El presidente de Abengoa, Antonio Fornieles ha afirmado este viernes ante la juez instructora de la Audiencia Nacional Carmen Lamela que no leyó el contrato de asesoramiento del expresidente de la empresa Felipe Benjumea, por el que recibió una indemnización millonaria tras su cese en el cargo.
Lamela ha interrogado al actual presidente en calidad de investigado por la aprobación de las millonarias indemnizaciones que percibieron Benjumea y su exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega poco antes de que la compañía presentara el preconcurso de acreedores. También han comparecido la expresidenta de la Comisión de Nombramientos Mercedes García Díez y la vocal Alicia Velarde Valiente, que han coincidido con la versión ofrecida por Fornieles.
Así, el abogado de la acusación Plataforma de Perjudicados por Abengoa, Felipe Izquierdo, ha explicado a los medios de comunicación que los tres investigados han manifestado en su declaración que «no se leyeron el contrato de asesoramiento de Benjumea, que no pasó por la comisión».
Según el letrado de la plataforma de bonistas afectados, Fornieles, García Díez y Velarde estaban «preparados» para afirmar ante la juez instructora que «la culpa» de la destitución de Benjumea «era del Banco Santander» y han focalizado dicha carga en el vicepresidente del Grupo Santander, Rodrigo Echenique, que, según ellos, «exigió» el cese.
Echenique aseguró el pasado mes de julio ante la juez del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional que no forzó su salida, sino que recomendó la destitución del equipo de gestión debido a las deudas de la compañía.
SE FIABAN DE SUS ASESORES LEGALES
Izquierdo ha lamentado este hecho aun más cuando García Díez fue quén firmó este contrato. Además, los tres investigados han explicado que los documentos se los enviaban al bufete de abogados DLA Piper y que eran ellos los que les aconsejaban legalmente.
Los letrados de la Plataforma de Perjudicados por Abengoa van a solicitar la declaración de este despacho para que den «su versión» ante esta afirmación. También, van a pedir a Lamela que imponga una fianza con carácter solidario a los tres investigados que han declarado este viernes por «la falta de diligencia y lealtad a la sociedad» al no haber leído los contratos y «aprobado las cosas porque sí, porque lo ha dicho un abogado».
Por su parte, Fornieles –que ya declaró como testigo el pasado mes de junio– ha afirmado a preguntas del fiscal que «ni sabe, ni se acuerda de por qué los bancos no aseguraron la ampliación de capital». Además, sobre las retribuciones ha asegurado que se dieron conforme a lo que estaba estipulado en los contratos.
Sobre los 11,4 millones de euros que recibió Benjumea, Fornieles no ha aclarado la «diferencia» por la que se repartió en 4,48 millones euros y otros 7 millones de euros. En junio explicó que la multinacional pagó 4,48 millones en concepto de indemnización por cese anticipado y los 7 millones por bonificación por permanencia que tenía reconocida en su contrato con la sociedad.
NO SOLICITARÁN LA IMPUTACIÓN DE BORRELL
Fornieles ha reconocido, a preguntas de Lamela, que fue él quien ejercitó el voto del exministro José Borrell por delegación. La magistrada se ha negado en dos ocasiones a investigar a Borrell en esta causa, aunque le citó a declarar como testigo el pasado mes de junio.
Sin embargo, Izquierdo ha asegurado Plataforma de afectados discrepa de esta decisión de la juez, ya que como miembro de esa Comisión «está obligado» a asistir a los Consejos, mientras que su excusa para no acudir era que estaba «haciendo bolos, vendiendo su libro». Pese a ello, el abogado ha anunciado que no volverán a pedir que sea investigado «a la vista de las dos negativas anteriores».
EL CESE DE BENJUMEA FUE UN «SHOCK»
El Ministerio Público recalca en un informe que Abengoa amplió su capital para afrontar sus deudas y el Consejo de Administración decidió el 23 de septiembre de 2015 «aparentar la marcha» de Benjumea de la sociedad, quedándose bajo la denominación de «asesor» del Consejo y cobrando un sueldo «idéntico» al que venía recibiendo como consejero.
Benjumea recibió el pago pese a ser consciente de la «mala situación» de la sociedad, que en noviembre de 2015 pidió el preconcurso de acreedores. Los mismos miembros del Consejo de Administración acordaron el 15 de junio de 2015 las condiciones económicas y el cese de Sánchez Ortega.
No obstante, según ha dicho Izquierdo, García Díez ha aseverado ante la magistrada de la Audiencia Nacional que la empresa era «transparente», que todo era estudiado por la Comisión y que en septiembre de 2015 la sociedad «estaba muy bien» y que Benjumea «era muy bueno y había que pagarle». Este mismo argumento lo ha mantenido Velarde, que ha dicho que fue un «shock» la noticia el cese de Benjumea, ya que tenía «mucho talento». (EP)
