La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a seis años de prisión a un abogado por estafar a extranjeros en situación irregular a los que solicitaba dinero con la promesa falsa de obtener un permiso de residencia y trabajo.
El ahora condenado configuró una serie de empresas ‘ad hoc’ de las que era administrador único y sin actividad económica ni trabajadores reales para dar apariencia de veracidad a su entramado.
Pese a que no se ha podido determinar con exactitud las cantidades abonadas por las víctimas, aunque la sentencia acredita un beneficio ilícito que superaría los 100.000 euros.
Simultáneamente y para hacer creer que su bufete tenía una actividad de la que en realidad carecía, contrataba como becarios a jóvenes letrados recién salidos de la facultad, a los que despedía al poco tiempo. Fue precisamente una de las becarias quien denunció al letrado y se estima que contrató a más de 100 becarios durante su actividad delictiva.
La ubicación de las oficinas en el centro de Madrid (Plaza de las Cortes) y la dedicación de los jóvenes abogados servían de reclamo a los extranjeros en situación irregular, que entregaban al condenado el dinero que les solicitaba para la tramitación de sus permisos de residencia.
La sentencia recoge que, con el transcurso del tiempo sin obtener los permisos, se «originaban numerosas llamadas y visitas al despacho por parte de los clientes, quienes se quejaban y protestaban airadamente» por su situación, «produciéndose escenas dramáticas como gritos, lloros e incluso una mujer que amenazó con arrojarse por la ventana desde la octava planta en que se hallaban las oficinas».
No obstante, el abogado para mantener la estafa les presentaba una nueva oferta de trabajo mediante una empresa distinta, también creada ‘ad hoc’ con el propósito de obtener nuevas cantidades de dinero. En ocasiones las solicitudes ni se presentaban, haciendo creer a los clientes que estaban pendientes de resolución.
Durante los años 2002 y 2003 el condenado presentó unas 110 solicitudes de permiso y trabajo por cuenta ajena, de las que sólo se concedieron trece. Entre los años 2004 y 2006 presentó otras 407, de las que sólo se concedieron cuatro, y en el año 2007, seis más. La actividad cesó tras la denuncia de una de las abogadas del despacho, convencida de que lo que ocurría no era limpio.
En la sentencia, los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid consideran «especialmente reprochable la actuación del condenado, ya que para obtener su lucro personal no dudó en montar durante años una trama criminal en la que se ha aprovechado de numerosos extranjeros con escasa formación y en utilizar a jóvenes abogados, hasta 150, lógicamente ilusionados con su primer trabajo, a los que no sólo les ocultó la realidad de la actividad para la que se les contrató, sino que los iba despidiendo uno tras otro sin a veces pagarles lo que acordaron cobrar».
«A tal grado llegaba el dolor que causaba el acusado que fue precisamente una de las becarias la que denunció los hechos tras comprobar las numerosas quejas e incluso lloros que llegó a presenciar de los pobres extranjeros, víctimas engañadas y desplumadas de sus escasos haberes, cantidades de dinero que para ellos eran vitales y para el acusado no eran más que nuevos ingresos que hacía suyos, sin el menor escrúpulo», recoge la sentencia contra la que cabe recurso de casación al Tribunal Supremo.
