Jueces y fiscales han expresado su esperanza de que el Gobierno central transponga a su ordenamiento jurídico, antes de finalizar la presente legislatura, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por la ONU en 2007.
Dicha transposición conllevará importantes reformas, al tiempo que han demandado implementar las medidas económicas necesarias para garantizar los derechos de las personas afectadas por algún tipo de discapacidad.
Estas han sido algunas de las reivindicaciones planteadas esta tarde en el transcurso del III Congreso de Protección Jurídica de la Persona con Discapacidad que, organizado por Futudís, se ha celebrado en el salón de actos del Colegio de Abogados de Valladolid y que ha sido inaugurado por la conferencia de Encarnación Roca Trías, magistrada del Tribunal Constitucional.
La magistrada, en su alocución, ha reconocido la clara evolución registrada en la protección jurídica de los derechos de las personas discapacitadas, tras pasarse de una época en la que se protegía a las personas incapaces por razones básicamente económicas a la actual, en la que se protege todo tipo de discapacidad, con independencia de si la misma impide al afectado gobernarse por sí mismo.
En este sentido, la magistrada, en declaraciones a Europa Press, ha recordado que el ordenamiento jurídico se encuentra muy influido por la Convención de Nueva York de la ONU en esta materia en 2007, que entró en vigor en España al año siguiente, y que, entre otras repercusiones, ha llevado al Tribunal Constitucional a reconocer una protección similar al ‘habeas corpus’ en aquellos casos de personas de la tercera edad internados en contra de su voluntad.
«Ya no se puede internar a nadie en contra de su voluntad, salvo que lo determine el juez«, ha incidido Roca Trías, quien se felicita de que cada vez el ordenamiento jurídico es más «sensible» en este tipo de casos, si bien advierte de que muchas veces las reivindicaciones de las personas con discapacidad no son sólo cuestiones jurídicas sino que requieren medidas económicas.
NECESIDAD DE IMPLEMENTAR MEDIDAS ECONÓMICAS
Al respecto, la magistrada lamenta que las leyes impulsadas por el entonces gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero sobre protección a la discapacidad, «con un fuerte contenido económico, no se hayan visto implementadas a posteriori al máximo nivel» a la hora de suprimir barreras arquitectónicas, facilitar el acceso de los afectados a centros educativos y puestos de trabajo o bonificar fiscalmente a aquellas empresas que contraten a personas discapacitadas.
«Se trata de todo un tejido que no sólo atañe al ordenamiento jurídico o el Derecho Civil sino que es algo mucho más amplio que se traduce básicamente en dinero«, ha resumido la magistrada. Entre los muchos ejemplos posibles, Trías confiesa que en la actualidad presenta un problema en una de sus piernas y hasta entonces no se había percatado de las muchas escaleras que hay en el metro de Madrid.
Por su parte, Alfonso Candau, vicepresidente de Futudís, entidad organizadora del encuentro, ha justificado la celebración del mismo en la necesidad de revisar la evolución de la tutela de los discapacitados a partir de la Convención de la ONU, que han ido adaptando los distintos países y que en España, como así ha explicado, está pendiente de su trasposición al Derecho español y que supondrá modificar el Código Civil y otras normas.
Así, Candau ha mostrado su confianza y «casi certeza» de que tal transposición será una realidad antes de que concluya la presente legislatura. (EP)
