Baltasar Garzón: “Europa debe forzar a Turquía a abrir sus puertas para que conozcamos lo que está sucediendo”
Baltasar Garzón en una foto del pasado mes de agosto. Confilegal.

Baltasar Garzón: “Europa debe forzar a Turquía a abrir sus puertas para que conozcamos lo que está sucediendo”

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21/7/2016 07:58
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Actualizado: 26/11/2021 12:59
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“Europa debe forzar a Turquía a abrir sus puertas para que conozcamos lo que está sucediendo allí. Tenemos que propiciar que una comisión internacional investigue lo ocurrido”, explica Baltasar Garzón a Confilegal sobre el fallido golpe de Estado turco, en el que 12 horas después de frustrarse, 2.745 jueces y fiscales fueron cesados de sus puestos.

“Europa no puede, bajo ningún concepto, ceder ante la presión del gobierno turco que no comporte una clarificación de todo lo que está sucediendo y una garantía de absoluta del respeto a los derechos humanos y a las garantías procesales”, añade el abogado y presidente de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR).

“La Unión Europea no tiene más que esta opción. El Parlamento Europeo tiene que comprometerse y los consejos generales de los poderes judiciales europeos tienen que manifestarse públicamente. No se puede legitimar la represión que se está llevando a cabo por orden del presidente Tayyip Erdogán”, agrega.

Según el exjuez, antes del fallido golpe había mantenido una reunión con la Unión Progresista de Fiscales y con MEDEL (Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades), la asociación a la que está afiliada la turca YARSAV.

“A ellos no les habían permitido entrar en algunas prisiones de Turquía para ver a unos jueces y fiscales que estaban ya presos”, cuenta Garzón.

EL GOLPE DE ESTADO, UNA EXCUSA

Desde su punto de vista, el fallido golpe de Estado “ha sido una excusa para hacer tabla rasa y represaliar a periodistas, jueces, fiscales, educadores…, es decir, a todo el sector crítico que estaba cuestionando esa tendencia al radicalismo islámico que está experimentando Turquía. Son ya más de 20.000 personas las que han sido represalias. Es evidente que un golpe militar no se organiza con 20.000 personas.”

La noticia de reinstaurar la pena de muerte en Turquía va en la línea de la represión, en opinión del exmagistrado.

La pena capital fue abolida en 2004 por el gobierno de Ankara para entrar en la Unión Europea, una condición sine quanon para formar parte de la organización del Viejo Continente.

“Es todo muy sospechoso. Demasiado sospechoso. La evolución del propio golpe. La represión cuando no había necesidad de que se siguiera haciendo, porque ya había fracasado. El uso masivo de los ciudadanos. El mantenimiento, cuando están neutralizados los posibles focos de respuesta, todo apunta a que el golpe ha venido a pedir de boca para tomar unas decisiones que antes eran imposibles”, señala.

300.000 DOCUMENTOS EN WIKILEAKS

Garzón, que es abogado defensor del australiano Julian Assange, fundador de Wikileaks, revela que esta organización ha hecho público 300.000 documentos del gobierno del presidente Erdogan que llegan hasta una semana antes del golpe de Estado.

“No conozco los documentos pero me consta que tienen mucho interés y que van a arrojar luz sobre las verdaderas intenciones y actividades de un régimen que, para mí, ofrece demasiadas dudas y le falta muchísima transparencia. Y ahora más”, puntualiza.

Garzón realiza estas declaraciones en el marco de la celebración del curso “Libertad de Expresión en el Siglo XXI: Nuevas tecnologías, nuevos retos” que se he celebrado entre el 19 y el 20 de julio en Torres, Jaén, el pueblo en el que nació.

El curso ha sido organizado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón, la Universidad de Jaén, la Diputación de la provincia y el Ayuntamiento de Torres.

DIRECTIVA SOBRE “WHISTLEBLOWERS”

Uno de los objetivos de FIBGAR es el de hacer realidad un proyecto de protección a los “whistleblowers” (confidentes o denunciantes de corrupción en Administraciones Públicas o en empresas) en forma de Directiva Europea. Proyecto en el que participan cuatro universidades.

“Queremos aportar elementos para que haya una regulación uniforme y protectora de estas personas que se la juegan hoy día por denunciar la corrupción, por abogar por la transparencia y que se meten en unas situaciones deprimentes, indefensos, sin ninguna protección institucional, cuando, simultáneamente se les está indicando que se colabore con la justicia”, concluye.

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