Jueces para la Democracia denuncia el "machismo judicial" en los puestos gubernativos

Jueces para la Democracia denuncia el «machismo judicial» en los puestos gubernativos

13 / 09 / 2016 09:27

Actualizado el 12 / 04 / 2022 13:25

Jueces para la Democracia (JpD) denuncia el “machismo judicial” con la ausencia de mujeres en puestos gubernativos, como se pudo apreciar recientemente en la apertura del nuevo año judicial con la fotografía en la que posaban junto a Felipe VI el presidente y los miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo: todos hombres.

Y es que las «apariencias engañan», señalan desde la asociación judicial. En la carrera judicial, donde el 52,4 por ciento son mujeres, «la discriminación queda patente al comprobar que de los 17 Tribunales Superiores de Justicia, solo uno está presidido por una mujer, Pilar de la Oliva en Valencia. Otro tanto podemos decir de las Audiencias Provinciales, de 50 solo 8 están presididas por mujeres«.

En este sentido, desde JpD se emitió la pasada semana un comunicado en el que además de denunciar la grave situación en la que se encuentra la administración de justicia y los ataques a la independencia judicial exigía del Consejo General del Poder Judicial un cumplimiento escrupuloso de los principios de mérito, capacidad e igualdad de género en la política de nombramientos.

Subrayan que «a pesar de las incorporaciones masivas de mujeres en las últimas promociones éstas siguen sin tener visibilidad en la cúpula judicial». Lo que conlleva a una «realidad desigual e injusta, ante lo cual Jueces para la Democracia defiende la necesidad de impulsar medidas para remover los obstáculos en la promoción de juezas, tal y como estableció el Plan de Igualdad del CGPJ aprobado en 2013″.

Además, recuerdan que «en los últimos tiempos hemos asistido a nombramientos para las presidencias del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y de la Audiencia Provincial de Barcelona donde fueron los dos candidatos varones (Miguel Pasqual del Riquelme y Antonio Recio, respectivamente), frente a «dos magistradas con más méritos y antigüedad que los elegidos» (la magistrada Ángeles Vivas y la magistrada Pilar Alonso Saura) lo que a su juicio supone «una clara infracción de los acuerdos del Pleno del Consejo General del Poder Judicial y de su Comisión de Igualdad».

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