«La responsabilidad penal de las personas jurídicas es la herramienta más eficaz, actualmente, para combatir el delito en las organizaciones, en las empresas, en las estructuras. Y muchas veces, de los altos responsables de las estructuras», explicó el -previsiblemente- nuevo fiscal general del Estado, José Manuel Maza, el pasado miércoles a los miembros de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados en la comparecencia que realizó.
«Guste o no guste, la OCDE impone esto a todos los países que forman parte. Porque es su buque insignia en su lucha contra la corrupción internacional. Por eso, desde el año 2010 lo tenemos en España», añadió.
Maza reconoció que su implementación ha provocado muchos recelos en el sector jurídico, «porque estamos acostumbrados a un derecho penal antropocéntrico y no entendemos qué es juzgar a unas siglas, a una personalidad jurídica. Pero tiene unas ventajas de política criminal extraordinaria porque provoca inmediatamente la alianza de las personas jurídicas con los investigadores y con las autoridades encargadas de prevenir y castigar el delito en la prevención, controlando a sus empleados y a sus directivos, y en el castigo, ayudando a las autoridades a descubrir quién ha cometido el delito».
El nuevo fiscal general del Estado calificó al cumplimiento normativo penal como de «apasionante».
«Además es mi tema de tesis doctoral, por lo que he dado muchísimas conferencias. Tengo mis propias ideas», añadió, en respuesta a la pregunta de por qué daba tantas conferencias.
«Soy culpable de tener una enorme vocación docente», agregó. «Y, además, dio la casualidad que me correspondió a mí abordar en la Sala como ponente la sentencia del Pleno sobre esta materia pues excuso decirle, colegios profesinales, abogados por todas partes, interesadísimos, para que les explicara, para que les contestara a las dudas que la sentencia planteaba».
SENTENCIA DEL PLENO DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS:
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