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Opinión | Que no nos engañen con el CGPJ

Opinión | Que no nos engañen con el CGPJ
Manuel Sánchez de Diego es profesor titular de Derecho Constitucional en la Complutense Madrid.
15/5/2024 06:30
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Actualizado: 16/5/2024 11:22
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La renovación de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno del Poder Judicial, está estancada desde hace más de cinco años y se ha convertido en una batalla política. Es posible su renovación, pero los partidos deben estar dispuestos a renunciar su influencia en el CGPJ.

El PSOE de Sánchez acusa al PP de incumplir la Constitución por no consensuar la elección de los vocales. Necesita los votos del PP para alcanzar la mayoría cualificada de 3/5 del Congreso de los Diputados (210) y del Senado (160).

El Gobierno ha fracasado en su labor de conseguir ese consenso sobre 8 juristas de reconocida competencia y 12 jueces y magistrados.

En varias ocasiones se daba por cerrado el acuerdo, pero siempre ocurría algo ­‑como la modificación de los delitos de sedición y malversación‑, que hacía que el PP volviera a plantear la modificación del sistema de elección de los vocales de origen judicial, antes de elegirlos y, así se atascaba el posible acuerdo.

Cortar las alas del CGPJ

El Gobierno trató de forzar el acuerdo, mediante la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, para establecer el régimen jurídico del CGPJ en funciones. Esta Ley Orgánica fue avalada por el Tribunal Constitucional en sus sentencias 128/2023 y 15/2024.

La Ley Orgánica esencialmente limita las competencias del CGPJ en funciones, eliminando los nombramientos discrecionales.

Esta jugada política no logró el fin buscado, la capitulación del PP, pero si que ha generado graves problemas en el Poder Judicial. En este momento, un tercio de las plazas de magistrados del Tribunal Supremo (TS) no se han cubierto -recordemos que también los magistrados se mueren, jubilan, piden la excedencia voluntaria o dimiten-, por lo que su funcionamiento se ha resentido.

Confilegal recogiendo los datos del propio CGPJ señala que una vez renovado el CGP, las 93 vacantes, más una nueva provisión en el TSJ de Navarra (24 en el Tribunal Supremo, 30 presidencias de Audiencias Provinciales, 7 presidencias de Tribunales Superiores de Justicia, 31 presidencias de Sala y 1 presidencia de la Audiencia Nacional) tardarían en cubrirse un año y medio.

Cuando el Gobierno se dio cuenta de que el CGPJ en funciones no podía designar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y, esto impedía que el Gobierno nombrara a los otros dos que le correspondía, pues… modificó de nuevo la Ley Orgánica del Poder Judicial por la Ley Orgánica 8/2022 de 27 de julio.

Así el Gobierno pudo designar como magistrados del TC al anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo y a Laura Díez Bueso, anterior directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia, nombramientos al menos objetables por la indudable vinculación al Gobierno

Y si no llegamos a un acuerdo, cambiamos las reglas

La última maniobra desde la presidencia del Gobierno es acusar a los jueces de lawfare, quizás motivado por la admisión a trámite de una querella contra la mujer del presidente, Begoña Gómez, por un presunto delito de tráfico de influencias en sus relaciones con empresas que se han beneficiado de contratos y subvenciones millonarias.

O quizás para recoger las denuncias de sus socios independentistas que con el privilegio constitucional de la inviolabilidad (artículo 71.1 de la Constitución española) se ha despachado a gusto contra los jueces y magistrados desde la tribuna del hemiciclo.

Es cierto que la Justicia en España tiene muchos problemas que hay que arreglar y, eso es merecedora de una reflexión más profunda, pero a mi juicio entre los problemas no se encuentra el lawfare.

Este es un argumento político-emocional, no una realidad que, por otro lado, sería fácil de atajar aplicando el delito de prevaricación.

Causa un cierto sonrojo lo que desde el gobierno también se ha dicho sobre el nombramiento de los vocales del CGPJ. Algo como que, si no pactan con nosotros, cambiaremos las reglas para hacer lo que queramos.

Nuestros gobernantes olvidan que alguna de las normas se encuentra en la Constitución, cuya rigidez exige un proceso más complicado de reforma.

Todo pasa por la mayoría cualificada de 3/5, propias del consenso, tanto para la designación de los 8 juristas de reconocida competencia, como para modificar el artículo 122 de la Constitución y, en ambos casos, no olvidemos que el Senado también vota.  

El artículo 122 de la Constitución es claro en lo que se refiere a los 8 juristas de reconocido prestigio: 4 nombrados por el Congreso de los Diputados y 4 por el Senado en ambos casos por mayoría cualificada de 3/5, 210 diputados y 160 senadores. Y, si no se renuevan estos 8 vocales, no se pueden renovar el CGPJ.

Por otro lado, la remisión del artículo 122 a la Ley Orgánica del Poder Judicial para designación de los 12 vocales de origen judicial ha permitido modificar hasta en cuatro ocasiones el sistema de designación de los vocales del CGP.

No vale, por tanto, reducir la mayoría cualificada de 3/5 a 1/2 para designar a los 12 vocales de procedencia judicial. Tampoco la peregrina idea de otorgar solo al Congreso la elección de los 12 vocales de origen judicial, simplemente porque el PP podría bloquear la elección al no elegir los 4 juristas de reconocida competencia que corresponden en el Senado y los 4 del Congreso. Recordemos que en ambos casos se precisa el voto de 3/5 de los senadores y diputados.

Todo pasa por un consenso entre los dos grandes partidos políticos. Algo muy difícil, por no decir imposible. PP y PSOE han buscado la mediación del Comisario Reynders para renovar el CGPJ, sin conseguir nada hasta el momento.

La politización del CGPJ

El mal que aqueja al CGPJ es su politización que tuvo su máxima expresión cuando el presidente Rodríguez Zapatero en el 2008 desveló el nombre del que sería presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, antes que fuera elegido por el propio CGPJ.

Si mal está en que esto ocurra, peor es que se proclame a los cuatro vientos. A mi juicio, está fue una de las mayores quiebras de la separación de poderes en España. Tuve la oportunidad de preguntar a algunos de los vocales de aquel CGPJ y, la respuesta tanto del sector progresista, como del conservador fue la misma: “el nombre a elegir venía en el paquete de mi nombramiento”.

Con independencia del carácter más progresista o conservador, etiquetas simplonas que tratan de encasillar, cuando no degradar la profesionalidad, libertad y prestigio de los juristas, lo cierto es que un vocal del CGPJ se encuentra de alguna forma ligado al partido que le propuso y apoyó como vocal.

Esta vinculación también existe respecto de las asociaciones judiciales que deben desempeñar un papel importante sin llegar a ser “la correa de transmisión” entre los partidos políticos y la Justicia. La práctica de los partidos políticos y las asociaciones judiciales tratan de solicitar o imponer en los nombramientos una cuota proporcional a su importancia. Esto es a mi juicio inconstitucional pues vulnera el principio de igualdad en el acceso a los cargos públicos (artículo 23 de la Constitución) traducido en el mérito y capacidad que se cita en el artículo 103.

Todo esto debe de cambiarse para preservar la independencia del Poder Judicial. También es cierto que los partidos políticos quieren que sus afines se sienten en el CGPJ. Pero quizás lo que más les preocupa es que no haya vocales que sean beligerantes con su proyecto político. Por eso, en las negociaciones siempre se ejerce el veto sobre algunos de los candidatos del rival.

La Justicia en España necesita entrar en el siglo XXI, necesita mayor profesionalización, menos politización, más agilidad, más seguridad jurídica, menos reinos de taifas judiciales y, quizás eso se pueda arreglar con un CGPJ de prestigio que no sea manoseado por la política.

Desbloquear el CGPJ. Las propuestas Guilarte

Varias son las posibles líneas de actuación para desbloquear el CGPJ. El presidente en funciones del CGPJ, Vicente Guilarte ha elaborado un documento en que propone la modificación del sistema de nombramientos de cargos gubernativos y de magistrados del Tribunal Supremo, así como la elección de los vocales del CGPJ. A mi juicio, el redactor ha demostrado una gran valentía en su análisis y propuestas.

El sistema de elección de los cargos dentro del poder judicial por los propios jueces del territorio afectado o de la Sala correspondiente puede hacer menos apetecible el control del CGPJ que deja de elegirlos.

Se trata de restar atractivo al CGPJ como instrumento político de los partidos. Consideramos que la actual elección de los Jueces Decanos es un precedente positivo.

Para Guilarte el nombramiento de los Magistrados del Tribunal Supremo entre los magistrados debería hacerse por medio de una Comisión Cualificada de cinco miembros. “Compuesta por Vocales y por Magistrados del TS, presidida por un Vocal Magistrado del TS, si lo hay, o por un especialista en la materia con nivel de cualificación similar a la de Magistrado del TS”,

La especialización sería clave, pues si en el CGPJ no hubiera especialista, se integrarían magistrados del Tribunal Supremo especialistas en el orden jurisdiccional correspondientes seleccionados por sorteo. Los otros dos miembros de la comisión se seleccionarían entre juristas relevantes, señalando el autor del informe que según la materia específica podrían ser un abogado especialista en la materia y una persona de un cuerpo jurídico como un Catedrático, un Fiscal de Sala, o un Abogado del Estado. Se trata de objetivar los nombramientos.

En definitiva, utilizar el criterio de mérito y capacidad, no los de conocimiento, amistad y fidelidad.

Compatibles con las propuestas anteriores y también complementarias, Guilarte presenta dos propuestas excluyentes entre sí en el nombramiento de los vocales del CGPJ. Una a la que denomina “Persistencia de la elección parlamentaria” que introduce retoques al sistema vigente. Recalca la exigencia de evitar la contaminación política de los elegidos y, en segundo lugar, que han de tener un “un efectivo y reconocido prestigio”.

Señala Guilarte que en el CGPJ deben integrarse letrados en ejercicio, así como profesionales cualificados en “representación del Notariado, del Registro, de la Abogacía del Estado, del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, la Procura y otras profesiones vinculadas con la jurisdicción”.

Entre sus propuestas se introduce la prohibición del nombramiento a los políticos en activo o, más concretamente a aquellos que hayan detentado algún cargo político en los dos años inmediatos a la designación.

La otra opción que propone se refiere a la “Elección corporativa de los miembros de la Carrera Judicial” en este caso de los 12 vocales del CGPJ de origen judicial.

En esta opción se mantiene como causas de inelegibilidad a aquellos jueces que hayan ocupado cargos políticos en los años anteriores.

Señala que en la elección debería existir alguna proporcionalidad entre miembros de la carrera judicial asociados o no, algo ya previsto en el párrafo 2 del artículo 578 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. A ello se añade que solo tendrían dedicación exclusiva los cinco vocales del CGPJ que formen parte de la Comisión Permanente.

Una nueva propuesta para desbloquear el CGPJ

La gran pregunta es cómo se consigue el desbloqueo en la renovación del CGPJ cuando el entendimiento entre los dos grandes partidos, léase entre Sánchez y Núñez Feijoo, es prácticamente inexistente.

La propuesta siguiente trata de ser asumible por ambos partidos con una premisa previa: se debe despolitizar el CGPJ.

Ambos partidos mayoritarios deben entender que no puede existir una correlación de fuerzas entre el Parlamento y el CGPJ y, buena prueba de ello es que el mandato del CGPJ es de cinco años y, el máximo de una legislatura es de cuatro años. No debe haber subordinación del CGPJ al poder político.

Los vocales del CGPJ deben serlo por su mérito y capacidad, no por la afinidad política. Esta nueva propuesta se inspira en el sistema actual, en la propuesta del doctor Vicente Guilarte Gutiérrez, actual presidente interino del CGPJ y algunas experiencias valiosas como la constitución de la Junta Electoral Central.

En la Junta Electoral hay ocho vocales Magistrados del Tribunal Supremo, designados mediante insaculación  según el artículo 9-1-a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Creemos que el sorteo es la posible solución para la designación de los vocales del CGPJ, pues de esta forma no existiría ningún compromiso con los partidos políticos que promocionan y apoyan a determinados vocales. Si hay sorteo, ningún vocal del CGPJ deberá su cargo a un partido político.

El proceso de designación deberá ser similar tanto para los 12 vocales de origen judicial, como para los 8 juristas de reconocida competencia, con alguna peculiaridad. En ambos casos existirán tres fases: propuesta de candidaturas, examen y conformación del censo de sorteables y, en tercer lugar, sorteos.

Para la designación de los 12 jueces y magistrados en la fase de propuesta de candidaturas se puede seguir el sistema actual (artículos 572 a 577 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

De forma resumida, candidatos con 25 avales de jueces y magistrados en servicio activo o propuestos por una asociación judicial. Recordemos que cada juez o magistrado puede avalar a un máximo de 12 candidatos y que las Asociaciones judiciales también podrán avalar a un máximo de 12 candidatos, aunque podría establecerse un máximo diferente según el número de afiliados de cada Asociación.

En la fase de conformación del censo de sorteables existirá una previa actuación de la Junta Electoral prevista en el artículo 576 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (presidente de Sala más antiguo del TS, magistrado más antiguo y más moderno del TS y secretario de Gobierno del TS), para posteriormente pasar la lista a las Cortes Españolas.

Fase de veto

Se introduciría aquí una fase de veto por parte de los parlamentarios. Se trata de algo común en las negociaciones opacas entre partidos políticos que ahora se haría a la luz pública y, que recaería en los diputados y senadores. De la lista de candidatos sería excluidos aquellos que a juicio de 25 diputado o, de 25 senadores no fueran adecuados como vocales.

Cada diputado o senador solo puede vetar a un candidato. Se trata de eliminar a aquellos candidatos demasiado “politizados” del partido rival. Esta norma se complementaría con la prohibición de reelección ya prevista en el artículo 567-5; o; de personas que hayan ostentados cargos políticos o electivos en los 2 años anteriores.

Después de conformar este censo, el Congreso de los Diputados lo validará por mayoría de 3/5 de sus diputados y, posteriormente lo haría el Senado con la misma mayoría cualificada. En la tercera fase, se producirá un sorteo para determinar el orden de los vocales siendo designados los 12 primeros y quedando en reserva el resto de ellos.

En relación con la designación de los juristas de reconocida competencia, la única diferencia es cómo se presentan las candidaturas. Podrían admitirse dos vías para las propuestas.

Cada 25 diputados o senadores pueden presentar una pareja de candidatos ‑una mujer y un hombre‑, con el límite de que cada diputado o senador solo puede presentar a una pareja. Además, se podría dar entrada a la sociedad civil en las propuestas de candidatos, posibilitando que los Colegios de la Abogacía y la Procura, Registros, Notariado, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación o la Universidad presenten candidatos.

La fase de conformación del censo también admitiría vetos en las mismas condiciones anteriores (25 diputados o 25 senadores), ambas cámaras deberían validar al censo de sorteables por la mayoría cualificada de 3/5. Finalmente mediante sorteo, los 8 primeros serían propuestos como vocales y, el resto quedarían como suplentes.

En algún momento se podría abordar otras cuestiones sobre el CGPJ, por ejemplo, la renovación parcial del mismo con un mandato más largo ¿6 años? ¿8 años? que exigiría la reforma del artículo 122 de la Constitución. Ahora es imprescindible poner en funcionamiento el Poder Judicial y, a ser posible alejado del poder político, para lo cual las claves de los vetos a los candidatos y el sorteo pueden ser una fórmula positiva.

Una elección rápida sin casi influencia política

Se podrían elegir a los 12 vocales judiciales a partir de la lista de candidatos que se creó en 2018. La lista de candidatos se cerraría después que los diputados y senadores a la vista del curriculum y proyecto propuesto por cada candidato eliminaran a aquellos que a juicio de 25 diputados o 25 senadores -cada parlamentario solo podría vetar a un candidatono debieran participar en el sorteo.. La lista para sortear debería votarse en el Congreso y, en el Senado y, aprobarse en cada cámara por 3/5 de los diputados (210) y senadores (160).

La última fase consistiría en el sorteo o sorteos. Si se mantiene la elección privilegiada de 3 plazas para magistrados del Tribunal Supremo y tres magistrados con más de veinticinco años de antigüedad, deberían realizarse tres sorteos, comenzando por el de los magistrados del Tribunal Supremo (en la lista del 2018 hay cuatro candidatos del TS), siguiendo por aquellos que tienen más de 25 años en la carrera judicial. Si algún magistrado del TS no sale en el sorteo y tiene más de 25 años en la carrera judicial, también entraría en el segundo sorteo.

El tercer sorteo elegiría a los últimos candidatos hasta completar los 12 vocales de origen judicial.

El nombramiento de los 8 juristas de reconocida competencia sería similar, excepto en la propuesta de candidatos. Desde las presidencias del Congreso y el Senado que son quienes “deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo” (artículo 568.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) solicitarán candidaturas al Consejo General de la Abogacía, a la CRUE (Conferencia de Rectores de la Universidades Españolas), el Consejo General de Procurados de los Tribunales, Colegio de Registradores de España, Consejo General del Notariado y a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, cada organismo propondrá cuatro nombres: dos mujeres y dos hombres. Dado que el artículo 122 de la Constitución española se refiere específicamente a los abogados, el Consejo General de la Abogacía podría proponer hasta 8 nombres.

A estos 28 nombres, se añadirían aquellos otros propuestos por los diputados y senadores. Veinticinco diputados o veinticinco senadores pueden proponer una pareja de candidatos ‑una mujer y un hombre‑, con la limitación de que cada parlamentario solo puede proponer una pareja. En total, si todos los parlamentarios se organizan para proponer candidatos, estos serían como máximo 52.

En la segunda fase, veinticinco diputados o veinticinco senadores pueden eliminar a un candidato.  Las cámaras por mayoría cualificada de 3/5 validarían el censo.

En una tercera fase, se sortearían para seleccionar ocho  vocales quedando el resto como suplentes.

Epitafio

El CGPJ es el órgano de gobierno del Poder Judicial. Es un engaño decir que el CGPJ debe reflejar las opciones políticas del parlamento. Tampoco que la democratización de los jueces y tribunales se logra mediante la ocupación política del CGPJ.

La Democracia se sustenta en el Estado del Derecho y en la división de poderes y, si eso no es así, por mucho que hablemos de democracia o soberanía popular estaremos finiquitando a la auténtica democracia. Las llamadas democracias populares son solo un cartel falso de una dictadura. A la Historia nos remitimos. La independencia e inamovilidad de los jueces es una garantía del Estado de Derecho.

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