El magistrado del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido, instructor de la causa contra Rita Barberá, ha alertado del «serio riesgo de judicialización de la política» por la personación de partidos políticos en causas judiciales que afectan a dirigentes de otras fuerzas, convirtiéndose en otra forma de «confrontación política».
Conde-Pumpido, que ha citado este jueves a declarar como investigada a la excalcaldesa de Valencia y actual senadora por supuesto blanqueo de dinero, ha decidido también fijar una fianza de 3.000 euros al PSOE para personarse como acusación popular en el proceso.
En su auto, el magistrado del Supremo alerta del «serio riesgo de judicialización de la política» que supone la práctica -«que no existe en los países de nuestro entorno»- de que un partido ejerza la acusación en una causa penal contra una persona relevante de otra formación política.
Dicha práctica, advierte el Conde-Pumpido, «transforma el área de debate procesal en un terreno de confrontación política».
En la causa que se sigue en el Supremo contra Rita Barberá, el PSOE pidió personarse y solicitó que no se señalase el pago de fianza alguna para hacerlo. Pero el magistrado instructor ha decidido imponerles una fianza.
En su auto, Conde-Pumpido, el magistrado instructor, recuerda que tanto el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011 (artículo 82, 1d), como la propuesta de Código Procesal Penal de 2013 (artículo 70, 2d), elaborados por gobiernos de signo político diferente, prohibían expresamente el ejercicio de la acción popular por los partidos políticos.
«Es cierto que estos proyectos no han alcanzado vigencia, y que existe una cuestionable práctica judicial que admite, con carácter general, la personación de los partidos políticos como acusación popular en causas contra políticos de otros partidos», señala el magistrado.
No obstante, sostiene que eso no excluye que, «aún admitiendo la personación, se adopten las necesarias cautelas lo que no permite privilegiar este tipo de acusaciones e impide que se prescinda del señalamiento de la oportuna fianza», subraya la resolución.
Por ello, tras ponderar las eventuales responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse para el PSOE, y «la previsible asequibilidad» para depositar esa cantidad, fija la fianza en 3.000 euros, que deben ser depositados en metálico en el plazo de ocho días desde la notificación de la resolución.
