Coche compartido frente a transporte profesional. Las anunciadas sanciones a Bla Bla Car por parte de la Consejería de Transporte, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid filtradas a un medio informativo han abierto la polémica. En el día de hoy ambas partes tienen una reunión para aclarar una situación enrarecida.
Según un diario de información general que contaba en exclusiva la noticia. La Consejería de Transportes habría impuesto tres sanciones a la filial de la compañía francesa en España, por un total de 8.800 euros, por carecer de autorización para ofrecer “un servicio de transporte público”, y habría fijado además sendas sanciones de 4.000 euros a dos conductores de la plataforma.
De momento y hasta la reunión que tendrá lugar este miércoles en la propia Consejería de Transportes, las posturas se ven muy alejadas. La Consejería pide a Bla Bla Car que cumpla la ley y se someta a una normativa más propia de las empresas de transporte. Por su parte, la plataforma tecnológica muestra su malestar al conocer por un tercero unas posibles sanciones que aún no fueron notificadas.
Para el consejero de Transportes e infraestructura Pedro Manuel Rollán “queremos aclarar en esta reunión con esta empresa todo lo que tiene que ver con el transporte colaborativo. Que se respete la ley y que todos los conductores que colaboran con Bla Bla Car lo hagan en los términos pactados No podemos consentir la competencia desleal que pudiera surgir de un mal uso de esos servicios”. En su opinión podría haber más conductores sin detectar aún que realizan malas prácticas.
Pedro M. Rollán: “Es fundamental que todas aquellas empresas que pretendan hacer negocio compartiendo vehículos se ciñan a las reglas del juego”.
Rollán indica que con fecha de este lunes, según consta en el Registro de salida, la empresa ya ha tenido que recibir una notificación sobre futuras sanciones. “es posible que este lunes por la tarde ya fueran formalmente notificados. De todas formas con anterioridad se les requirió diferente documentación aunque no mostraron mucha colaboración al respecto”.
A su juicio este “caso Bla Bla Car” no tiene nada que ver con Uber que también generó polémica en su momento “son cuestiones diferentes. Aquí lo que hemos hecho es efectuar una inspección en primera instancia a los conductores. Los conductores han provocado en Comuto, la empresa que explota Bla Bla Car España ese efecto dominó”, indica.
El propio consejero subraya que “Comuto está ofertando un servicio y no ha velado porque estos dos conductores que han sido sancionados con 4.000 euros cada uno, se ciñeran al marco legal que permite y contempla el transporte colaborativo”, indica. Rollán subraya que no se trata de impedir su actividad “lo que queremos es que extremen medidas de vigilancia para que no se produzcan más casos como los detectados”.
Sobre los comentarios que se han generado en redes sociales especialmente criticando la medida, el consejero de Transportes madrileño señala que “no podemos estar con los brazos cruzados en cuanto a que las cuantías que los usuarios pactan de estas plataformas colaborativas se incrementan al alza. Al mismo tiempo debemos defender aquellos que realizan una actividad legal pagando sus impuestos por sus pertinentes licencias”.
Cuando le preguntamos si Bla Bla Car paga algún tipo de impuesto por su trabajo en España nos comenta que “en la parte que tiene que ver con esta Consejería no paga ningún impuesto. Es fundamental que todas aquellas empresas que pretendan hacer negocio compartiendo vehículos se ciñan a las reglas del juego”.
Expertos consultados por esta publicación achacan estas restricciones que se imponen a empresas como Bla Bla Car al poder de los lobbies de transporte urbano de autobuses y taxi que tiene fuerza en algunos sectores de la Administración, situación que no hay en otros países. En muchos países está práctica ya está extendida y pocos conflictos hay registrados por la puesta en marcha en Alemania, Francia o Italia.
Estas mismas fuentes señalan que este tipo de empresas podría presentar una queja por quebranto de la ley de garantía unidad de mercado a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), siguiendo el artículo 27 de dicha Ley. Es una figura frecuente que emplean las empresas para salvaguardar sus intereses perjudicados por determinadas decisiones de las administraciones públicas.
Otra opción menos factible pero que también está ahí sería pedir a la CNMC que presentarse un recurso llamado legitimación activa del 5.4 permite al Consejo de la CNMC, a propuesta del Departamento de Promoción de la Competencia, impugnar ante los tribunales actos de las Administraciones Públicas y disposiciones generales de rango inferior a la ley de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados.
Bla Bla Car, a la espera de las notificaciones de esas sanciones
Jaime Rodríguez de Santiago es el Country Manager de Bla Bla Car para España y Portugal. En España lleva operando más de 6 años y ni la compañía ni ninguno de sus más de 3.000.000 de usuarios ha recibido sanción alguna; de la misma forma que tampoco la ha recibido en ninguno de los otros 21 países en los que está presente.
“Creo que hay un enfoque equivocado de planteamiento. No somos una empresa de transporte, ni los servicios que presta puedan considerarse una modalidad de transporte terrestre sujeta a la LOTT. Somos una red social de viajes en coche compartido. Una plataforma tecnológica, que permite que dos usuarios contacten para realizar desplazamientos compartiendo gastos, sin ánimo de lucro”, aclara.
Jaime Rodríguez de Santiago: “Nuestra actividad, al no ser profesional, no está sujeta a los impuestos tradicionales que tienen autobuses y empresas similares”
Para Rodríguez de Santiago “es muy difícil posicionarnos ante unas sanciones que no hemos recibido. Sabemos lo que un medio de comunicación publicó el pasado lunes. Ni a nuestra empresa ni a nuestros usuarios les ha llegado hasta este momento ninguna documentación al respecto”, comenta. Resalta que siempre han colaborado con cualquier administración pública que les haya requerido cualquier tipo de información.
Sobre la reunión que mantendrán hoy en la Consejería de Transportes el máximo responsable de Bla Bla Car para España y Portugal espera que “entender el origen de unas filtraciones a los medios de comunicación, que no son la primera vez y resultan preocupantes sobre unos expedientes y posibles sanciones de los que los afectados aún no hemos sido notificados. Hablamos de un procedimiento que en teoría es privado y confidencial que afecta a ciudadanos como a una empresa como la nuestra”.
Otro de los objetivos de esta reunión de trabajo será “el aclarar nuestra situación en el mercado español. Hasta este momento nadie había cuestionado nuestro modelo de negocio y su funcionamiento”.
A su juicio, este hecho aislado no tiene nada que ver con el juicio, ya visto para sentencia que Bla Bla Car tuvo con Confebus, patronal de los autobuses en los que segundos acusaban en su demanda a esta plataforma tecnológica de competencia desleal. En este asunto, como en otros los asesores legales de esta startup es el despacho Pérez-Llorca.
Tampoco quiere ver detrás de la actuación de la Comunidad de Madrid la presión de los lobbies de autobuses y taxis de esta región. “Lo que se dirime en dicho juicio es si nuestro modelo de negocio tiene cabida en la legislación española actual y nosotros así lo creemos”.
Jaime Rodríguez de Santiago contradice al Consejero Rollán al decir que “la actividad de los usuarios de Bla Bla Car no está sujeta a licencia. Hablamos de una actividad privada particular como es el compartir coche. Lo hemos hecho bastante a lo largo de nuestras vidas. Esa actividad, al no ser profesional, no está sujeta a los impuestos tradicionales que tienen autobuses y taxis”.
Y subraya que nuestra empresa paga “los impuestos que debe pagar, por ejemplo el IVA de todas las transacciones y gastos de gestión de un pasajero cuando reserva un conductor a través de nuestra empresa se devenga en España. Al mismo tiempo consolidamos nuestras cuentas en Francia que no es precisamente un paraíso fiscal, con un tipo impositivo más alto del que nos correspondería pagar en España”
Nuestro interlocutor recuerda las recomendaciones de la CE sobre economía colaborativa “llega a distinguir los servicios profesionalizados de los que no son en este terreno. Señala la necesidad de que exista una distinción clara a efectos fiscales y de licencias. No se puede exigir licencia en una actividad de consumo colaborativo donde no hay una profesionalización del servicio”.
