José Ramón Navarro Miranda, 56 años, no es un «pata negra», como se define en la carrera judicial a todos aquellos que han entrado a través de la oposición pura y dura. Él procede del cuerpo jurídico militar. Ingresó por otra puerta, en 1991, por el turno de juristas de reconocida competencia. Lo cual, mirándolo bien, supuso para él una ventaja competitiva, por proceder precisamente de otro «planeta legal» diferente. El mundo judicial se ve de otra forma, sin duda.
Desde enero de 2014 Navarro es el máximo responsable de la Audiencia Nacional, un puesto al que llegó después de 24 años en la carrera judicial. Primero como juez, luego como juez decano de los Juzgados de Tenerife, ciudad en la que nació, presidente de la Audiencia Provincial de Tenerife y presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, desde donde dio el salto al puesto de mando de lo que el creador de la Audiencia Nacional, Rafael de Mendizábal, definió en su momento como «el portaaviones» de la Justicia. El «barco almirante» era el Tribunal Supremo.
Reconoce que se considera un privilegiado y ser muy afortunado por ocupar la Presidencia de la Audiencia Nacional.
¿Para ser capitán de un navío como este son necesarias habilidades personales, dotes de gestión y de saber hacer?
Hay que ser un buen gestor y contar con habilidades sociales, claro. Hay que conocer muy bien los problemas para poder resolverlos. Pero los magistrados de la Audiencia saben que el presidente es un compañero más. Mi puerta siempre está abierta. Es mi obligación. Antes tenía el despacho en Goya y me he instalado en la sede central, aquí, porque en Penal está instalado el foco mediático.
A mí también me preocupa mucho mantener buenas relaciones con los periodistas o que funcione bien la Oficina de Atención a las Víctimas.
¿Qué tanto por ciento de los problemas se arreglan teniendo una buena conversación y queriendo escuchar a los que quieren contar un problema?
Los problemas se arreglan, en un 90 por ciento, anticipándote a ellos y previéndolos, que esperar a que se produzcan. Y luego, una llamada telefónica con cierta complicidad arregla los problemas mejor que un escrito con excesiva dureza.
¿Es importante, por lo tanto, la mano izquierda?
Fundamental. Aquí se necesita mucha mano izquierda, sí. Porque estás resolviendo problemas que no son jurídicos, que no son jurisdiccionales, para hacer que las cosas funcionen bien. Para que no haya problemas entre los compañeros, con las instituciones, con el Consejo, con el Ministerio de Justicia, con otros tribunales… Trato, por todos los medios, de tener buenas relaciones con todos. Porque redunda en beneficio de este órgano.
Una llamada telefónica con cierta complicidad arregla los problemas mejor que un escrito con excesiva dureza
En el día a día, ¿cuáles son las funciones de un presidente de la Audiencia Nacional? Porque usted es el único presidente que no preside ningún tribunal…
La Ley dice que yo presido las tres Salas que conforman la Audiencia Nacional, pero yo solo asistiré cuando los compañeros quieran que asista o para deshacer un empate.
Aunque bastante tiene el presidente con el aspecto gubernativo y la Sala de Gobierno, que regula todos los asuntos de reparto, de organización, de refuerzo o de inspecciones. Es un tribunal muy complicado porque los delitos que aborda también lo son, lo mismo que en la jurisdicción contencioso-administrativa y la social.
Mi misión es que las cosas funcionen lo mejor posible. Es decir, reclamar a las administraciones públicas lo que se necesita en la Audiencia. “Pegarme” con el Ministerio de Justicia para que nos dote de los medios suficientes. Hablar con el Consejo General del Poder Judicial.
Yo dedico una buena parte de mi tiempo a inspeccionar todos y caso uno de los órganos de la Audiencia Nacional.
¿Un presidente de la Audiencia Nacional se asemeja más a un afinador de la guitarra o a un guardián de los secretos?
[Se ríe]. Aquí, afortunadamente, quienes guardan los secretos son los Juzgados Centrales. Yo no tengo interés en conocer ningún secreto. Tengo que ser la persona a la que acuda cualquier compañero para solucionar los problemas. Y, más allá, intentar que ese problema no se produzca.
Una queja entre los funcionarios de la Audiencia Nacional es que ganan menos que los de Plaza de Castilla y eso provoca que se vayan muchos funcionarios a otros órganos. ¿Es cierto?
Eso es verdad. Estamos luchando por regularizar las prolongaciones de jornadas que existen. Hay épocas que en los Juzgados Centrales de Instrucción, si hay una operación dura, no tengan horas. Y ese trabajo hay que reconocérselo.
Estamos luchando con el Ministerio. Hay que ser sensatos y razonables. Si un magistrado de la Audiencia Nacional gana más que un magistrado de la Audiencia Provincial, debería ocurrir lo mismo con los funcionarios de este órgano.
Los sindicatos están luchando por eso y yo he hablado con el Ministerio de Justicia para indicarle que tienen razón.
Si un magistrado de la Audiencia Nacional gana más que un magistrado de la Audiencia Provincial, debería ocurrir lo mismo con los funcionarios de este órgano
La Audiencia Nacional siempre ha sido la niña bonita del Gobierno de turno, ¿no?
No puedo negarlo. Con independencia del color, todos los gobiernos han mimado a la Audiencia, por las especiales características que tiene. Este nuevo edificio es una prueba de ello. Se inició con un gobierno y siguió con otro.
Mucha gente cree que la Audiencia Nacional surgió para combatir los delitos de terrorismo…
La gente se confunde. La Audiencia Nacional no es solo penal. La Audiencia Nacional tiene tres Salas muy importantes. La gente se olvida de la importancia de dos de sus salas. La Sala de lo Contencioso-administrativo, que es importantísima, numérica y cuantitativamente. Tiene 12 Juzgados Centrales, el doble que en Penal, y 8 secciones. Y unas competencias enormes, puesto que conoce de todas las acciones y actos administrativos emanados de ministros, secretarios de Estado, órganos importantes del Estado, los órganos reguladores (como la Oficina de Protección de Datos o la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, entre otros).
También está la Sala de lo Social, que es más pequeña, con tres magistrados. A ellos hay que reconocerles el mérito que han tenido en la aplicación de la reforma laboral, por ejemplo.
Pero los ciudadanos la relacionamos especialmente con los asuntos penales, con la lucha contra el terrorismo, contra el crimen organizado, contra las mafias.
Sí, pero la Audiencia Nacional no nació para combatir los delitos de terrorismo. La Audiencia va a cumplir 40 años en enero del año próximo. Es único órgano judicial de nueva creación desde hace siglos en nuestro país, quitando el Tribunal Constitucional –que es un órgano de garantías- y no es poder judicial propiamente dicho.
Se creó por un decreto ley en 1977, y ese mismo día, se creó la Ley de Reforma Jurídica, que fue importantísima para la Transición.
En la exposición de motivos de ese decreto ley se asegura que la Audiencia Nacional es fundamental para luchar contra el crimen organizado y la cooperación internacional. Aunque es cierto, que en otro decreto posterior, también publicado el mismo día, se le otorgan las competencias de terrorismo.
Algo obvio en ese momento. Hoy muchos países están copiando a la Audiencia Nacional, nuestra estructura y nuestras competencias. ¿Por qué? Porque funciona.
¿Por qué en la última memoria de la Audiencia Nacional se pedían más competencias?
Pensamos que falta una Sala en materia Civil y Mercantil. La Audiencia Nacional es, junto con el Tribunal Supremo, el único órgano de nuestro país que tiene competencias en todo el territorio nacional. Eso conlleva a la especialización en muchos tipos de delitos.
En este sentido, la Audiencia Nacional podría conocer de un gran concurso de una empresa erradicada en todo el territorio nacional. También hay demandas en materia de consumo que afectan a todo el territorio, como las cláusulas suelo. Luego podría desembocar ante el Tribunal Supremo y en poco tiempo tendríamos una resolución uniforme.
Serían órganos especializados en materia mercantil para estos grandes asuntos (grandes indemnizaciones, desastres naturales que afecten a más una comunidad autónoma).
Hoy muchos países están copiando a la Audiencia Nacional, nuestra estructura y nuestras competencias. ¿Por qué? Porque funciona
¿Y cómo va el tema de la creación de esa cuarta Sala?
Hubo un par de encuentros al respecto y en la última reforma no se previó. Está en “standby” [en espera].
Respecto a la Sala de lo Penal está establecido que tiene que contar con una Sala de Apelación y de momento no se ha creado.
No se ha dotado de medios y no se ha nombrado a nadie para ella. Tiene que empezar a funcionar obligatoriamente. Al margen de la Directiva Europea, en la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de finales del año pasado, establece que todas los procedimientos iniciados después de diciembre de 2015 tienen derecho a la doble instancia.
Ahora mismo no hay, todavía, ningún procedimiento que se hay instruido en su totalidad y que se haya llevado a enjuiciamiento a la Sala de lo Penal. Cuando se dé el primer caso, tiene que estar constituida la Sala de Apelación.
Tienen que correr…
Tiene que correr quien debe correr. No es competencia nuestra. Es una obligación legal que no se puede evitar. Nosotros estamos estableciendo ese recordatorio, pero es cierto que las previsiones lógicas y naturales hacen que no exista esa necesidad hasta principios de 2017, aproximadamente.
Será una Sala formada por tres magistrados.
Para su composición, ¿tendrán preferencia los magistrados con mayor antigüedad y que sean especialistas?
Sí. Como está absolutamente reglado, no habrá ningún problema para la designación de esos tres magistrados cuando llegue el momento.
La Sala de Apelación es una de las asignaturas pendientes de la Audiencia Nacional, ¿cuáles son los retos que se plantea en su mandato?
Creo que uno de los principales retos es que la Audiencia Nacional sea un modelo en la implantación del expediente digital, el cual está muy avanzado. Aquí, todos los juzgados de lo contencioso lo tienen digitalizado totalmente. Las Salas se están digitalizando en estos momentos.
En este sentido, tanto el Ministerio como los propios de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional han hecho un gran esfuerzo personal. Debemos ser conscientes de que todo cambio implica un esfuerzo añadido y nosotros lo hemos hecho.
La Sala de lo Penal tiene todos los procedimientos en la nube, lo que facilita mucho el trabajo de los magistrados, de los letrados y de los fiscales.
En otro orden de cosas hay que ser un poco imaginativo para aprovechar los medios que tenemos.
En este sentido queremos establecer un protocolo de actuación con la ORGA (Oficina de Recuperación de Activos) para que pueda ayudarnos a designar administradores concursales de empresas que están intervenidas. En unas semanas haremos una prueba con una de las empresas que están intervenidas en uno de los Juzgados Centrales, para eso habrá que llegar a un acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial.
¿Eso es una iniciativa del magistrado Eloy Velasco?
Es un ‘crack’ (Risas). Lo promociona, lo promueve… Ya nos hemos reunido con la ORGA. La cosa va por buen camino. La idea es que esas empresas no se vean perjudicadas y que puedan seguir funcionando.
¿Como ocurrió con el Pazo Bayón?, que se intervino y se consiguió preservar su actividad y los puestos de trabajo de los empleados.
Sí, y muchos otros casos. Ahora mismo, en un solo procedimiento en Suiza, hay 50 o 60 cuadros valiosísimos que hay que traer a este país porque si no pueden desaparecer. Y cuando lleguen tendremos que cuidarlos, hablar con Patrimonio Nacional. Eso lo tendremos que hacer por medio de la ORGA u otras instituciones.
La Sala de Apelación de lo Penal está absolutamente reglada, no habrá ningún problema para la designación de los tres magistrados cuando llegue el momento
Es decir, que con esta iniciativa se impedirá que vuelva a ocurrir lo que sucedió en el caso Malaya, donde un montón de caballos de pura sangre murieron por abandono…
Esa imagen fue terrible. Los jueces no tienen que estar pendiente de eso. Deben contar con un órgano en el que delegar esa gestión para dedicarse a instruir, al tema procesal. Si esto sale bien se agilizarán mucho los procesos y las indemnizaciones civiles se mejoraran.
No tiene ningún sentido que en una operación se intervengan un montón de coches de alta gama y varios barcos por los que tenemos que desembolsar grandes gastos en depósitos.
Además, cuando termina el procedimiento, años después, los coches ya no funcionan. Es mejor vender esos coches y depositar el dinero en las cuentas del juzgado. Dependiendo de cómo salga el procedimiento se les devuelve el dinero o se destina a las fianzas civiles.
De otra forma, podrían encontrarse con coches prácticamente destrozados por los que el Estado tendría, además, que indemnizarlos.
Otra iniciativa que están desarrollando en la Audiencia Nacional es la de realizar las peticiones de comisiones rotatorias a través de Internet, por ejemplo con Alemania.
Sí, con esto se ahorra mucho tiempo. Hasta ahora tardábamos un mes en enviar esa comisión rogatoria y que llegara la respuesta. Con el correo electrónico nos ahorramos ese mes. Es instantáneo. Es un proyecto piloto que estamos llevando a cabo con Alemania, pero nuestra idea es extenderlo a toda la Unión Europea. Especialmente por las OEDE (Orden Europea de Detención y Entrega), la denominada Euroorden, y de las comisiones rogatorias.
Es algo permitido por la Ley y solo hay que validarlo con garantías.
¿Cuántas Audiencias Nacionales, o algo similar, existen en el resto de Europa?
Existen varios tribunales parecidos. Lo que ocurre es que en esos países se otorga a un tribunal territorial competencias nacionales, como ocurre, por ejemplo, en Francia, con el Tribunal de París. Existen otros países como Serbia que han copiado el modelo español. También lo está estudiando Perú.
Nosotros éramos casi únicos, a nivel mundial, en materia terrorista. Sin embargo el cambio del terrorismo interno al yihadismo ha generalizado el problema. Las situaciones que se han producido en Francia o en Bélgica ha provocado que nos miren con cierta envidia. Nosotros, en la Audiencia Nacional, somos un referente para toda Europa en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.
Además nosotros también hemos operado mucho en la ayuda internacional con el tema de los narcobarcos. Somos un referente en esta materia en experiencia y eficacia.
Dentro de unos días vendrá mi homólogo francés para ver como abordamos los temas de seguimiento y de materia de seguridad.
Estamos dejando de ser países estancos en materia de terrorismo yihadista, donde cada uno guardaba su información como si fuera un tesoro
¿Cree que Europa, con todo este tema del yihadismo, mira hacia la Audiencia Nacional?
Sin duda. Somos un modelo en la estructura judicial y en la estructura policial. La forma de trabajar de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los servicios de inteligencia e información, la Policía y la Guardia Civil cuentan con una experiencia que hay que compartir.
Estamos dejando de ser países estancos en materia de terrorismo yihadista, donde cada uno guardaba su información como si fuera un tesoro. Ahora los países de la Unión Europea están dejando de ser cicateros y comienzan a compartir la información. Cuanto más información sobre este asunto se comparta, mayores serán los beneficios para todos.
Uno de los temas más candentes es el tema del ciberterrorismo y en esto la Audiencia también puede ser un referente.
Lo es. El gran arma que tiene el yihadismo es internet. Sin salir de su país pueden adoctrinar y adoctrinarse. Ahora mismo debe de haber unas 30.000 páginas y ‘blogs’ yihadistas funcionando por la red, a disposición de cualquier ciudadano en cualquier parte del mundo. Eso es terrorífico.
Afortunadamente, hemos encontrado soluciones legales. Hace poco se modificó la ley antiterrorista española con un consenso del 90 por ciento del Parlamento y también se ha modificado la Ley de Enjuiciamiento Criminal, permitiendo que exista el agente cibernético encubierto. Esto permite interactuar y dinamizar el procedimiento.
Estas leyes están siendo copiadas también por otros países, adaptándolas a sus propias circunstancias.
Le preocupa la imagen de politización de la Audiencia Nacional, esas etiquetas que se asignan a algunos magistrados
La propia naturaleza de la Audiencia provoca que esos incidentes se produzcan. Es un órgano judicial con asuntos tremendamente importantes, con seis jueces Centrales de Instrucción y en la Sala, otros veinte, y se crea una polémica que no existe.
Los jueces de la Audiencia Nacional, al igual que los del resto de España son absolutamente neutrales e independientes. Tendrán su ideología, pero a la hora de resolver son independientes e imparciales. No tengo la mejor duda.
Sin embargo, han habido jueces que han sido apartados…
Algunos magistrados han sido apartados en resoluciones de la Sala de lo Penal por cuestiones más de imagen que de fondo. No quiero entrar en este asunto porque hay otras recusaciones pendientes. Lo que yo quiero transmitir a los ciudadanos es que el sistema funciona, tanto el sistema de funcionamiento de tribunales, como el sistema de nombramiento de los jueces –aquí son por antigüedad y no existe ninguna posibilidad de hacer una operación sospechosa.
Algunos magistrados han sido apartados en resoluciones de la Sala de lo Penal por cuestiones más de imagen que de fondo
¿Está politizada la Audiencia Nacional?
Hay una imagen de politización que no me gusta porque no responde la realidad. Es algo inevitable, por desgracia.
¿Este es el tribunal más transparente de España?
Creo que sí. Todo lo que se hace aquí es público. Los periodistas entran y salen con total naturalidad. Existen cosas que, por su naturaleza son secretas, pero en el momento que se levanta el secreto se conocen.
¿Qué piensa de la instrucción por los fiscales?
Me gusta.
¿No hay un problema con los fiscales? ¿Su independencia?
Pues se les dota de independencia. No hay problema. Se cambia el Estatuto del Ministerio Fiscal y mientras esté instruyendo es tan independiente como un juez instructor. Responsable, inamovible, independiente y sometido al imperio de la ley. Ya somos de los pocos países en los que existe el juez instructor, un juez que, a la vez, es garante de los derechos de la persona que está investigando.
Una posible salida podría ser mantener al juez instructor pero quitándole toda su capacidad de juez de garantías, dándoselas a otro juez que asumiera ese papel…
Pues para eso, se las damos al fiscal. Comprendo lo que me dicen. Que hubiera un juez instructor y un juez de garantías, los dos independientes con competencias bien definidas. Pero es que esa función de instrucción tiene que asumirla el fiscal.
La ventaja del fiscal es que si instruye va a buscar las pruebas que luego le servirán para acusar, o no.
Lo que hay que hacer es dar la igualdad de armas al defensor. Una figura que no sea del mismo cuerpo, el fiscal, con su estructura, que sea independiente y que pregunte lo que tenga que preguntar al juez de garantías.
Y no sólo creo que debe ser así sino que es el designio de la Constitución. En su artículo 117 dice que el juez juzga y hace ejecutar lo juzgado. No dice nada sobre la instrucción. Y luego añade, todo aquello que en garantía de los derechos le otorgue la ley. Eso es el juez de garantías.
Tenemos ejemplos en nuestro entorno. El sistema italiano, el francés… Los únicos que no lo tenemos somos nosotros. Bueno, sí. En menores instruye el fiscal.
¿Cuántos fiscales hay en la Audiencia Nacional?
Seis fiscales por cada juez central. Lo que hacen en la Audiencia Nacional es depurar los asuntos. ¿Por qué no lo hacemos ya del todo?, me pregunto.
Esas diligencias preliminares equivalen a una pre-instrucción…
Es una investigación.
Que se duplica cuando se judicializa porque los jueces centrales de instrucción tienen que llamar a declarar a los implicados, ¿no es así?
Por eso digo que lo mejor es que todo eso lo haga el fiscal, como fiscal instructor. Ahora mismo el fiscal hace esas diligencias de investigación. Si, de pronto, tiene que hacer una entrada y registro, tiene que judicializarlo. Pues lo hacemos, ya. En vez de judicializarlo se le pide al juez de garantías.
¿Funcionaría más rápida la Justicia si se adjudicara la instrucción a la Fiscalía?
Sí, sería más rápida. Sin duda. En la Audiencia Nacional hay que reconocer el esfuerzo de la Fiscalía. Sin ese esfuerzo permanente, y el de los seis jueces centrales de Instrucción, esto no salía adelante. Es un esfuerzo personal que funciona para evitar los obstáculos que pone la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No olvidemos que es una ley que está a caballo de tres siglos. Nació en 1882 y estamos en 2016.
Pero no solamente es obsoleta en la instrucción, también en la estructura del juicio oral. Porque en el proceso penal, al primero que se interroga es al acusado, cuando el acusado tendría que elegir en qué momento quiere declarar, a la vista de las pruebas en su contra que se le presenten….
Sí, debe ser al final, cuando se le da la oportunidad de hablar. Sí, ese es el derecho a la última palabra. Pero muchas veces no sirve para lo que sirve. Otras veces, sí
Uno de los principales problemas de la Justicia, en general, es que hace falta una ley procesal íntegra. Se ha ido mejorando, pero con unos parches que al final hace que no sea inteligible y que sea, incluso, contradictoria.
Yo entiendo que una de las dificultades para ello es precisamente que el fiscal asuma la instrucción, porque eso conlleva cambiar las carreras judiciales, hay que dotar de funcionarios… Es una estructura complicada, pero hay que hacerla. Nos ha pillado la crisis, es cierto. Pero hay que hacer la reforma.
A la Audiencia Nacional no le ha afectado tanto, pero a los partidos judiciales hay que darles otra visión. Hay partidos judiciales, que todo el mundo conoce, que están separados por una calle.
Aquí el justiciable recibe respuesta al mes y allí a los ocho meses. No tiene sentido. Y en el mismo partido ocurre lo mismo. Depende de qué juzgado toque.
Nosotros debemos llevar a la Justicia esos principios de eficacia y de igualdad.
Si quitamos a los 1.300 jueces de instrucción…
Podemos hacerlos fiscales. El que se quiera quedar como juez se queda como juez y si no, como fiscal. Pero que nadie piense que se van a reducir los jueces. España tiene déficit de jueces. ¡Sólo faltaba!
Hacen falta jueces de garantías. En la doble instancia y apelación hacen falta nuevos jueces. Tenemos que dar una respuesta más rápida. La ratio de jueces en España, en relación con Europa, es más baja.
¿Cree que de verdad se va a apostar por la Justicia en esta nueva legislatura, de una vez por todas?
Es cierto que la Justicia no da réditos políticos. Por eso nosotros tenemos que exigirlo. Tenemos que tener un mayor número de jueces, mayores inversiones, mejores leyes… Y que nuestra imagen de independencia sea percibida por los ciudadanos.
Cuando se hacen estudios sobre la justicia siempre salen dos cosas: que la justicia es lenta pero también la satisfacción de que las garantías constitucionales estén en manos de los jueces. Hay una confianza absoluta en los jueces. Una persona va a dormir tranquila en su casa porque no va a pasar nada raro que un juez no controle. Eso es importante.
Y luego, el último estudio que me pasaron los abogados decía que tenemos ‘una justicia mejorable con unos buenos jueces’.
Hace unas semanas el Tribunal Supremo se descolgó con un auto que decía que la reforma de la jurisdicción universal había sido confusa. ¿Qué opina usted?
La jurisdicción universal hizo de esta Audiencia una referencia a nivel internacional. Y hay varias sentencias del Tribunal Supremo. Una de ellas, de Cándido Conde Pumpido, que dice con toda claridad que el principio de justicia universal es un hecho que existe por los tratados internacionales pero que cada país lo puede regular como quiera. Con mayor amplitud o con menor amplitud. Ahí no hay nada que decir. Es una cuestión del legislativo.
Es cierto que la última sentencia dice que lo que han echado de menos es quizá una indefensión del ciudadano español fuera de España. La reforma ahora está pendiente del Tribunal Constitucional que si se considera así se podría ajustar la modificación.
Quizá podría ampliarse un poco más, porque es excesivamente restrictiva. La Constitución es amplia y tiene preceptos que podrían dar amparo a una regulación razonable de la justicia universal.
¿La igualdad entre el hombre y la mujer en los cargos de decisión de la Justicia es una asignatura pendiente?
Parece que sí. Hay que llegar a la absoluta igualdad. Porque hay un consenso generalizado. Todos tenemos madres, hijas y esposas. Además, en la carrera hay cada vez más mujeres que hombres. En este sentido, la Audiencia Nacional es un ejemplo. Para llegar aquí todo está reglado. Aunque entre los jueces centrales de instrucción sólo hay una mujer, en las presidencias de las cuatro secciones de lo Penal hay dos hombres y dos mujeres. En contencioso el número es grande. Yo creo que vamos hacia una normalización completa en la igualdad. Y es lógico.
