El Juzgado de lo Social 1 de Huesca ha condenado al Servicio Aragonés de Salud a reintegrar 11.505,20 euros por el coste del tratamiento con hormonas de un menor que presentaba problemas de crecimiento y cuyos padres optaron por dirigirse a la sanidad privada dada la urgencia que requería el caso.
La sentencia, hecha pública por la Asociación del Defensor del Paciente, relata que los médicos del Hospital de Barbastro (Huesca) que detectaron los problemas de crecimiento del menor prescribieron un tratamiento inmediato con hormonas debido a la edad que tenía el niño, 7 años.
Sin embargo, pese a la celeridad recomendada por los facultativos, el Comité Asesor del Servicio Aragonés de la Salud insistió, en marzo de 2014, en continuar con controles médicos del menor antes de emitir un dictamen.
En ese momento, los padres optaron entonces por recurrir a la sanidad privada para dar a su hijo el tratamiento prescrito por los médicos del centro hospitalario barbastrense, y ante los buenos resultados obtenidos volvieron a solicitar la cobertura por parte de la sanidad pública.
Una cobertura que el el Comité Asesor volvió a denegar en mayo de 2015. Se alegó que el tratamiento había sido ya iniciado por los padres en la sanidad privada y que antes de tomarse una decisión debía de ser suspendido durante un periodo de 4 meses para valorar su efectividad.
Tras esos cuatro meses, los médicos pudieron constatar una disminución progresiva del crecimiento en el menor, por lo que, en mayo de 2016, el comité autorizó el tratamiento, a seguir por el niño durante un periodo de 5 años con un coste anual de 7.200 euros.
Los padres solicitaron a la administración el pago de los 11.505 euros gastados hasta ese momento, petición que les fue denegada en distintas instancias y que les llevó a optar por recurrir a los tribunales.
Ahora los tribunales les han dado la razón. En su sentencia, la titular del Juzgado de la Social número 1 de Huesca considera que el tratamiento prescrito fue «claramente beneficioso» para el menor, por lo que considera que el tratamiento estaba «plenamente justificado» y que se les debe reintegrar el importe a los padres.
Sostiene también que «se han minimizado las consecuencias físicas y psíquicas del déficit de la hormona de crecimiento«, permitiendo aproximar la talla del menor «a una más normalidad a la edad y sexo que le corresponde» por lo que «no puede considerarse la administración del mismo como abusiva o fraudulenta», sino como «plenamente justificada».
El Gobierno de Aragón ha anunciado la presentación de un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, que ha sido admitido a trámite. (CONFILEGAL/EP)
