El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este lunes la apertura de una diligencia informativa para analizar las quejas formuladas contra el juez David Maman, instructor de la querella interpuesta contra el ex DAO, José Ángel González, por una presunta agresión sexual a una subordinada.
La decisión ha sido adoptada por el promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, según ha informado el órgano de gobierno de los jueces, a raíz de diversas quejas relativas a manifestaciones realizadas por el magistrado, titular de la Plaza Número 8 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid, durante su participación en una actividad formativa celebrada en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).
En dicha formación, el magistrado espetó que se han otorgado muchas «ventajas» a las mujres que denuncian violencia de género y que van «a la caza de la orden» de protección.
Más de un centenar de organizaciones habían solicitado días antes la apertura de una investigación al considerar que dichas declaraciones públicas sobre violencia de género resultan “incompatibles” con la imparcialidad judicial.
Los denunciantes sostienen que el juez realizó afirmaciones «estereotipada» de las mujeres
En la misma línea, el Ministerio de Igualdad instó al CGPJ a incoar diligencias y a abrir un expediente disciplinario por una posible «falta grave».
En su escrito, el departamento que dirige el Ejecutivo sostuvo que el juez “realizó diversas manifestaciones relativas a las mujeres víctimas de violencia de género, al ejercicio de sus derechos procesales y a la protección de las personas menores de edad, cuyo contenido resulta manifiestamente incompatible con los deberes de imparcialidad, respeto y sujeción al ordenamiento jurídico que rigen la función jurisdiccional”.
Según el citado documento remitido al CGPJ, el magistrado atribuyó a las madres comportamientos de «manipulación» sobre sus hijos —a los que se refirió como «+lavado de coco»— y afirmó que «la mujer es una enemiga acérrima» de la custodia compartida.
Por su parte, las organizaciones denunciantes sostienen que el juez realizó afirmaciones que trasladan una visión «estereotipada» de las mujeres.
Entre ellas, señalan referencias a que algunas denunciantes buscarían órdenes de protección de forma interesada —empleando expresiones como “la caza de la orden”—, la existencia de supuestas «ventajas» para las mujeres al denunciar y la posibilidad de que, en casos con menores, las madres influyan en sus hijos mediante un presunto lavado de coco”.
