El Congreso Internacional de Transparencia, que llega hoy a su fin después de tres días de conferencias, mesas redondas y grupos de trabajo en los que se ha debatido intensa y de forma profunda sobre el estado de la transparencia en España, en Iberoamérica y en Europa, ha dado a conocer, en su último día, un «Manifiesto para implementar una efectiva transparencia pública», que supone, no sólo, una rotunda declaración de principios, también una hoja de ruta clara y precisa para alcanzarla.
El Manifiesto comienza con la reivindicación del derecho de acceso y la transparencia.
«La transparencia de las instituciones públicas debe ser el resultado de un derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la información pública, no el mero ejercicio de “buenismo” para perfeccionar las administraciones públicas», dice el Manifiesto, una consecuencia directa de este Congreso que ha dirigido el profesor Manuel Sánchez de Diego en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, en Madrid.
El segundo punto aborda las «condiciones materiales y personal de los sujetos obligados a la transparencia».
Para los participantes en el Congreso Internacional de Transparencia, «es necesario invertir en el capital humano de los sujetos obligados a la transparencia». Asimismo, deben «destinarse recursos para mejorar los archivos y los sistemas informáticos».
El manifiesto hace referencia a la llamada «Transparencia activa» y también a la «Transparencia pasiva».
Sobre la primera, mantiene que debe mejorar la accesibilidad y la usabilidad de los portales de transparencia, «promover la integración de la Administración Electrónica en los portales de transparencia» y «existir que la información sea comprensible para los ciudadanos».
En el caso de la «Transparencia pasiva», deben «facilitarse diferentes medios de acceso a la información pública». Y debe darse a conocer a todos los ciudadanos que tienen que acceder a la información pública.
El último punto se refiere a la «Apertura institucional». El Manifiesto mantiene que se debe exigir la publicación de la información en formatos reutilizables, deben abrirse los registros públicos, como el Registro Mercantil así como las a vendas institucionales de altos cargos.
También recomienda la retransmisión y el acceso a las reuniones de los órganos colegiados, en particular a las mesas de contratación.
Por último, declara que «los límites de la transparencia deben ser los mínimos imprescindibles en una sociedad democrática».
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