El Reglamento de Inteligencia Artificial (RIA) de la Unión Europea establece sanciones que pueden llegar hasta los 35 millones de euros, o el 7% del volumen de negocios mundial total del ejercicio financiero anterior de la empresa con el objetivo de disuadir cualquier intento de prácticas que puedan poner en peligro los derechos fundamentales y la seguridad pública.
Así lo explica Joaquín Delgado Martín, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el capítulo sobre el régimen sancionador de la RIA del libro colectivo que lleva por título «El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial» y que ha dirigido Moisés Barrio.
Los 35 millones de euros están contemplados para las infracciones muy graves.
Para las infracciones graves las multas administrativas se pueden elevar hasta los 15 millones de euros o, si el infractor es una empresa, hasta el 3 % de su volumen de negocios mundial total correspondiente al ejercicio anterior.
Para las infracciones leves, según Delgado, las multas administrativas tienen un techo de 7,5 millones de euros o si el infractor es una empresa, hasta el 1 % del volumen de negocios mundial total correspondiente al ejercicio anterior.
La claridad y el rigor de estas sanciones no solo buscan disuadir las infracciones, sino también fomentar una cultura de cumplimiento y responsabilidad en el sector de la inteligencia artificial, asegurando que su desarrollo y uso beneficien a la sociedad en su conjunto
El régimen sancionador del RIA es un componente esencial para garantizar la efectividad del Reglamento de Inteligencia Artificial en la UE.
La estructura sancionadora, la clasificación de infracciones y las garantías procesales reflejan un esfuerzo significativo por parte de la UE para armonizar las normativas y asegurar un entorno regulatorio justo y efectivo en el ámbito de la inteligencia artificial.
Delgado justifica estas medidas argumentando que la Inteligencia Artificial tiene el potencial de transformar la sociedad de manera significativa, tanto en aspectos positivos como negativos. Por ello, opina que es esencial establecer barreras claras y firmes que protejan a los ciudadanos y aseguren que el desarrollo de la IA se alinee con los valores éticos y legales fundamentales.
«Este enfoque sancionador robusto y detallado es clave para mantener la confianza pública en el uso de la IA y para promover un desarrollo tecnológico responsable y sostenible en Europa», subraya Delgado.
La claridad y el rigor de estas sanciones no solo buscan disuadir las infracciones, sino también fomentar una cultura de cumplimiento y responsabilidad en el sector de la inteligencia artificial, asegurando que su desarrollo y uso beneficien a la sociedad en su conjunto.
SON TRES LOS REGÍMENES SANCIONADORES
De acuerdo con el magistrado, la RIA se articula en torno a tres regímenes sancionadores, recogidos en los artículos 99, 100 y 101 del Reglamento.
«Por una parte, está el régimen sancionador general, contemplado en el artículo 99, que establece que corresponde a los Estados de la Unión establecer sanciones efectivas, proporcionales y disuasorias para las infracciones cometidas por los operadores. Este artículo también destaca la necesidad de tener en cuenta las directrices emitidas por la Comisión Europea y las particularidades de las pequeñas y medianas empresas (pymes)», cuenta.
«Además, se subraya la importancia de adoptar medidas necesarias para garantizar la aplicación de estas sanciones, un aspecto que resalta el compromiso de la UE con la implementación efectiva del Reglamento».
Por otra parte, está «el régimen sancionador para la Administración de la UE, del artículo 100 del Reglamento, que tiene que ser aplicado a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, con competencias atribuidas al Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD)».
Y, por último, «el régimen sancionador para proveedores de modelos de IA de uso general del artículo 101, que se enfoca sobre en los proveedores de modelos de IA de uso general o con riesgo sistémico. La Comisión Europea es la autoridad competente para imponer multas que pueden llegar hasta el 3 % del volumen de negocios mundial total del proveedor. Esto resalta la intención de la UE de mantener una vigilancia estricta sobre los desarrolladores de IA, asegurando que cumplan con los estándares establecidos».
LAS SANCIONES LAS IMPONEN LAS AUTORIDADES NACIONALES
A juicio del magistrado, la RIA necesita de una normativa interna complementaria para su aplicación en España.
«Lo que dice la RIA es que las sanciones pueden ser impuestas por órganos jurisdiccionales nacionales competentes u otros organismos según lo establecido en la normativa interna que desarrolle cada estado miembro», explica.
En cualquier caso, los afectados tienen derecho a acceder a la justicia mediante un recurso judicial adecuado.
Este marco procesal es coherente con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que insisten en la necesidad de procedimientos que ofrezcan protección práctica y efectiva contra prácticas ilegales, asegura el magistrado.
En el caso de que la sancionada sea una entidad pública, la RIA deja a la elección del Estado que se imponga una sanción o que, por el contrario, se dicte una declaración pública de infracción.
El reciente capítulo del Reglamento de la inteligencia artificial, redactado por el magistrado Joaquín Delgado, ha causado un gran revuelo en el ámbito jurídico y tecnológico debido a la severidad de sus sanciones. Este documento establece un marco normativo robusto, diseñado para regular el uso y desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial (IA), y destaca por imponer algunas de las sanciones más estrictas hasta la fecha.
Sanciones más fuertes y su justificación
Entre las sanciones más destacadas se encuentra la imposición de multas millonarias que pueden llegar hasta el 6% de la facturación global anual de las empresas infractoras. Estas multas son aplicables en casos de violaciones graves, como la explotación indebida de datos sensibles o la implementación de sistemas de IA que pongan en peligro la seguridad pública. La magnitud de estas sanciones subraya la gravedad con la que se perciben las posibles amenazas de un uso inadecuado de la inteligencia artificial.
Además de las sanciones económicas, el reglamento también contempla la posibilidad de prohibir permanentemente la operación de determinadas aplicaciones de IA que no cumplan con los estándares éticos y de seguridad establecidos. Esta medida está dirigida específicamente a tecnologías que puedan infringir los derechos fundamentales de las personas, como sistemas de reconocimiento facial utilizados sin el debido consentimiento o mecanismos de vigilancia masiva que vulneren la privacidad individual.
Justificación de las sanciones
El magistrado también resalta la necesidad de un enfoque preventivo. «No podemos permitir que las innovaciones tecnológicas avancen sin control ni supervisión adecuada», afirma Delgado en el documento. «Las sanciones no son solo punitivas, sino también disuasorias. Queremos asegurarnos de que las empresas tecnológicas comprendan la seriedad de estos asuntos y actúen con responsabilidad desde el principio.»
Impacto en el sector tecnológico
El nuevo reglamento ha sido recibido con opiniones divididas. Mientras algunos expertos en tecnología consideran que estas sanciones podrían ralentizar la innovación y aumentar los costos operativos, otros aplauden la iniciativa por priorizar la ética y la seguridad en el desarrollo de la IA.
Empresas tecnológicas de todo el mundo están revisando sus políticas y prácticas para asegurarse de cumplir con las nuevas regulaciones. Este movimiento podría marcar el inicio de una era de mayor transparencia y responsabilidad en el sector, incentivando a las empresas a invertir más en seguridad y en la evaluación ética de sus tecnologías.
Conclusión
El capítulo del Reglamento de la inteligencia artificial elaborado por Joaquín Delgado marca un hito en la regulación tecnológica, estableciendo sanciones ejemplares que buscan prevenir abusos y fomentar un desarrollo responsable de la IA. Aunque las reacciones han sido mixtas, es indudable que este reglamento tendrá un impacto significativo en la forma en que se desarrollan y despliegan las tecnologías de inteligencia artificial en el futuro cercano.
