La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Constitucional que informe a los tribunales competentes de la actuación de la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell, al considerar que su papel en la aprobación por parte de la cámara autonómica de las conclusiones de la Comisión de Estudios sobre la Independencia puede tener relevancia penal, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.
En su escrito de alegaciones remitido al TC, el Ministerio Público pide también una respuesta «más intensa» que sirva para proteger la autoridad del tribunal de garantías y evitar la desobediencia a sus resoluciones.
Así, reclama que se aperciba personalmente a los miembros de la Mesa de la Cámara autonómica y del Gobierno catalán para que no lleven a cabo ninguna iniciativa independentista advirtiéndoles que pueden enfrentarse a multas, a la suspensión de funciones y a la deducción de testimonio por responsabilidad penal, como ha adelantado El Español.
Los once magistrados que conforman el Tribunal Constitucional acordaron el pasado 1 de agosto suspender la resolución por la que el Parlamento de Cataluña que dio inicio al proceso de secesión y dieron un primer paso para adoptar, si se diera el caso, las medidas como las que apunta la Fiscalía y que ya introdujo el Gobierno en su incidente de ejecución.
Se requirió entonces a Forcadell, a los demás miembros de la Mesa del Parlamento y al secretario general de la Cámara para que, en el plazo de 20 días hábiles informaran sobre el cumplimiento de las resoluciones ya adoptadas en diciembre y el pasado 19 de julio «a efectos de la eventual adopción por el Tribunal de las medidas previstas» en la Ley Orgánica para hacer cumplir sus resoluciones.
El tribunal empleó entonces, por primera vez, el recientemente reformado artículo 92 de la Ley Órgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).
Recibidos los informes, «si el Tribunal apreciase el incumplimiento total o parcial de su resolución» podrá adoptar diversas medidas que van desde la imposición de multa coercitiva de 3.000 a 30.000 euros, acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades incumplidoras, requerir la colaboración del Gobierno para hacer cumplir sus sentencias o incluso «deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder». (EP)
