo para evitar que se vuelvan a repetir situaciones como las vividas por las últimas promociones de jueces, condenadas a la ‘expectativa de destino’, sino también como uno de los modos de acabar con la sobrecarga que padecen actualmente los tribunales españoles que, además de suponer un riesgo para la salud de la mayoría de jueces y magistrados de este país, afecta a la calidad de la justicia que el ciudadano recibe de sus tribunales, incapaces de dar a éste una rápida solución a sus problemas, con la consiguiente merma de sus derechos”, añaden.
FJI llama la atención, asimismo, sobre la “dudosa constitucionalidad” del artículo 307 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que obliga a quienes aún son alumnos de la Escuela Judicial a ejercer plenamente de jueces, “pero sin los derechos profesionales de éstos (retributivos, entre otros) y sin las garantías constituiconales de inamovibilidad e independencia propias de un Estado de Derecho”.
Finalmente, reclaman a los partidos políticos sentido común en esta materia “y el compromiso de derogar la actual redacción de dicho precepto” una vez que se inicie la nueva legislatura.
