La titular de Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, ha decidido procesar al PP y a su tesorera, Carmen Navarro, por la supuesta comisión de un delito de daños informáticos y otro de encubrimiento por el supuesto borrado de los discos duros de los ordenadores usados por el extesorero Luis Bárcenas en la sede nacional de Génova.
Así lo ha sostenido la magistrada Freire en un auto por el cual se declara concluida la instrucción y se transforman las diligencias previas en procedimiento abreviado, mediante el cual también propone juzgar al asesor jurídico, Alberto Durán; y al director de sistema de información del partido, Jose Manuel Moreno.
Acusa a todos ellos de la comisión de delitos de daños informáticos y encubrimiento por destruir los portátiles a «conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física».
La jueza incide en que Durán es responsable por «haber ordenado la destrucción de los discos duros con el fin de eliminar los archivos que contuviese», que Moreno también lo es por «haber ejecutado la orden a pesar de no estar jerárquicamente obligado a ello», y que «Navarro conocía sobradamente las circunstancias».
En su auto, la magistrada entiende que es necesario resaltar que «la información contenida en los ordenadores podría ser muy relevante» tanto para la defensa de Bárcenas como para la investigación de la caja B del partido en la Audiencia Nacional. «Esta evidencia no pudo pasar desapercibida para los responsables del PP investigados en esta causa, pese a lo cual, o quizás por ello, impidieron, indiciariamente, su acceso a la causa».
La decisión de la magistrada es un primer paso para que el PP se siente en el banquillo de los acusados como persona jurídica. Será la primera vez que una formación política lo haga bajo esta figura, después de la reforma del Código Penal de enero de 2014 que lo hacia posible.
Además, califica de «simple folio» el documento que el PP aportó, denominado ‘procedimiento de borrado seguro’, y precisa que no se puede considerar «serio y riguroso» al no existir un «protocolo interno de seguridad» que fuese conocido por los trabajadores y responsables del departamento informático. Por ello, recalca que esto «permitió que personas de su organización» cometiesen este delito.
Por ello, dará traslado de la causa al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas con el objeto de que, en el plazo de diez días, soliciten el sobreseimiento de la causa o bien la apertura del juicio oral, debiendo formular en ese caso el correspondiente informe de calificación penal provisional o la solicitud de la práctica de diligencias complementarias.
Es previsible, que la Fiscalía vuelva a solicitar el archivo del caso, sin embargo, Luis Bárcenas, y algunas de las acusaciones populares personadas (IU, ALA, Ecologistas en Acción y Federación los Verdes), que tienen previsto presentar escritos de acusación.
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Transformación de Diligencias Previas a Procedimiento Abreviado ‘caso Ordenadores de Bárcenas
