El nuevo director general de Relaciones con la Administración de Justicia, el magistrado Joaquín Delgado, tomó posesión ayer de su cargo en el Palacio de Parcent, en pleno centro de Madrid, ante una multitud de asistentes que abarrotaban el salón principal. Junto a él prometieron y juraron sus cargos el nuevo abogado general del Estado, Eugenio López y el nuevo secretario general técnico del Ministerio, José Amérigo, ante la mirada atenta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor.
Delgado, que viene a cubrir el espacio dejado por su compañero de carrera, Ricardo Conde, dijo a los presentes que venía a aportar «mucha ilusión, muchas ganas de trabajar y mucha experiencia».
No en vano, ya fue en su momento asesor en ese mismo Ministerio, y letrado, con importantes responsabilidades, en el Consejo General del Poder Judicial. Hasta hace unos días era magistrado de la Sección 27 de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid.
López, por su parte -sucede a Marta Silva de Lapuerta-, mostró su «tremenda satisfacción» por este nuevo reto que Catalá ha puesto ante él y agradeció a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que le hiciera secretario general técnico del Ministerio, cargo que ejercía hasta este momento.
José Amerigo reconoció que el nombramiento «implica una responsabilidad que es inevitable que conlleve una cierta sensación de vértigo».
El ministro del ramo, Rafael Catalá remachó el acto elogiando las figuras de sus tres últimos fichajes para enfrentar los desafíos que el Ministerio tiene ante sí, sin olvidar el gran papel jugado tanto por Conde como por Silva y por Julio Fuentes, al que sustituye Amérigo, quien, hasta ahora, había sido letrado del Consejo de Estado. Por esa razón, asistieron al acto el presidente de esa institución, Jose María Romay Beccaría, y los consejeros Fernando Ledesma y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón.
También estuvieron los vocales del Consejo General del Poder Judicial, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Nuria Díaz Abad, los magistrados María Tardón y José de la Mata, y la directora general de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España.
