El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, cree que todos los indicios apuntan a un «delito» en la grabación de las conversaciones entre Jorge Fernández Díaz y el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, si bien espera el resultado de la investigación para, en todo caso, ponerlo en conocimiento de la Fiscalía.Según Catalá, «es un hecho objetivo» que la grabación, al margen del contenido de la misma, es «ilegal» en tanto se ha producido y difundido sin el consentimiento de ningunas de las partes.
«La única grabación legal según la doctrina del Tribunal Constitucional es cuando uno de los participantes lleva a cabo dicha grabación. Si ninguno de los dos lo hace, ésta es ilegal», ha precisado el titular de Justicia, quien ha agregado que se ha cometido un delito tipificado en el Código Penal.
Así, ha recordado que el Ministerio del Interior está investigando las circunstancias en las que se produjo la grabación de la conversación telefónica y en cuanto tenga esa información «se valorará si se pone en conocimiento de la Fiscalía o se insta para que se investigue ya con un contenido jurídico penal».
El ministro en funciones ha realizado estas declaraciones a los medios antes de clausurar un seminario sobre corrupción impartido en la Universidad Rey Juan Carlos.
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Durante su intervención en la Universidad Rey Juan Carlos, Rafael Catalá, ha reclamado la «profundización» en una justicia «más abierta, transparente y accesible» como medio para aumentar «el éxito en la lucha contra la corrupción».
Además, ha incidido en que la forma más eficaz para luchar contra «la lacra de la corrupción tanto pública como privada que amenaza la estabilidad y la seguridad de las sociedades» es «transitar hacia un modelo de Estado abierto que incorpore atributos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana».
El titular de Justicia ha explicado que los casos de corrupción de los últimos tiempos «demuestran que el estado de derecho funciona, que la policía hace su trabajo, y que la justicia y la ley actúan para todos», independientemente del «nombre, siglas o cargo», ha matizado. (CONFILEGAL/EP)
