«Consuelo Madrigal sí quiere continuar siendo fiscal general del Estado. Lo tiene muy claro. Su continuidad dependerá de quién sea el futuro ministro de Justicia, si el actual u otra persona». Así de rotundo y claro fue el mensaje que transmitieron a nuestro diario fuentes cercanas a Consuelo Madrigal tras la publicación de la noticia, ayer, de que el vocal del Consejo General del Poder Judicial, Fernando Grande-Marlaska, veía con buenos ojos asumir esa responsabilidad.
«La fiscal general ha dejado pendientes muchos nombramientos a la espera de que haya un nuevo gobierno. Su voluntad inequívoca es seguir al frente de la Fiscalía General del Estado. Todavía le quedan muchas cosas por hacer», afirmaron las mismas fuentes.
Según pudo saber Confilegal, la fiscal general, en un principio no tenía voluntad de continuar tras su mandato, que comenzó el 10 de enero de 2015, tras la dimisión de su antecesor, Eduardo Torres Dulce, el 18 de diciembre de 2014, por «razones personales». Madrigal, en un principio, iba a ser una fiscal general de «transición». Debía cumplir el año que le quedaba a Torres Dulce, hasta las elecciones del 20 de diciembre de 2015.
Sin embargo, la fallida legislatura y la convocatoria de nuevas elecciones han prolongado su mandato 9 meses.
El tiempo transcurrido y el conocimiento del cargo han cambiado su perspectiva.
Madrigal podría volver a ser elegida fiscal general del Estado ya que cumple las condiciones del artículo 31.2 que dice que «El mandato del Fiscal General del Estado no podrá ser renovado, excepto en los supuestos en que el titular hubiera ostentado el cargo durante un periodo inferior a dos años». 24 meses. Madrigal lleva 21 meses.
El pasado lunes, la fiscal general del Estado ordenó al fiscal superior de la Comunidad Autónoma de Cataluña, José María Romero de Tejada, que interpusiera una querella ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por los delitos de prevaricación y desobediencia. En cumplimiento a la ejecución del auto remitido el pasado 6 de octubre por el Tribunal Constitucional, que estimó, unánimemente, el incidente de ejecución instado por el Gobierno.
Fue la decisión del máximo tribunal de garantías tras la aprobación por el Parlament, el pasado 27 de julio, de la resolución que dio inicio al denominado “proceso de ruptura” de Cataluña con el resto del Estado.
