La declaración institucional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado lunes en la que confirmó que seguiría al frente del Ejecutivo ha generado numerosas dudas tanto en el sector judicial como en los medios de comunicación.
Incluso propuso en la entrevista concedida a TVE la apertura de un proceso de reflexión con los medios de comunicación para luchar contra los bulos y la desinformación. Pues, según comentó, son uno de los desafíos que tienen las democracias occidentales.
No obstante, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) criticó a Sánchez por no haber convocado una rueda de prensa para atender a las preguntas de los medios y aclarar así las propuestas de regeneración que va a plantear tras el “punto y aparte” anunciado.
A este reproche se sumó horas después la Asociación de la Prensa de Madrid (APM). Éstos comentaron en un comunicado que el derecho a la información no implica derecho a la difamación. Y que, «para combatir los bulos y las informaciones falsas existen mecanismos en nuestro sistema judicial e incluso en el ámbito profesional».
A juicio de Manuel Sánchez de Diego, profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), abogado y experto en transparencia, estos ataques a los medios no ponen en peligro ni a la democracia ni al estado de derecho «al entrar dentro de la confrontación política».
«Sin embargo, los medios de comunicación y los periodistas no son políticos, deben ser guardianes de la democracia, vigilantes de los poderes públicos. Y el poder trata de zafarse de su control, por eso ataca a quienes le controlan», detalla.
No obstante, considera que la libertad de prensa no está en su mejor momento. «La fuerza mediática del Gobierno y de sus socios es palpable en los telediarios, basta con utilizar un cronómetro. Las dificultades económicas de los medios de comunicación les hacen muy vulnerables. Pensemos que un programa televisivo matutino muy crítico con el Gobierno y de gran éxito ha sido trasladado a la tarde y se ha “rosarizado”.
Por lo que cree que encontrarnos dentro de Europa es una garantía de la libertad de expresión.
¿Cómo podría coartar Sánchez las libertades de la prensa?
Preguntado por cómo podría el presidente coartar las libertades de la prensa, Sánchez de Diego lo tiene claro: favoreciendo a los próximos y dificultando la labor de los críticos mediante publicidad institucional, filtración de noticias o entrevistas exclusivas.
A ello añade que con mayoría absoluta puede modificar desde el Código Penal hasta la Ley Orgánica 1/1982 de protección civil del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen.
«De todas formas, cualquier restricción a la libertad de expresión debe ajustarse a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y a la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En concreto la restricción a la libertad de expresión no puede ser desproporcionada».
Por otro lado, el profesor de Ciencias de la Información ha detallado que se puede considerar que se ha vulnerado el honor de un medio cuando un político habla mal de él.
«Sólo estaría excluido el Rey por no estar sujeto a responsabilidad, tal y como establece el artículo 56.3 de la Constitución. Tampoco existe ninguna legitimación para denigrar sin responsabilidad a un periodista o a un medio de comunicación».
