El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira, presentó este miércoles la memoria del la institución a los medios donde denunció que la Comunidad tiene las peores infraestructuras judiciales del país, con una dispersión «inconcebible».
«Después del enésimo fracaso del proyecto para dotar a Madrid de una Ciudad de la Justicia que unificara el entorno de todos los órganos judiciales de la capital, puede decirse que la Comunidad de Madrid se halla, en este ámbito, en uno de los últimos lugares, sino el último de todas las de España», ha afirmado.
Así, ha Francisco Vieira ha asegurado que resulta «inconcebible» que los juzgados y tribunales de la capital estén dispersos en 21 sedes, que los 20 partidos judiciales de la periferia cuenten con 38 sedes o que «muchos de los edificios estén en un estado mantenimiento deplorable provocando intervenciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social».
Ante esto, Vieira ha pedido una solución «urgente» ante las «deficientes infraestructuras judiciales», ya sea retomando el último proyecto de la Ciudad de la Justicia o agrupando los órganos judiciales por jurisdicciones.
En este sentido, también ha denunciado la aprobación de «un exiguo presupuesto para mantenimiento y reparaciones en los edificios judiciales que no llega para acometer las actuaciones más imprescindibles». Y ha exigido que «al menos, se sienten unas bases firmes para la ubicación de los órganos judiciales, garantizando en todo caso unas instalaciones dignas y representativas».
Asimismo, presidente del TSJM ha denunciado «la total ausencia de una política de personal» en los órganos judiciales. Vieira ha señalado que esta «dejación» genera que haya juzgados o tribunales con exceso de personal al lado de otros con insuficiencia de funcionarios.
Y ha reiterado la falta absoluta de desarrollo en nuestra Comunidad Autónoma de la oficina judicial prevista desde el año 2003 en la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha imposibilitado hasta ahora la aplicación de técnicas de gestión modernas para la gestión conjunta de trámites judiciales y está dificultando la tecnificación de los procedimientos, como ha sucedido recientemente en el despliegue de LexNet.
PREOCUPACIÓN POR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Durante la presentación de la memoria, Vieira ha resaltado que «resulta preocupante, por otro lado, el modo en el que se está llevando a cabo la incorporación de nuevas tecnologías en el ámbito de la Administración de Justicia».
Asimismo ha destacado también que «los problemas de integración de LexNet con las aplicaciones de la Comunidad de Madrid, las caídas del sistema, la insuficiente distribución de tarjetas criptográficas, las insuficiencias de personal y deficiencias en su formación, las carencias de medios materiales actualizados, y numerosas incidencias técnicas surgidas, entre los hechos más significativos, han evidenciado un notable grado de imprevisión en la puesta en marcha del sistema de presentación y notificación telemática que resulta obligado tras la entrada en vigor de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil».
En este sentido ha incidido en que «la entrada en vigor de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 18/2011, de 5 de julio reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia -que obliga a dotar, antes del 6 de julio de 2016, a las oficinas judiciales y fiscalías de sistemas de gestión procesal que permitan la tramitación electrónica de los procedimientos- plantea nuevos retos para la configuración y consulta del expediente judicial digital.
Por ello ha reclamado «la puesta en marcha de medidas eficaces para lograr una Administración de Justicia en Madrid eficaz, ágil, accesible, bien valorada por los ciudadanos y sostenible».
NECESIDAD DE NUEVOS ÓRGANOS Y PLAZAS JUDICIALES
Francisco Vieira también ha subrayado la necesidad de crear de 92 órganos unipersonales y 36 plazas de magistrados, pero también propone la especialización de determinados juzgados (de Familia, de Tutelas e Incapacidades, Hipotecarios, de Concursos de Personas Físicas, de lo Penal en asuntos de Violencia sobre la Mujer) y la extensión de su competencia a toda la provincia.
