De izquierda a derecha y de arriba a abajo, Alfredo Domínguez, Cristina Coto, Juan Antonio García Jabaloy, Alonso Hurtado, Ignacio Sánchez y Raquel Mendieta.
Despachos de abogados y cumplimiento normativo: una relación fructífera (y II)
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01/7/2016 07:58
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Actualizado: 30/6/2016 23:39
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En cinco años, la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha sufrido dos modificaciones importantes. En la reforma penal del 2010 se situó en el mapa con poca precisión. Cinco años más tarde, con la última modificación del Código Penal se introducía ya el llamado cumplimiento normativo en las empresas.
En la actualidad, las empresas advierten la necesidad de prevenir el delito en su seno y de contar con un despacho externo que pueda dar la solución a la puesta en marcha de ese sistema de prevención que contará con la figura del ‘compliance officer’ (responsable del cumplimiento normativo), así con sistema disciplinario y canal de denuncia interno, tal y como señala la ley.
En esta segunda entrega del reportaje que analiza los modelos de ‘compliance’ (cumplimiento normativo) de los despachos más punteros de la abogacía de los negocios, podemos explicar la actividad de firmas como Cuatrecasas Gonçalves Pereira, DLA Piper, CMS ALbiñana y Suárez de Lezo, Écija, Hogan Lovells y Ashurt, despachos que ofrecen este servicio al mundo empresarial.
CUATRECASAS GONÇALVES PEREIRA
Alfredo Domínguez es el socio de Cuatrecasas responsable del área de ‘corporate compliance’ (cumplimiento normativo corporativo) de la firma desde la primera reforma del 2010.
“Teníamos ya la práctica organizada cuando se hizo pública la propuesta de reforma penal un año antes. En aquel inicio Madrid era el foco de trabajo corporaciones internacionales, empresas del IBEX e instituciones financieras y farmacéuticas eran clientes”, cuenta Domínguez.
Sin embargo, en el 2015 se pone patas arriba el mercado. “A este respecto. la reforma penal de ese año de la que celebramos el primer aniversario deja claro la importancia del cumplimiento normativo para las empresas. También la circular de la FGE 1/2016 aclara conceptos sobre esta materia y las primeras sentencias del Supremo, cuatro y algunas de órganos inferiores son claves en este aspecto”, destaca el letrado de Cuatrecasas.
Alfredo Domínguez, socio de Cuatrecasas Gonçalves Pereira, es el responsable del área de cumplimiento normativo corporativo de la firma.
En este escenario este grupo de ‘corporate compliance’ extiende su actuación a otras grandes ciudades españolas y a clientes con tamaño y sensibilidad diferente de los citados que siguen reclamando el servicio.
“Hemos crecido mucho en oficinas territoriales lo que ha hecho que el departamento crezca. Mantenemos el liderazgo del grupo de derecho penal desde donde coordinamos otras prácticas”, revela Domínguez.
Bancario, protección de datos; propiedad intelectual, laboral, medioambiente y fiscal ayudan a diseñar el servicio transversal de corporate compliance de Cuatrecasas “ Al final creas grupos de trabajo de dichas jurisdicciones para dar servicio al cliente en una necesidad específica”; destaca,
Cuestiones como la definición de lo que es un ‘compliance officer’ como persona de control, o la detección de ciertos riesgos en relación con la intimidad de los trabajadores y la puesta en marcha de sistemas disciplinarios en las empresas ante los incumplimientos en materia de compliance son algunos aspectos que preocupan a las empresas en esta actividad a juicio de Domínguez
CMS ALBIÑANA Y SUÁREZ DE LEZO
El despacho español integrado en la red CMS dispone de su área de corporate compliance desde que la abogada del Estado, Cristina Coto se incorporase en diciembre del 2014 como socia en el área de procesal.
Coto, jefa de gabinete del que fuera ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, tuvo mucho que decir en la última reforma penal del 2015 según dicen los expertos.
Cristina Coto, socia de CMS Albiñana y Suárez de Lezo, es responsable del área de procesal.
Desde esa fecha, en estos dos años se han multiplicado las actividades formativas tanto en el seno del despacho, como de cara a sus clientes.
Recordar que recientemente se celebró un evento en su nueva sede de Madrid donde acudió Consuelo Madrigal, FGE, quien analizo las ventajas de que las empresas tuvieran su política de prevención de delitos bien gestionada, sobre todo desde el punto de vista de la reputación y buen gobierno.
Hace dos meses CMS publicaba una guía sobre «responsabilidad de las sociedades holding» en 17 países europeos, que analiza cuándo una sociedad matriz se puede considerar responsable del comportamiento de una filial. La guía ofrece conocimientos técnicos para valorar el riesgo de los grupos de sociedades y es una herramienta de gran utilidad.
La guía destaca como uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta por los grupos de empresas con filiales en España que, tras las últimas reformas legales en materia de compliance penal, los protocolos de prevención de delitos de la matriz no son siempre válidos para estas filiales, por lo que deben implementar programas específicos, adaptados a las nuevas exigencias de la normativa española.
En este último año, el mundo empresarial ve con más seriedad la necesidad de desarrollar su política de prevención del delito. La reforma del 2015 y los fallos del Supremo han clarificado el escenario.
DLA PIPER Y SU MODELO DE PREVENCIÓN DEL DELITO
En el caso de este despacho internacional, incorporó recientemente a Juan Antonio García Jabaloy, fiscal de la Audiencia Nacional para liderar esta práctica.
“El área de Compliance se integra dentro de la disciplina penal económico. La configuran tres letrados y otro más como coordinador que soy yo”, apunta nuestro interlocutor.
Desde su punto de vista “las empresas se empiezan a dar cuenta que desde la última reforma penal tienen una obligación y pueden llegar a incurrir en responsabilidad criminal. El propio Código Penal 31 bis señala el modo para evitar caer en dicha responsabilidad”, añade.
Juan Antonio García Jabaloy, hasta hace unas semanas fiscal de la Audiencia Nacional, es el gran fichaje de DLA Pier para capitanear esta especialidad en la firma.
En dicho artículo se habla de exención de la citada responsabilidad criminal o atenuación, como grado mínimo.
“ Tan pronto como las empresas han advertido que esto existe, su disposición es absoluta en materia de desarrollo de su plan de cumplimiento normativo para contactar con su asesor externo legal y configurar su modelo propio de compliance”.
En su opinión, lo peor para las empresas que tienen que adaptarse a este complejo modelo de cumplimiento normativo es “lo más difícil de asumir es que a partir de ahora tendrán que regirse por unas reglas y que deben de contar con un órgano de supervisión y control, ajeno al Consejo de administración o al órgano de dirección de la empresa, que supervisará independiente dicha actuación”:
Otras cuestiones como el tener un sistema disciplinario o disponer de un mecanismo anónimo y seguro de denuncias son elementos que también costarán a las empresas adaptarse, por no estar aconstumbrados a ellos, señala García Jabaloy.
“En países como Italia y EEUU hay más tradición y en nuestro país tendremos que crear la cultura empresarial que no existe aún sobre estos temas”, indica.
ÉCIJA Y SU ÁREA DE RISK & COMPLIANCE
Desde este despacho español, Alonso Hurtado, responsable del área de Risk & Compliance (riesgo y cumplimiento normativo) impulsada desde el bufete, también señala que la reforma del 2015 donde se desarrollo la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas”, ha hecho que un gran número de empresas se hayan planteado, por primera vez, llevar a cabo la implantación de planes de ‘compliance’”.
Alonso Hurtado es responsable del área de «Risk & Compliance» de la firma Écija.
El área cuenta con tres socios y ocho abogados dedicados en exclusiva a este área de práctica y está dirigida por Alonso Hurtado (Madrid) y Carlos Pérez (Barcelona).
Como fichaje a destacar cabe mencionar a César Zárate, que se incorporó el pasado mes de noviembre como responsable del área de derecho penal de la firma, con 10 años de experiencia.
Para este experto, estamos ante un concepto muy novedoso “para la mayoría de las entidades que operan en el mercado español, y existe todavía una escasa cultura en materia de cumplimiento, confundiéndose en muchas ocasiones con la asesoría jurídica de las empresas.”
A su juicio, son dos cuestiones diferentes: “Una se ocupa tradicionalmente del asesoramiento permanente de la organización para garantizar el cumplimiento de las diferentes normativas aplicables (asesoría jurídica), la otra se ocupa de verificar y en su caso proponer acciones de cambio del efectivo cumplimiento normativo, así como de proponer los cambios considerados esenciales para garantizar la adecuada gestión de riesgos derivados de incumplimientos normativos.”
Desde su punto de vista, lo peor que llevan las empresas es que “derivado del escaso nivel de madurez en materia de ‘compliance’, existe un gran vacío o una importante deficiencia en el conocimiento de las metodologías, propias de consultoría y no de áreas jurídicas, para lograr el adecuado diseño, implantación y mantenimiento de programas y sistemas de gestión que sean realmente efectivos en las organizaciones».
HOGAN LOVELLS Y EL PENAL ECONÓMICO
El área de derecho penal económico de la oficina de Hogan Lovells en Madrid está liderada por Ignacio Sánchez (‘counsel’, consejero). Ignacio presta asesoramiento exclusivo en derecho penal económico, asesorando a empresas y particulares en procedimientos criminales, ya sea como parte querellada o acusación.
Ignacio Sánchez, consejero de Hogan Lovells en Madrid, lidera el área de derecho penal económico de esta firma.
Su experiencia incluye todo tipo de fraudes contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y fraudes comerciales, incluyendo bancario, seguros, internet, insolvencia, malversación y fraude por parte de empleados de sociedades.
El área está compuesta por otros 3 abogados: Guillermo Meilán, Sonsoles Pérez-Bryan y Pablo Torán, quien acaba de incorporarse desde el Bufete Mas y Calvet.
Pablo Torán es licenciado en derecho por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con una dilatada experiencia en asuntos de derecho penal económico (delitos societarios, propiedad industrial y/o administración desleal), derecho penal militar y concursal.
Además participa activamente en el diseño e implantación de programas de prevención de riesgos penales en empresas, investigaciones internas y procesos de ‘due diligence’ (diligencia debida).
Guillermo Meilán es licenciado en Derecho y en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid y cuenta con un posgrado en ‘compliance’.
Cuenta con amplia experiencia en la implantación y revisión de programas de cumplimiento penales (‘compliance programs‘) y participa con regularidad en el desarrollo de investigaciones internas, principalmente en compañías multinacionales extranjeras que operan en España.
Por último, Sonsoles Pérez-Bryan es licenciada en derecho por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con un máster en Derecho Penal Económico de la Universidad Rey Juan Carlos. Sonsoles tiene experiencia en fraudes contra la Hacienda Pública y fraudes por parte de empleados de sociedades. Participa activamente en el diseño e implantación de programas de compliance para empresas de acuerdo con los requisitos legales que establece el código penal
ASHURST Y SU PRÁCTICA TRANSVERSAL
En la oficina de Madrid del despacho internacional Ashurst, Raquel Mendieta, ‘counsel’ del despacho y coordinadora de la práctica de ‘corporate compliance’. Una práctica que se aplica a todos los sectores de actividad desde grupos multidisciplinares. Así se trabaja en Derecho penal, tributario, de la competencia y de las instituciones financieras (incluyendo seguros).
La firma acaba de organizar en su propia sede un evento sobre compliance en materia fiscal, una práctica que bastante llama la atención a las empresas, con gran afluencia de asesores jurídicos de entidades para conocer realmente cómo detectar los riegos en esta materia y establecer la prevención desde el cumplimiento normativo adecuado.
Raquel Mendieta es la coordinadora de la práctica de ‘Corporate Compliance’ en Ashurst.
En este último año, como igual ha pasado en otros despachos de la abogacía de los negocios, el área de ‘Corporate Compliance’ de este despacho ha tenido bastante actividad. No solo en empresas reguladas y del IBEX 35 sino también en relación a otras empresas de menor tamaño pero que ven que están obligadas por ley a tener este sistema de prevención del delito.
Desde Ashurst, se insiste en que en este último años las empresas están más mentalizadas de lo que supone la prevención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Tanto la reforma del 2015 donde se especifica mejor esta práctica, como la Circular 1/2016 de la FGE y los recientes fallos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo están marcando el camino a seguir por esta práctica que tiene todos los visos de quedarse en el mundo de la empresa.
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