La Sección 17 de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid ha dictado un auto que, de facto, pone en línea recta hacia su próximo archivo a la querella presentada por la Asociación para la Defensa del Procurador (ADP) contra 16 miembros de la Junta Directiva del Colegio de Procuradores de Madrid en 2003.
La ADP acusa a todos ellos de los supuestos delitos de falsificación en documento público y prevaricación.
El tribunal de apelación, formado por los magistrados Jesús Fernández Entralgo, Manuel Regalado Valdés y Luz Almeida Castro, ha desestimado el recurso de apelación que la ADP había interpuesto contra el auto, de 3 mayo pasado, de la magistrada Belén Sánchez Hernández, titular del Juzgado de Instrucción 52 de Madrid, al que le correspondía la instrucción de la querella.
En dicho auto la magistrada Sánchez ordenaba el envío del caso en al Juzgado de Instrucción 30 de Madrid para su tramitación.
Consideró que los hechos que denunciaba la ADP eran, en esencia, los mismos por los que esa misma asociación acusó, en otra querella, al exdecano de los procuradores de Madrid, Antonio Álvarez-Buylla, y el exsecretario, Ramiro Reynolds Martínez. Querella que fue archivada en diciembre pasado.
El tribunal de apelación concluye que es los hechos de uno y otro caso son los mismos.
«Sí se produce coincidencia entre los hechos objeto de uno y otro procedimiento. A saber, la supuesta alteración falsaria del estatuto del Ilustre de Madrid, aprobado en el año 2003 y publicado en el año 2007», dice el tribunal.
«Si dicha alteración -insistimos hasta la saciedad- se produjo mediante certificación falsaria del texto o a través de cualquier otra alteración del mismo, es cuestión de dilucidar en el primero de los procedimientos incoar al efecto», añade en su texto legal.
EN SU ORIGEN, UN ERROR
La ADP afirma que en noviembre de 2003 la Junta General del Colegio de Procuradores de Madrid aprobó unos estatutos que no se corresponden con los que en 2007 publicó el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) en 2007.
La explicación que dieron Álvarez-Buylla y Reynolds Martínez sobre lo sucedido es que todo se debió a un error.
Porque mientras que al BCOM se envió una versión que difería con la definitiva, “la buena”, aprobada por la Junta General, fue publicada de inmediato en la web del Colegio sin ningún tipo de cambio.
El titular del Juzgado de Instrucción 30 archivó hasta tres veces la querella de la ADP, con el visto bueno del Ministerio Fiscal, y tres veces fue recurrida por esa asociación.
La decisión final de archivo le correspondió, en ese caso, al tribunal se la Sección Cuarta de lo Penal de esa misma Audiencia Provincial.
En esa ocasión la sala estuvo compuesta por los magistrados Ignacio Sánchez Yllera, Mario Pestana Pérez y José Joaquín Herás Ortiz, los cuales achacaron entonces, en su auto, a la ADP un “excesivo afán incriminatorio”.
La querella perjudicó gravemente a Álvarez-Buylla, que podría haberse convertido en vocal del Consejo General del Poder Judicial, como jurista de reconocido prestigio, tras la renuncia de Mercè Pigem.
El exdecano renunció a ocupar ese puesto por esa «espada de damocles» que pendía entonces sobre él.
Los 16 directivos de esta segunda querella, entre los que se encuentran Juan Carlos Estévez, entonces decano y ahora presidente del Consejo General de Procuradores, y Gabriel Maria de Diego Quevedo, actual decano del Colegio, formaban parte de aquella misma Junta Directiva, junto con Álvarez-Buylla y Reynolds Martínez.
«El Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid ha reiterado en todo momento su respeto y confianza en la Justicia, y ha manifestado la evidente persecución injustificada de la citada asociación que, con apenas siete miembros, se atribuye el carácter nacional contra los órganos rectores del colegio de Madrid. En el momento que haya resolución definitiva de archivo instará las acciones legales pertinentes por denuncia falsa, en aras a defender los intereses de la procura», dice un comunicado hecho público por el Colegio de Procuradores tras conocer el auto de las Sección 17 de lo Penal de la Audiencia Provincial, que tiene fecha de 22 de noviembre pasado.
