El abogado del denunciante de la trama ‘Gürtel’, José Luis Peñas, ha pedido, en la fase de cuestiones previas, que se anule su procesamiento en la primera época de la ‘Gürtel’ (1999-2005), que ha comenzado a celebrarse este martes, ya que se ha vulnerado sus derecho a un proceso con todas las garantías.
En concreto ha planteado como cuestión de nulidad la ausencia de lectura previa de sus derechos constitucionales cuando compareció en 2009 ante el instructor que llevó el caso cuando el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón lo derivó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el fallecido Antonio Pedreira.
El letrado Ángel Galindo ha resaltado ante el tribunal que juzga esta pieza que su cliente fue el que denunció el caso, cuando aportó algunas grabaciones que mantuvo con el empresario Francisco Correa y otros acusados, pero ha subrayado que presentar cuestiones previas no «rompe» con el «espíritu de colaboración» que ha tenido Peñas desde el principio.
La defensa del exconcejal de Majadahonda ha denunciado que se ha vulnerado el derecho de su representado a un proceso con todas las garantías porque, cuando declaró como imputado, aunque a petición propia, no se le leyeron sus derechos.
Pese a todo, el abogado de Peñas ha destacado que no debía interpretarse como un alejamiento de la colaboración del exedil con la justicia, sino que lo hacía en estricto derecho de defensa de su cliente, que se enfrenta a 6 años y 5 meses de cárcel.
Además, ha defendido que se considere prescritos algunos de los delitos, como el de asociación ilícita o cohecho, y que, por tanto, se retiren de su acusación.
NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO
Como era previsible, la mayoría de las defensas de los acusados que la Gürtel han solicitado la nulidad del procedimiento por la ilegalidad de las escuchas que llevaron a la condena de Baltasar Garzón y de las grabaciones que destaparon el caso.
En las cuestiones previas por parte de 18 de los 37 acusados y el único que no ha presentado ninguna ha sido el principal afectado por esas escuchas, Francisco Correa, que se enfrenta a la pena más elevada: 125 años de cárcel. Tampoco lo ha hecho su exmujer Carmen Rodríguez Quijano.
Una decisión que se ha interpretado como una escenificación de su decisión de colaborar con la Justicia de la que ha hecho gala en los días previos al juicio tras designar un nuevo abogado y pagar los 2,2 millones de euros que le reclaman de fianza civil.
