Un estudio elaborado por Cuatrecasas y la consultora económica RBB para la Comisión Europea establece recomendaciones y pautas a seguir por juzgados y tribunales en materia de pass-on, es decir reclamaciones de daños sobre las actuaciones de los cárteles, acuerdos de empresa del mismo sector para reducir competencia o pactar precios. Este estudio servirá para elaborar una guía práctica sobre esta materia que preocupa a la propia actividad de los magistrados europeos.
Hablamos con Paul Hitchings, socio de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira y responsable del proyecto, se muestra satisfecho por “un año de trabajo intenso y enriquecedor con RBB, y un grupo amplio de expertos de la UE y EEUU, en el que hemos abordado juntos el desafío de dónde y cómo se encuentran la ley y la economía ante esta cuestión compleja” .
De hecho este encargo se sometió a un concurso en el verano del año pasado. La Comisión eligió a Cuatrecasas y RBB para llevar a cabo el estudio mediante un concurso público en verano de 2015 al que se presentaron varios consorcios profesionales. “Espero que este estudio sea una contribución importante al debate sobre esta cuestión clave para las reclamaciones de daños y cómo los tribunales nacionales pueden resolverla”, comentó.
Las conclusiones de este estudio cuyo título es Study on the passing-on of overcharges” revela las siguientes conclusiones según nuestro interlocutor “Creo que ayudará a los jueces a identificar la relevancia e impacto de pass-on (daños repercutidos) en los procedimientos por daños, y garantizar el correcto enfoque de los análisis económicos o factuales desde un principio”.
El informe expone metodologías para cuantificar el impacto del pass-on en las acciones de daños y perjuicios y ofrece una guía con 39 pasos a los jueces.
Al mismo tiempo también “permitirá a los jueces recurrir a diferentes enfoques propuestos por los expertos, basados en reconocidos métodos y principios económicos y prácticas jurídicas detallados en el estudio. Hasta ahora, los jueces en la UE nunca habían dispuesto de antecedentes tan pormenorizados”.
Para Hutching, otra de las ventajas de este informe tiene que ver que “indica a los jueces cómo proceder para evaluar los métodos más adecuados según las circunstancias y los requisitos de información en cada caso. A su vez, el estudio ayudará a los jueces a orientarse con respecto a la nueva normativa sobre divulgación que se implementará en Europa en 2017”.
En esta línea, Hutching señala que “también les permitirá determinar cuándo es apropiado divulgar información así cómo el ámbito de aplicación para asegurarse que esta actuación no sea excesiva o inútil. Estos problemas existen incluso en Inglaterra (ej.: carga aérea), aunque serán más manifiestos en las jurisdicciones civiles”.
Por último con esta información los jueces guiarán a expertos en economía y a examinar sus pruebas para asegurarse de que su trabajo cumple con los principios legales y económicos vigentes y que sus pruebas son útiles y sirven para adjudicar el asunto pass-on”.
Para los impulsores de este estudio, uno de los mayores retos a la hora de determinar los efectos concretos de las infracciones de normas de competencia (como por ejemplo un cártel) es la aportación de pruebas que demuestren, según las exigencias de la ley, que los sobreprecios de los productos afectados han sido repercutidos hasta alcanzar una víctima concreta, la cual puede llegar a ser el consumidor final. Este es el denominado “pass-on».
En este sentido, el informe concluye con una guía práctica dirigida a juzgados y tribunales que contiene 39 pasos en un práctico formato de preguntas-respuestas. Los temas abordados en el estudio inciden en temas tales como: el orden y apreciación de la prueba pericial económica y el establecimiento de criterios para cuantificar los daños y perjuicios, o cómo gestionar el intercambio de prueba entre las partes (“disclosure”) y garantizar, al mismo tiempo, la confidencialidad de los secretos comerciales revelados.
Hutchings revela que el llamado pass-on es “una cuestión controvertida en muchas de las acciones de daños por infracciones del derecho de la competencia, bien como defensa de los infractores, bien como base para establecer la legitimación activa de los reclamantes (locus standi)”.
De hecho, en los casos del cártel de azúcar en España, “el Tribunal Supremo terminó rechazando las alegaciones, planteadas por los productores de azúcar, de que los reclamantes (por ejemplo Nestlé) habían repercutido el sobreprecio del azúcar en el precio de sus productos a los consumidores finales”.
En otro asunto, la demanda que la cadena de supermercados británica Sainsbury’s ha presentado contra MasterCard en relación con sus tasas de intercambio (una de múltiples demandas de este tipo) la plataforma de pagos defiende que Sainsbury’s habría repercutido el sobreprecio causado por las tasas a los consumidores.
“Sin embargo, el Tribunal de Competencia de Londres, en una sentencia dictada en julio, dio la razón a la cadena de alimentación (otorgando a la misma casi €80 millones) ante la falta de pruebas que demostraran, según los requisitos de la ley, la repercusión de estas tasas en el precio de los productos que pagaban los consumidores finales”, comenta el socio de Cuatrecasas.
Estudio precursor de la guía práctica de la Comisión
A partir del estudio preparado por Cuatrecasas y RBB, la CE elaborará una guía práctica para jueces nacionales sobre cómo estimar el pass-on (tal como está previsto por la Directiva, art. 16). Su publicación está prevista en 2017, tras un proceso de consulta previa, que será llevado a cabo por la Comisión con jueces, economistas y abogados durante los próximos meses.
Según los autores del estudio, la potencial complejidad de la apreciación judicial del pass-on y la correspondiente práctica de la prueba, han sido los principales motivos que han hecho necesario un análisis legal y científico cualificado y práctico que la Comisión pueda ofrecer a jueces y especialistas activos en este campo.
Por otro lado, Benoit Durand, socio de RBB y coautor del estudio, ha añadido que “el estudio establece una hoja de ruta de mucha utilidad para los profesionales del sector legal al permitir cuantificar daños en los casos de “pass-on”. El informe remarca las ventajas e inconvenientes de los distintos puntos de vista existentes sobre la materia y ofrece recomendaciones prácticas para obtener soluciones precisas”.
